Rafa Gómez-Santos Martín.- El Gobierno de Estados Unidos ha puesto bajo investigación federal a Nike Inc. por posibles prácticas de discriminación laboral contra empleados y solicitantes blancos, una decisión que sacude tanto al mundo corporativo como al debate político nacional. La actuación parte de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), la agencia encargada de hacer cumplir las leyes federales contra la discriminación en el trabajo.

La investigación se centra en las políticas internas de diversidad, equidad e inclusión, conocidas como DEI, implantadas por la multinacional en los últimos años. Según la EEOC, existen indicios suficientes para analizar si estos programas derivaron en un trato desigual basado en criterios raciales, algo expresamente prohibido por la legislación estadounidense.

Para avanzar en el proceso, la agencia ha solicitado la intervención de un tribunal federal con el objetivo de obligar a Nike a entregar documentación interna clave. Entre ella figuran datos sobre contrataciones, ascensos, despidos y programas de formación desde 2018. El propósito es determinar si se establecieron prioridades raciales que perjudicaron a trabajadores blancos en favor de objetivos ideológicos ajenos al principio de igualdad ante la ley.

El caso se desarrolla bajo la administración del presidente Donald Trump, que ha reiterado que la ley debe aplicarse sin excepciones ni reinterpretaciones políticas. El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 protege a todos los ciudadanos frente a la discriminación racial, sin jerarquías morales ni categorías artificiales, una realidad jurídica que choca frontalmente con el discurso progresista dominante.

Nike, con sede en Oregón, ha respondido afirmando que ha cooperado con la EEOC y que sus prácticas cumplen la normativa vigente. Sin embargo, el hecho de que la agencia haya tenido que recurrir a los tribunales para exigir más información demuestra que considera insuficiente la colaboración prestada hasta el momento.

Más allá del nombre de la empresa, la investigación marca un punto de inflexión. Durante años, grandes corporaciones asumieron sin cuestionamientos programas DEI impulsados por la presión política, mediática y activista, convencidas de que nadie se atrevería a someterlos al escrutinio legal. Ese escenario empieza a cambiar.

La izquierda necesita dividir a la sociedad, confundir conceptos básicos y sustituir el mérito por la ideología para sostener su poder cultural. Cuando el Estado de Derecho reaparece y exige igualdad real ante la ley, el castillo de consignas se resquebraja. Sin orden, sin responsabilidad y sin reglas claras, no hay justicia, solo privilegios maquillados de virtud.