El flamante presidente de Perú, José María Balcázar, militante del partido marxista Perú Libre, volvió al centro de la polémica al reitetar sus declaraciones en defensa del matrimonio infantil y por relativizar las relaciones sexuales con menores de edad. Tras jurar el cargo como mandatario interino de la nación, hasta que se lleven a cabo las elecciones en julio, recobró actualidad un episodio que ocurrió en junio de 2023, durante el debate en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso sobre un dictamen orientado a eliminar y prohibir el matrimonio de menores en el Perú.

En esa sesión virtual, Balcázar sostuvo que el matrimonio en el país “se ha vuelto disfuncional” porque —según dijo— “hoy la gente no se casa” y predominan las uniones de hecho. A partir de esa premisa, cuestionó el objetivo de elevar la edad mínima legal para casarse y planteó un escenario que, en su argumento, debía “regularse” en lugar de prohibirse: adolescentes embarazadas desde los 14 años y parejas que conviven antes de los 18.

Lo más grave llegó cuando intentó justificar su postura apelando a una supuesta validación “estudiada” por la medicina legal. “Mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”, afirmó, insinuando que el problema no sería la edad sino únicamente la violencia explícita. Con ello, equiparó relaciones entre adultos y adolescentes con vínculos “sin conflicto”, e incluso mencionó —sin condena contundente— casos en los que “los padres venden a las chicas en la selva”, como si el fenómeno fuera un dato contextual y no un delito.

Las reacciones fueron inmediatas. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió un pronunciamiento rechazando las declaraciones por “insistir en normalizar las relaciones sexuales entre personas adultas con adolescentes en edad escolar”, y advirtió que estos hechos suelen encubrir violencia sexual y afectan el bienestar y los derechos fundamentales de niñas y adolescentes.

El 17 de febrero, Balcázar aseguró que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Sin embargo, la controversia persiste: sus frases no solo chocan con el objetivo de proteger a menores, sino que instalan la idea de que la “normalidad” social puede justificar prácticas que el Estado busca erradicar.