La insostenible situación política del sanchismo instalado en el gobierno se puso de manifiesto una vez más ayer mediante concesiones de todo tipo a sus socios, destacando entre ellos la efectuada a Podemos para que a cambio les apoye en votaciones de cuestiones que si deben pasar por la Cámara.

Se trata nada menos que de la masiva regularización de 500.000 inmigrantes “irregulares” con unas condiciones tan “duras” como llevar al menos 5 meses en España antes del pasado 31 de diciembre y no tener antecedentes que supongan una “amenaza”.

Los sindicatos policiales han salido rápidamente a expresar su radical oposición a esta medida, que va a significar un claro “efecto llamada”, y destacando la carencia de efectivos en servicios de extranjería, entre otros, para atender a esta población que agrava situaciones ya críticas que provocan un colapso imposible de gestionar. Señalando además que carecer de antecedentes “penales” no es lo mismo que carecer de antecedentes “policiales”, lo que es un dato muy significativo en cuanto a la situación que puede crear en la seguridad y la convivencia ciudadanas tan enorme cantidad de inmigrantes regularizados.

Esta concesión a Podemos -hasta ahora muy crítico con el gobierno por su enfrentamiento político con Yolanda Díaz- se ha efectuado a su vez mediante una concesión que claramente beneficia a los de Junts y ERC, además de a Salvador Illa, que no olvidemos está al frente del “govern” con el apoyo de Junqueras. El precio pagado por los de Iglesias ha sido levantar el veto a que se transfiera a la Generalitat catalana la gestión de la política migratoria que consideran “xenófoba”.

Para redondear la jornada, el real decreto ley “ómnibus”, con el cual quería aprobar cuestiones conflictivas -como la prórroga de la prohibición de desahucio a “okupas vulnerables”-, uniendo su aprobación a la de la revalorización de las pensiones, que goza de apoyo mayoritario, no fue convalidado por el Congreso al oponerse el PP, Vox y Junts. Como vemos, un puzle de transacciones políticas con el común denominador de desguazar el Estado para satisfacer su deseo de continuar en la Moncloa.

La consecuencia de tal cantidad de inmigrantes “regularizados” -debido a que, no se olvide, habían llegado a España ilegalmente- es un “efecto llamada” indiscutible. Y totalmente en contra de la política migratoria de los países de la UE que están reforzando los controles y facilitando deportaciones de inmigrantes ilegales. Así sube la población activa y ocupada y sube el PIB. Pero, como señala el Consejo General de Economistas en su barómetro económico, la Macro y la Micro (economía) no coinciden y no se perciben mejoras en los hogares, empresas y ciudadanos.