Llegada de inmigrantes este sábado a las islas Canarias en siete precarias embarcaciones.

Antonio Naranjo.- Pedro Sánchez podría regularizar a medio millón de inmigrantes, pero también deportarlos a Siberia, obligarles a aguantar una entrevista de Intxaurrondo a Puente, regalarles un chalet en La Moraleja o echarles al mar a puntapiés para que vuelvan a Marruecos o a Ecuador. Todo dependería de lo que necesitara en cada momento, de qué lograra a cambio y de quién se lo pidiera.

No hay, nunca, nada parecido a una política de Estado, a un objetivo razonable al corto, medio o largo plazo, con la conciencia de que los gobiernos son efímeros, pero los países son eternos y quienes los ocupan temporalmente han de ser conscientes del legado: Sánchez solo quiere mandar, como sea, y si en ese viaje hay que vender a una madre o alquilar a un hijo, se hace.

Ahora Podemos le ha impuesto una regularización masiva de personas que no debían estar en España, según las leyes vigentes, y que, por tanto, deberían ser deportadas; pero si Sánchez necesitara los votos de Silvia Orriols haría lo contrario: deportar a españoles y a ecuatorianos o bolivianos, que los muy centralistas tienen la desfachatez de hablar como Cervantes y no como la alcaldesa de no sé dónde, tan racista ella con los colonialistas de Madrid, Cáceres, Valladolid o cualquiera de esos antros imperiales.

Un inmigrante irregular está mejor regularizado, una vez el hecho está consumado, pues podrá asumir derechos y obligaciones y eso es necesariamente mejor que sobrevivir en un limbo siempre cercano a la marginalidad y lo que eso comporta. Pero la cuestión no es esa, ni tampoco los derechos humanos, que no pueden ser el argumento universal para desechar una aproximación rigurosa, tranquila y sensata a cada circunstancia para gestionarla con un poco de cabeza.

La cuestión es que, tras el falso humanitarismo, se provocan efectos secundarios que no se pueden obviar: se está estimulando el efecto llamada, se desprecia la evidencia de que los recursos públicos pueden saturarse si se masifican sin orden ni concierto, se ignora la necesidad de cuadrar los flujos con las necesidades para garantizar que las llegadas sean dignas, pero las presencias productivas, se estimula el obsceno negocio de las mafias de trata de seres humanos, en manos yihadistas a menudo, se apuntala el negocio «solidario» de demasiadas organizaciones y empresas que disfrazan su instinto comercial con ropajes solidarios, se incrementa evidentemente la delincuencia y se desprecia la necesidad de que la integración ha de incluir el compromiso de respetar los valores europeos, que son los más democráticos de la historia, sin excepciones «culturales» que los degraden.

Ni Sánchez ni Podemos tienen más corazón que nadie, aunque hablen como si tuvieran la urgencia de un trasplante de caja torácica para albergar su inigualable músculo del amor, así que solo les mueve algún interés espurio o cortoplacista que habrá que adivinar. Porque hasta ellos saben que la barra libre acaba en melopea y que la dignidad del inmigrante, necesaria, no puede pasar por encima de la del español y que por todo ello necesita de un orden que aquí se desprecia.

Así que el plan debe ser perverso, sea cual sea: intercambiar apoyos para algo, agitar la xenofobia como benzina del fuego contra la «ultraderecha», desviar la atención de los trenes homicidas y la corrupción sanchista, aumentar el negocio del Zapatero de turno con excusas humanitarias o dar el primer paso para engordar, en algún momento, el censo electoral.

Queda de posdata que, al desastre perpetrado y las consecuencias que tenga, se le suman las maneras predemocráticas para perpetrarlo: Sánchez, el presidente con menos diputados propios de la historia y ya sin esa mayoría mafiosa que se compró en el Congreso, lo hará por Real Decreto, que no está para eso. Pero qué le vamos a explicar a un absolutista que considera la democracia un estorbo y a los españoles un coñazo: cualquier día nos deporta, si se lo pide Otegi.