El abogado de la mujer que denunció al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por agresión sexual, Jorge Piedrafita, ha asegurado que la víctima se ha sentido “decepcionada” y ha expresado su confianza en que “el ministro (Fernando Grande-Marlaska) la proteja adecuadamente”.

Así lo ha manifestado en una entrevista en Telecinco al ser preguntado por las declaraciones de Grande-Marlaska en el Congreso de los Diputados en las que se ha comprometido a dimitir si la víctima dice “que no se ha sentido protegida o ha entendido que (este ministro) le ha fallado en algún sentido”.

Según el abogado, la víctima “se ha sentido decepcionada” porque “lo que esperaba es que el ministro cesara a esta persona”.

José Ángel González presentó su dimisión en la tarde del martes tras haber sido citado como investigado por un supuesta agresión sexual cometida contra su subordinada.

El ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha afirmado en Antena 3 que renunció al cargo “automáticamente” cuando conoció la querella por agresión sexual presentada contra él. “En el momento en que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones”, ha afirmado el comisario.

Lo que sí ha admitido el abogado es que desde que en el día de ayer la subdirectora general de la Policía, Gemma Barraso, habló con la víctima “la trataron bien, con tacto”. “A partir de ahí iremos viendo que protección hace el ministerio que ha sido lo que yo le he pedido, espero que este ministro la proteja adecuadamente”, ha añadido Piedrafita.

En una entrevista en Aragón Radio, el abogado ha confirmado que no informaron del caso al Ministerio del Interior hasta este mismo martes, tal y como ha afirmado el ministro, Fernando Grande-Marlaska, y ha asegurado que les están llegando “rumores” de que este no sea “un hecho aislado” y de la posibilidad de que haya otras mujeres víctimas, a las que ha pedido “que sean valientes”, a pesar de que es un proceso “muy duro”, porque “estas cosas se tienen que saber y, bajo ningún concepto, permitirse en un cuerpo policial”.

Según ha indicado, la víctima se encuentra “muy mal”, especialmente tras hacerse pública la denuncia. “Si ya estaba mal, con todo este tsunami mediático, la repercusión que ha tenido y los múltiples ataques que está recibiendo sobre su intimidad y sobre cosas que no vienen al caso, ella y su entorno están sufriendo cada vez más”.

En concreto, la denuncia la presentaron el pasado 9 de enero en los juzgados de plaza de Castilla y, desde entonces, “ha seguido su circuito” hasta que ha llegado al juez de violencia contra la mujer. “Yo ya desconozco si desde que esto entró en el juzgado el ministro podía haberlo sabido o no haberlo sabido”, ha subrayado, a lo que ha sumado que los juzgados están “como un auténtico campo de guerra, con desorganización, ineficiencia y falta de medios” debido a la Ley Bolaños.

El letrado ha señalado que los hechos que se denuncian sucedieron el 23 de abril, que es cuando la víctima estaba prestando sus servicios como agente de Policía y recibió la orden del DAO de que acudiese al lugar donde estaba comiendo, lo llevara a su residencia oficial y, a continuación, le manda subir “porque tenía que hablar con ella de una cuestión que no puede escucharse en vía pública”.

Es ya dentro del domicilio cuando el jefe policial “intenta forzarla” de distintas maneras, también “violentamente, rasgándole la ropa”.

Incluso después de que esta agente consiguiera zafarse y huir del lugar, tras “bastantes minutos de forcejeo y de resistencia”, el presunto agresor la sigue “presionando” y “recriminando su actitud”, por medio también de su mano derecha, el comisario Óscar San Juan.

“Sigue la presión y, para que sobre todo ella no denuncie, se le llega a ofrecer que pida el destino que quiera en la Policía”, ha explicado Piedrafita, quien ha afirmado que es en este momento cuando “la víctima explota psicológicamente”, “tiene que ser atendida” y, de hecho, sigue aún en un “proceso de recuperación”.

Cuando la víctima “reúne un poco más de fuerzas y se siente mejor”, es cuando el equipo jurídico se pone a trabajar en el caso durante “muchos meses” y “con discreción”, con el objetivo de “armar una buena querella que fuera directamente al juzgado sin interferencias policiales, para dejarla admitida como así ha sido”.

En cuanto al hecho de que el exDAO esté también acusado como supuesto autor de un delito de malversación, el letrado ha indicado que se valió de su autoridad para ordenar a esta funcionaria para atender “su apetecimiento particular” con un vehículo oficial y para que subiera a una vivienda que es propiedad del Ministerio, por lo que entienden que se produjo “uso de medios públicos para finalidades que no son el servicio público”.

“Se dirige principalmente contra José Ángel González porque es el principal autor de los hechos más graves y que tenemos acreditados, pero en el transcurso de la instrucción, evidentemente, el comisario Óscar San Juan, que es el brazo ejecutor del DAO y ha tenido una participación activa en los hechos, tendrá que dar su versión y explicar”, ha añadido, a lo que ha sumado que el juez deberá valorar también si tienen algún tipo de responsabilidad penal el chófer u otras personas dentro del Cuerpo que pudieran haber colaborado en estas acciones.

GRITOS DE “DIMISIÓN” EN EL CONGRESO Y EL DECONOCIMIENTO DE MARLASKA

El Ministerio del Interior ha defendido este miércoles que, nada más conocer este martes la gravedad de los hechos denunciados sobre una agresión sexual cometida presuntamente por José Ángel González, el número dos de la Policía Nacional, le requirieron su renuncia al cargo, al tiempo que se ha suspendido de sus funciones al comisario de su máxima confianza.

A los periodistas, Fernando Grande-Marlaska les ha revelado sentirse “decepcionado” con el que fuera su cargo de confianza, al que, además, en noviembre de 2024 le prorrogaron excepcionalmente su jubilación, una medida que el Gobierno incluyó en el decreto de ayudas para los afectados por la Dana.

El ministro ha negado tajantemente que conociera la denuncia con anterioridad y que no fue hasta ayer, leída ya la querella, cuando adoptaron “la única decisión posible”. De hecho, ha esgrimido que el propio abogado de la denunciante ha dejado claro que han mantenido “en secreto” la querella hasta ayer.

Marlaska ha avanzado que, tras analizar la denuncia completa y después de la dimisión del director adjunto, también ha sido suspendido el comisario Óscar San Juan, persona de máxima confianza del DAO y que, según la denuncia, coaccionó a la denunciante para que no se querellara.

Entre gritos de “dimisión, dimisión” en la bancada del Grupo Popular, Marlaska ha respondido así en el pleno del Congreso a la diputada del PP Miriam Guardiola.

“De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima”, ha insistido el ministro, que ha retado al PP a repetir fuera del hemiciclo sus afirmaciones de que él conocía los hechos y no actuó, porque, ha advertido, “nos veremos en otras instancias”.

Desde Nueva Delhi, en el marco de su visita oficial a la India, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado la actuación de Interior por ser “empática” con la víctima al dar credibilidad a su denuncia y por actuar con “contundencia” y con “coherencia”, porque siempre ha considerado la violencia sexual un “mal estructural”.

La denuncia en manos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid relata que la agente mantuvo en el pasado una “relación de afectividad” con el ya ex-DAO y que en abril del pasado año fue presionada para acudir a la vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior, donde fue agredida sexualmente.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las “negativas inequívocas, claras y persistentes” de la agente, alude a la “violencia física” y a la “intimidación ambiental”, y denuncia la “situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental”.

El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha reunido este miércoles a la cúpula policial para analizar el impacto de lo ocurrido y los próximos pasos.

De momento, el puesto lo asume temporalmente la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso.

Precisamente fue a ella a quien, según la querella, comunicó la víctima en julio de 2025 “que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental”, por lo que se puso a su disposición un equipo de apoyo psicosocial, que le está prestando asistencia mientras se encuentra de baja laboral con el armamento retirado.