Este domingo, día 8 de febrero de 2026, los aragoneses decidieron de forma inequívoca que desean ser gobernados por el bloque de derechas conformado por el Partido Popular y Vox, obligados ahora a entenderse para articular un nuevo Gobierno autonómico.
La jornada electoral dejó cifras claras: el Partido Popular obtuvo 26 escaños, y Vox alcanzó 14, convirtiéndose ambos en las fuerzas más votadas en Aragón. Frente a ellos, el PSOE se quedó en 18, y la izquierda extraparlamentaria —como IU-Movimento Sumar y otros— apenas logró representación. Pero más allá de los números, lo verdaderamente relevante es que centenares de miles de personas —ciudadanos, trabajadores, jubilados, jóvenes, ricos y pobres— depositaron en la urna la papeleta que libremente decidieron, dando un mandato claro al bloque de derechas.

Sin embargo, ya desde primera hora de la noche electoral, numerosos medios de comunicación —que yo personalmente no dudaría en calificar de mercenarios ideológicos— han dedicado buena parte de su cobertura a insinuar, exagerar y hasta demonizar el papel de Vox. Palabras como “ultraderecha”, “peligro para la democracia” o “amenaza” se han repetido sin descanso en titulares y tertulias. El PP, por su parte, ha sido objeto de descalificaciones por “pactar con Vox” casi como si se tratara de una traición a la propia idea de España.

Esta actitud no es nueva: cuando los resultados no les favorecen, la respuesta de cierto periodismo afín a la izquierda no es analizar los datos o respetar la voluntad popular, sino atacar a todo lo que no se ajuste a su narrativa, sembrar miedo y, sobre todo, intentar desacreditar a millones de ciudadanos que han optado por una alternativa distinta. El miedo a perder influencia, la incapacidad de asumir un revés democrático y el rechazo visceral a aceptar que otros piensan y votan distinto están poniendo de manifiesto un problema grave en parte del ecosistema mediático.

Porque hay un detalle que parece escapárseles a quienes abanderan este discurso confrontativo: las personas que votan a PP o a Vox son ciudadanos españoles, con vidas, familias, trabajos, sueños y preocupaciones, exactamente igual que quienes votan a la izquierda. No son etiquetas ni caricaturas, ni “extremistas peligrosos” con un único pensamiento homogéneo. Son personas. Y su decisión merece respeto y reconocimiento, aunque no esté en consonancia con la ideología de ciertos medios o comentaristas.

¿Se imaginan que, tras una derrota de la izquierda, los mismos medios hubieran reaccionado de esta manera si hubieran sido ellos los vencedores? La historia reciente demuestra que la derecha española siempre ha defendido el espíritu democrático, aceptando resultados adversos y respetando las reglas del juego político incluso cuando no le son favorables. Y es precisamente ese respeto intrínseco por las instituciones y por el conjunto de los españoles lo que debería guiar el análisis de estos resultados —y no un ataque a quienes han decidido ejercer su derecho al voto.

Hablar de democracia es, ante todo, hablar de respeto por la pluralidad de opiniones y por la voluntad popular expresada en las urnas. Criticar, analizar o debatir está en el corazón del periodismo y de la vida política; menospreciar, ridiculizar o estigmatizar a quienes piensan distinto no lo está.

Si algo han demostrado ayer los aragoneses es que, en una democracia sana, todas las voces cuentan. Y merecen —sí, merecen— que se las respete, se esté o no de acuerdo con ellas.