Gabriela Moreno.- El ingreso de al menos 5000 millones de dólares anuales que percibe el régimen castrista, por el servicio de delegaciones de médicos cubanos en el extranjero, comienza a tambalearse. Este negocio con gobiernos aliados que acumula numerosas denuncias por trabajo forzoso, censura y estafa, tras el despliegue de 24000 profesionales de la salud en 56 países, se contrae con la revocación de siete contratos en menos de un año.

Guyana al igual que San Vicente y las Granadinas fueron los últimos países que anunciaron la suspensión de los convenios con La Habana, de acuerdo con información recabada por 14 y Medio. A su vez, el sitio web también indica que los Estados argumentan que «ya no es necesario» el trato, que incluía el envío de especialistas a sus territorios.

En concreto, el ministro de Salud de Guyana, Frank Anthony, confirmó que el acuerdo bilateral firmado con Cuba desde 2023 resulta prescindible, porque están llegando médicos desde la isla a Guyana de manera independiente.
Cambio de relato

Ahora, cualquiera será contratado bajo las mismas condiciones que un médico guyanés, porque el país tiene leyes laborales que permiten la contratación de extranjeros y el pago por sus servicios de manera particular. ¿Acaso no lo sabían?

El gobierno de San Vicente y las Granadinas también decidió apostar por la ejecución de un plan de transición de tres años para sustituir de forma progresiva a los médicos cubanos, con el fin de fortalecer la contratación de personal nacional. En ese sentido, el primer ministro, Godwin Friday, reconoció que los doctores enviados por la dictadura castrista enfrentan barreras idiomáticas y el Ejecutivo asume costos adicionales asociados al mantenimiento de ayuda extranjera. ¿No lo estimaron a la hora de firmar o lo ignoraron de forma consciente?

Argumentos débiles

Ambas naciones esquivan las respuestas en sus comunicados,donde anuncian la misma disposición que esta semana hizo pública el gobierno de Guatemala, al confirmar el finiquito del convenio iniciado con Cuba desde el huracán Mitch, ocurrido en 1998, que facilitó el arribo a la nación centroamericana de 412 profesionales de la salud, incluidos 333 médicos.

Aunque la contratación se estimó hasta 2027, un «análisis técnico» arrojó que los especialistas en oftalmología, pediatría, epidemiología y medicina interna de la isla —distribuidos en 16 de los 22 departamentos del Guatemala— podían sustituirse por personal local. Eso alegó el Ejecutivo de Bernardo Arévalo.

Con una versión similar, Paraguay suspendió en abril el memorando de cooperación de salud acordado con el régimen castrista un año antes. Dos meses después, en junio, el gobierno de Bahamas canceló los contratos médicos con La Habana con la promesa de establecer una relación laboral directa con los especialistas.

Sin embargo, la revocación más dura de la dictadura castrista ha sido la emitida por Antigua y Barbuda en diciembre, después de 25 años de «cooperación médica». El primer ministro , Gaston Browne, rompió la alianza que mantenía a 72 galenos cubanos en la nación insular. Si bien defendió a las brigadas cubanas reconoció que priorizaban la relación con Estados Unidos, para evitar restricciones o sanciones comerciales.

Menos tensiones con EE. UU.

Browne pactó la sustitución con Ghana, dejando claro que desestimar la intermediación estatal cubana y optar por contratar directamente a los profesionales médicos reduce las posibilidades de tensiones con Washington, luego de que el gobierno de Donald Trump calificara a las misiones médicas cubanas como un negocio de “trata de personas”.

La continuidad tendría consecuencias, entre ellas, las restricciones de visados a altos funcionarios como las impuestas a figuras gubernamentales de Brasil y de Granada por «su complicidad en el plan de misiones médicas del régimen» de Cuba. En el caso de Brasil, el Departamento de Estado revocó las visas a funcionarios vinculados al programa Mais Medicos (Más Médicos) como Mozart Julio Tabosa Sales, secretario del Ministerio de Salud brasileño, y a Alberto Kleiman, exfuncionario gubernamental por desempeñar «un papel en la planificación y ejecución» en el programa.