Pilar Alegría apoya que se premie la inmigración ilegal: La candidata socialista, a favor del cambio demográfico en Aragón
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, cenando con el presunto acosador sexual Paco Salazar (Foto: Artículo 14)
La candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha expresado su apoyo a la regularización masiva de inmigrantes.
Las manifestaciones de Alegría no es solo una mala decisión política: es una demostración alarmante de irresponsabilidad institucional. Bajo una retórica buenista y vacía, la candidata sanchista opta por la solución más fácil y más dañina: rendirse ante el problema y maquillar el fracaso de su política migratoria con un titular ideológico.
Regularizar de forma masiva a quienes han entrado ilegalmente en España equivale, lisa y llanamente, a premiar el incumplimiento de la ley. No es solidaridad, es capitulación. Y cuando un Estado transmite que violar sus normas tiene recompensa, lo que hace es dinamitar su propia credibilidad. Pilar Alegría, al apoyar esta medida, legitima un modelo en el que la legalidad es opcional y la frontera, simbólica.
El efecto llamada no es una teoría, es una evidencia. Cada regularización masiva envía un mensaje claro a las mafias y a los flujos migratorios irregulares: “Entrad como sea, que luego el Gobierno arreglará los papeles”. El resultado es más presión en las fronteras, más caos administrativo y más personas atrapadas en la precariedad, justo lo contrario de lo que dicen defender.
Mientras tanto, los servicios públicos colapsan. Vivienda imposible, sanidad saturada, aulas desbordadas y ayudas sociales cada vez más escasas. El Gobierno, con Pilar Alegría como portavoz entusiasta de estas políticas, actúa como si los recursos fueran infinitos y la capacidad del Estado, elástica. No lo es. Quienes pagan las consecuencias son los trabajadores, las clases medias y los más vulnerables, españoles e inmigrantes legales por igual.
La regularización masiva tampoco es integración: es abandono. Sin exigir formación, empleo, idioma ni respeto a las normas comunes, se condena a miles de personas a vivir en los márgenes, alimentando guetos, economía sumergida y tensiones sociales. Pero de eso no se habla, porque exige esfuerzo, control y decisiones impopulares.
Y hay una injusticia flagrante que el discurso oficial ignora: los inmigrantes que han cumplido la ley. Personas que han esperado años, que han pasado filtros, que han demostrado arraigo y medios. ¿Qué se les dice ahora? ¿Que cumplir las normas fue de ingenuos?
La postura de Pilar Alegría no es progresista ni humanitaria: es cortoplacista, electoralista y profundamente irresponsable. Aragón, como el resto de España, necesitan una política migratoria seria, firme y ordenada, no gestos ideológicos que convierten el problema en estructural. Regularizar masivamente no es gobernar: es rendirse.
