La inmigración masiva se ha convertido en uno de los temas más incómodos para la izquierda contemporánea. El aumento sostenido de los flujos migratorios, combinado con contextos de precarización económica y crisis de los servicios públicos, ha expuesto una contradicción que la izquierda aún no ha sabido resolver del todo.

El problema no es la inmigración en sí, sino la inmigración masiva en un sistema económico que genera escasez y competencia entre los de abajo. En la práctica, la llegada de grandes contingentes de trabajadores dispuestos —o forzados— a aceptar salarios más bajos presiona a la baja el mercado laboral, especialmente en los sectores menos cualificados. Esto afecta directamente a la base social tradicional de la izquierda: trabajadores con pocos recursos, jóvenes precarizados y clases populares urbanas.

Aquí surge la paradoja. Mientras las élites económicas se benefician de una mano de obra abundante y barata, la izquierda institucional suele responder con un discurso predominantemente moral, centrado en la acogida y la diversidad, pero sin ofrecer soluciones materiales creíbles a quienes sienten que pierden empleo, salario o acceso a vivienda. El resultado es un desajuste entre el discurso progresista y la experiencia cotidiana de muchos votantes, que perciben que sus problemas son minimizados o directamente etiquetados como prejuicios.

Un punto crítico es la vivienda y los servicios públicos. En ciudades con mercados inmobiliarios tensionados, la inmigración masiva incrementa la demanda en un contexto de oferta limitada, elevando los precios y agravando la exclusión. Defender la inmigración sin acompañarla de una expansión ambiciosa de vivienda pública, sanidad y educación es políticamente insostenible. La izquierda promete derechos universales, pero muchas veces gestiona escasez, lo que convierte a distintos grupos vulnerables en competidores entre sí.

Además, existe un miedo evidente a abrir el debate. Cualquier cuestionamiento a la inmigración masiva suele ser rápidamente asociado con la extrema derecha, lo que bloquea una discusión honesta sobre límites, ritmos y capacidades de integración. Este silencio estratégico ha sido un regalo para los movimientos identitarios, que sí hablan del tema y capitalizan el malestar social.

En lugar de impulsar una expansión masiva de vivienda pública, servicios sociales y políticas de integración reales, la izquierda administra escasez y finge sorpresa cuando surgen tensiones. Luego moraliza el conflicto: si hay malestar, debe ser racismo; si hay rechazo, debe ser ignorancia. Esta lectura simplista no solo infantiliza a la clase trabajadora, sino que rompe cualquier posibilidad de construir solidaridad real entre personas que, objetivamente, están siendo empujadas a competir por recursos limitados.

El resultado es devastador: pérdida de credibilidad, fuga de votantes y un discurso progresista que ya no convence ni a quienes dice defender. La izquierda se ha vuelto incapaz de decir una verdad básica: sin planificación, sin límites y sin políticas materiales fuertes, la inmigración masiva beneficia a las élites y divide a los de abajo.

Si la izquierda quiere sobrevivir políticamente, necesita abandonar el dogma y enfrentar el conflicto. Defender a los inmigrantes no puede significar sacrificar a la clase trabajadora ni negar la realidad. Hacerlo no es humanismo; es irresponsabilidad. Y mientras siga confundiendo virtud con negación, seguirá perdiendo terreno frente a quienes, con respuestas simples y odio explícito, llenan el vacío que ella misma ha creado.