Alcalá de Henares veta el acceso a edificios municipales con el rostro cubierto, como con el niqab o el burka
El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado este martes una moción presentada por Vox para prohibir el acceso a dependencias municipales cuando se oculte el rostro de forma integral, como sucede con prendas como el niqab o el burka.
La iniciativa ha salido adelante con el respaldo del Gobierno municipal que preside la alcaldesa Judith Piquet (PP). Según han trasladado fuentes municipales, la decisión se enmarca en las competencias de los ayuntamientos para “regular el funcionamiento interno de sus instalaciones y garantizar la seguridad jurídica y administrativa en los servicios públicos”.
La nueva regulación establece que, para acceder a edificios municipales, deberá ser posible identificar visualmente el rostro cuando resulte necesario comprobar la identidad de la persona. El objetivo, según el Consistorio, es prevenir suplantaciones, proteger datos personales y reforzar la seguridad tanto de los usuarios como de los empleados públicos.
El acuerdo aprobado no menciona ninguna confesión concreta ni se apoya en criterios ideológicos o culturales. Se centra, exclusivamente, en la imposibilidad de permitir el acceso cuando exista una ocultación integral o sustancial del rostro, independientemente del origen o significado de la prenda.
Quedan fuera de esta regulación los casos debidamente acreditados por razones médicas, de salud pública o por exigencias de seguridad laboral.
La medida se limita únicamente a las dependencias municipales y no se extiende a la vía pública, ámbito en el que el Ayuntamiento no tiene competencias para imponer restricciones generales sobre la vestimenta.
El acuerdo se ampara en los artículos 10.1, 14 y 103.1 de la Constitución Española, así como en los artículos 25.2 y 84 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que reconocen la potestad municipal en materia de autoorganización, seguridad y gestión de instalaciones públicas.
Desde el Ejecutivo local han subrayado que la norma deberá desarrollarse a través de un reglamento o instrucción interna que redactarán los servicios jurídicos municipales. Además, han insistido en que la regulación responde a criterios de objetividad y neutralidad administrativa y que su finalidad es “garantizar el normal desenvolvimiento del servicio público, la igualdad en el acceso y la seguridad jurídica en los trámites presenciales”.
El texto aprobado será objeto de la correspondiente publicidad en los accesos y dependencias municipales. “Con esta medida, el Gobierno municipal reafirma su compromiso con la seguridad, la convivencia y el correcto funcionamiento de las instituciones locales al servicio de todos los vecinos de Alcalá de Henares”, han señalado desde el Ayuntamiento.
