La democracia representativa se sostiene sobre el principio de que todo poder público debe responder ante la ciudadanía. La responsabilidad política no es una categoría accesoria, sino una condición de posibilidad de la legitimidad institucional. Desde la tradición liberal, el ejercicio del poder ha sido concebido como un mandato fiduciario otorgado por el pueblo, susceptible de revocación cuando se vulneran sus límites.

En este contexto, la responsabilidad política actúa como mecanismo de control que articula la relación entre gobernantes y gobernados, garantizando la sujeción del poder a la ley y a la voluntad popular.

El pensamiento contractualista proporcionó las bases normativas del principio de responsabilidad. En particular, John Locke (1690/1988) sostuvo que el poder político se ejerce en virtud de un consentimiento condicionado, lo que implica la obligación de los gobernantes de actuar conforme al bien público. Cuando este mandato se incumple, la legitimidad se debilita.

Con posterioridad, la teoría constitucional moderna consolidó la idea de que el poder requiere límites institucionales y mecanismos de control recíproco. La separación de poderes y el principio de, checks and balances, establecen que ningún órgano del Estado puede actuar sin supervisión.

La expansión de la transparencia y el acceso a la información pública han reforzado la exigencia de rendición de cuentas. La gobernanza moderna incorpora estándares internacionales de integridad y evaluación de políticas públicas.

Organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2017) han subrayado la importancia de la integridad pública, la prevención de conflictos de interés y la cultura organizacional ética como componentes esenciales de la confianza institucional.

Sin embargo, la mera existencia de normas no garantiza su eficacia. La responsabilidad política requiere una cultura democrática que internalice la exigencia de asumir consecuencias ante errores, negligencias o pérdida de confianza.

En las últimas décadas, diversas democracias han experimentado una erosión de la confianza ciudadana.

Escándalos de corrupción, polarización política y percepción de impunidad han debilitado el vínculo entre representantes y representados.

La responsabilidad política opera como mecanismo de regeneración democrática en la medida en que fortalece la legitimidad institucional. Cuando los ciudadanos perciben que existen consecuencias reales ante la mala gestión, se refuerza la credibilidad del sistema.

Fernando Grande-Marlaska

Fernando Grande-Marlaska, como ministro del Interior, ejerce la dirección política sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En ese marco competencial, cualquier controversia relativa a dispositivos operativos especiales, comúnmente denominados DAO, Dispositivos Especiales Operativos, quedan integrada dentro de su ámbito de responsabilidad jerárquica y funcional.

En términos constitucionales, el principio es claro: el ministro responde políticamente por la actuación de su departamento, incluso cuando no exista participación directa en decisiones técnicas concretas.

En conclusión, el debate sobre el caso Marlaska y el DAO no debe centrarse de forma exclusiva en la existencia o no de ilícitos, sino en el núcleo del principio democrático: quien ejerce autoridad política responde por la gestión de su departamento ante el Parlamento y la ciudadanía.

La responsabilidad política no presupone culpabilidad penal, pero sí exige transparencia, control efectivo y, en su caso, asunción de consecuencias cuando la confianza pública se ve comprometida.