ED.- La dimisión del DAO de la Policía Nacional, el número uno del Cuerpo a efectos operativos, investigado por violar a una subordinada y chantajearla para que silenciara los hechos, tendrá o no unas consecuencias penales, tras el oportuno proceso judicial, que debe celebrarse con todas las garantías que sus promotores en el Gobierno a menudo olvidan en tantos casos: defender la presunción de inocencia no es nunca un alegato en favor de una persona concreta, sino un acto de defensa elemental de un Estado de Derecho democrático.

Pero en el caso que nos ocupa, los indicios son muy sólidos e incluyen, al parecer, testimonios inculpatorios del propio afectado, sean sonoros o escritos, en los que él mismo reconoce la existencia de relaciones sexuales no consentidas y moviliza a subordinados para tratar de evitar que su supuesta víctima interpusiera una denuncia.

Su propia dimisión es elocuente, pues una cosa es retirarse dando explicaciones y con el razonable objetivo de no perjudicar a la Policía Nacional y otra, bien distinta, escapar apresuradamente de la escena para quitarse del foco en la medida de lo posible, alimentando con ello la insólita sensación de que el Cuerpo ha tenido al frente a un delincuente.

Sobre el investigado, en fin, se saldrá de dudas cuando la querellante presente las pruebas que dice tener y las partes aleguen en el juicio lo que estimen oportuno antes de que un tribunal dicte su oportuna sentencia, sustentada en razonamientos jurídicos y encajada en el Código Penal vigente.

Pero más allá de la deriva penal del asunto, tiene otra política indudable y de inmensa gravedad. Porque el DAO es un puesto de confianza y designación libre del Ministerio del Interior, en el que prevalece la sintonía con el Gobierno sobre la competencia profesional, tal y como señalan sistemáticamente los distintos sindicatos del sector.

Porque, además, en este caso, Marlaska estiró la ley para prolongar el mandato del hoy investigado más allá de lo razonable, sirviéndose de un decreto relativo a la Dana para evitar su relevo. Y porque, además, es fundada la escandalosa sospecha de que una vez conocidos los hechos no se procedió a actuar, algo que solo ha ocurrido, una vez más, cuando han llegado al espacio público.

Las preguntas son oportunas para Marlaska, pues, y las repuestas han de ser urgentes. ¿Cuándo conoció que una agente de la Policía estaba de baja por agresión sexual? ¿Y en qué momento conoció el origen de ese suceso y la presunta participación en él de su hombre de confianza? La única respuesta que no puede dar Marlaska, como hizo ayer en las Cortes en la sesión de control al Gobierno, es poner en manos de la víctima la responsabilidad última sobre su posible dimisión. A las víctimas se les protege, no se les acogota.

El PSOE tiene ya una larga trayectoria de encubrimientos de agresiones sexuales entre dirigentes muy cercanos a su cúpula y éste puede ser un nuevo episodio de ello, especialmente grave por la posición del afectado, un escudero político de Interior que, entre otros excesos, le ha secundado en su discurso falaz de que la delincuencia se ha reducido en España, obviando el espectacular crecimiento de los delitos más graves. Quizá para trabajos así le mantuvieron, incluso a sabiendas de las repugnantes circunstancias que le rodeaban.