Gabriel Rufián, un sanchista de manual, ha decidido que ya no le basta con ser el portavoz de un partido independentista. Ahora quiere liderar la gran unión de la izquierda española. Y no como colaborador, no como aliado puntual, no como apoyo externo. No. Como referente. Como posible candidato a la presidencia del Gobierno de España. Le mola sustituir a Yolanda Díaz, con ministerio incluido.

Y es que la política española ha producido en los últimos años paradojas difíciles de explicar, pero pocas tan evidentes como la de Gabriel Rufián: un dirigente independentista que pretende proyectarse como referente en un marco político estatal. La contradicción no es menor. Quien ha construido su carrera denunciando la legitimidad del Estado al que pertenece aspira ahora a influir decisivamente en su gobernabilidad y en su rumbo preventing presentándose como actor responsable. El resultado no es síntesis política, sino incoherencia estratégica.

Rufián no ha abandonado el independentismo; tampoco ha explicado con claridad cómo se compatibiliza ese objetivo con la participación activa en la arquitectura política nacional. Esa ambigüedad puede servir en el corto plazo para maximizar influencia parlamentaria, pero erosiona la credibilidad en ambos frentes: en Cataluña se percibe como renuncia encubierta, mientras que en el resto de España genera desconfianza sobre sus verdaderas intenciones. Un líder que parece jugar en dos tableros simultáneamente termina siendo cuestionado en ambos.

Más problemático aún es el componente personalista de su estrategia. Rufián ha cultivado una imagen mediática basada en la confrontación verbal, el sarcasmo y el impacto inmediato. Ese estilo puede generar titulares, pero difícilmente construye liderazgo sólido. La política nacional exige capacidad de tejer consensos amplios, estabilidad discursiva y visión de largo plazo. Sin esas cualidades, el protagonismo se convierte en ruido.

Existe también una cuestión de legitimidad política. Liderar —o aspirar a liderar— un proyecto de ámbito estatal implica reconocer el marco común y trabajar para mejorarlo desde dentro. Cuando el punto de partida ideológico es la ruptura con ese mismo marco, el mensaje se vuelve contradictorio: ¿se quiere transformar el país o abandonarlo? Sin una respuesta clara, la percepción de oportunismo es inevitable.

El independentismo catalán ha vivido años de repliegue estratégico tras el choque institucional de 2017, y muchos de sus dirigentes han optado por el pragmatismo. Pero el pragmatismo sin narrativa coherente se interpreta como simple adaptación al poder disponible. Rufián parece moverse en esa zona gris: suficientemente radical en el discurso para no perder identidad, pero suficientemente pragmático en la práctica para mantener relevancia en Madrid. Esa equidistancia calculada puede ser eficaz tácticamente, pero debilita cualquier pretensión de liderazgo nacional serio.

Además, la política española atraviesa una fase en la que la ciudadanía demanda soluciones concretas a problemas materiales —vivienda, salarios, servicios públicos— más que gestos simbólicos. Un dirigente cuya notoriedad proviene sobre todo de intervenciones virales y choques dialécticos corre el riesgo de parecer desconectado de esas prioridades. La popularidad digital no sustituye a la confianza política.

Si Rufián quiere trascender su papel actual, deberá resolver la contradicción fundamental que define su figura: no se puede aspirar a encabezar un proyecto nacional mientras se cuestiona la propia existencia política de la nación en la que ese proyecto se inscribe. Hasta que no afronte esa incoherencia con claridad, su perfil seguirá siendo percibido —con razón— como el de un político más del sanchismo.