En la historia de Europa, la figura del rey ha oscilado entre el poder efectivo y la función simbólica. Algunos monarcas entendieron la Corona como un destino trágico; otros la asumieron como un cómodo ejercicio de representación. El dilema no es nuevo. Lo verdaderamente nuevo es la sensación creciente de que la institución, en España, navega hoy entre la irrelevancia y la prudencia extrema.

Cuando Felipe VI juró la Constitución en 2014, prometió “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes” y “desempeñar fielmente sus funciones”. El juramento no es retórica: es el núcleo de la legitimidad de una monarquía parlamentaria. Ahora bien, ¿qué significa “desempeñar fielmente” cuando el país atraviesa tensiones territoriales, desgaste institucional y una polarización política persistente?

La Corona española, a diferencia de las monarquías absolutas, no gobierna. Desde la Constitución de 1978, reina pero no dirige la acción ejecutiva. Sin embargo, el rey no es una figura decorativa. Su función arbitral y moderadora —artículo 56— no está pensada para el silencio permanente, sino para ejercer influencia moral y estabilidad institucional.

Históricamente, cuando los reyes se enfrentaron al poder político, el resultado fue decisivo. Carlos I de Inglaterra desafió al Parlamento y terminó en el cadalso.

Luis XVI dudó entre la reforma y la resistencia, y acabó arrastrado por la Revolución. En España, Fernando VII abolió la Constitución de Cádiz y encendió décadas de inestabilidad. Más cerca en el tiempo, Alfonso XIII optó por respaldar una dictadura militar y terminó en el exilio.

La lección es clara: cuando el rey gobierna contra la realidad política, cae; cuando se confunde con una facción, se desgasta; cuando se vuelve irrelevante, se diluye.

También hay ejemplos distintos. Juan Carlos I, con luces y sombras en su trayectoria personal, asumió en 1981 una intervención pública decisiva ante el intento de golpe de Estado. Aquel gesto consolidó durante décadas la legitimidad de la institución. Fue un momento en el que la Corona actuó como ancla constitucional visible.

Hoy, muchos ciudadanos —monárquicos incluidos— se preguntan si la prudencia de la Casa Real es virtud estratégica o síntoma de excesiva contención. En un contexto de desafección política, dificultades económicas y percepción de deterioro institucional, el silencio puede interpretarse como neutralidad… o como distancia.

La historia enseña que los tronos no se sostienen únicamente por la ley, sino por la percepción de utilidad pública. Las monarquías europeas que han sobrevivido —Reino Unido, Países Bajos, Bélgica— lo han hecho adaptándose a una función simbólica robusta, no polémica pero sí presente. Cuando la Corona pierde conexión emocional con su pueblo, comienza su desgaste silencioso.

La izquierda republicana lleva décadas cuestionando la institución. Eso forma parte del pluralismo democrático. Pero el mayor riesgo para la monarquía no es la crítica ideológica, sino la indiferencia de quienes antes la defendían convencidos.

El debate no es si el rey debe gobernar —no puede ni debe hacerlo—, sino si debe ejercer con mayor intensidad su papel moral, pedagógico y cohesionador. La Constitución no le otorga poder ejecutivo, pero sí autoridad institucional. Y esa autoridad, cuando no se percibe, se erosiona.

España no necesita un “rey caudillo”, como pedía mi admirado Blas Piñar ; necesita instituciones que funcionen, separación de poderes real y responsabilidad política efectiva. El siglo XXI no admite regresiones a modelos personalistas de mando. Pero tampoco admite que las jefaturas del Estado se limiten a la estética protocolaria.

La pregunta, entonces, no es si el rey es valiente o cobarde. La pregunta es si la monarquía parlamentaria está cumpliendo la función para la que fue restaurada en 1978: servir como punto de encuentro cuando la política divide.

La Corona no puede sustituir al Gobierno ni al Parlamento. Pero tampoco puede limitarse a observar. Entre el intervencionismo y la irrelevancia existe un espacio de liderazgo institucional que exige presencia, claridad y compromiso inequívoco con todos los ciudadanos.
Porque en democracia, incluso los símbolos deben justificar su existencia.
Y la historia demuestra que ninguna institución, por antigua que sea, sobrevive si deja de ser sentida como necesaria.