Afganistán se consolida como el único país donde la violencia contra la mujer no es solo tolerada: es política de Estado. (X/Archivo)

En enero de 2026, el régimen talibán dio un paso más en su proyecto de ingeniería social: aprobó un nuevo Código de Procedimiento Penal y un Código Penal que, lejos de impartir justicia, consagran jurídicamente la subordinación absoluta de la mujer. El texto no fue presentado públicamente; trascendió tras la filtración de una copia en pastún difundida por una organización humanitaria y luego traducida al inglés. Esa opacidad no es un detalle administrativo: es parte de una estrategia deliberada para normalizar el abuso sin escrutinio.

De acuerdo con información extraída por The Jerusalem Post, en el artículo 32, «Si un esposo golpea a su esposa con violencia excesiva resultando en fractura, lesiones, o la aparición de moretones en su cuerpo, y la esposa prueba su reclamo ante el juez, el esposo es considerado un criminal; el juez deberá sentenciarlo a quince días de prisión», mientras que bajo el Artículo 70, aquellos que hagan pelear a los animales pueden recibir una sentencia de cinco meses.

Mientras tanto, en el artículo 34 regula la movilidad femenina con una crudeza que recuerda a sistemas esclavistas. Establece que una mujer puede ser encarcelada hasta tres meses por permanecer en la casa de su familia sin permiso del marido o sin “motivo justificado por la Sharia”. Si sus familiares se niegan a devolverla al hogar conyugal, también pueden ser castigados. En los hechos, la mujer casada deja de ser sujeto de derecho para convertirse en objeto bajo custodia masculina.

Pero el retroceso no se limita a la movilidad. El nuevo Código Penal elimina el delito de violencia intrafamiliar y otorga cobertura legal al “castigo correctivo” dentro del hogar. La agresión física deja de ser perseguible si el agresor invoca una justificación moral o religiosa. Se institucionaliza así la impunidad: el Estado abdica de su deber de proteger y se transforma en garante del abuso.

El sistema judicial, purgado de juezas, fiscales y abogadas, agrava el cuadro. Las mujeres deben comparecer ante tribunales integrados exclusivamente por clérigos alineados con la interpretación más restrictiva del régimen. Denunciar puede significar exponerse a acusaciones de “conducta inmoral” o “adulterio”. La llamada “Policía de la Moral” dispone de amplios márgenes para castigar en la vía pública cualquier infracción estética o de comportamiento.

La promesa de unos “nuevos talibanes” moderados quedó definitivamente sepultada. Afganistán se consolida como el único país donde la violencia contra la mujer no es solo tolerada: es política de Estado. Mientras la comunidad internacional debate sanciones y emite comunicados, millones de afganas enfrentan una realidad en la que la ley ya no es refugio, sino herramienta de sometimiento.

No se trata de tradición ni de cultura. Se trata de poder. Y el poder, cuando se escribe en el Código Penal para anular a la mitad de la población, deja de ser gobierno para convertirse en tiranía.