Decenas de inmigrantes a su llegada al Puerto de la Restinga en El Hierro, Canarias

AD.- Regularizar a 500.000 inmigrantes en situación ilegal no es una política valiente ni humanitaria. Es la admisión explícita del fracaso del Estado, maquillada con retórica moral. Un gobierno que renuncia a hacer cumplir sus propias leyes no es compasivo: es débil, y su debilidad la paga toda la sociedad. Pero sobre todo, está regularización masiva consolida el reemplazo ya puesto en marcha y asesta un golpe mortal a la herencia biológica de siglos.

Esta regularización no corrige un problema, lo cronifica. Premia la entrada ilegal, castiga al que cumple las normas y garantiza que el fenómeno se repetirá. El mensaje es inequívoco y devastador: la ley es negociable si se viola a gran escala.

El argumento demográfico se ha convertido en la gran coartada para justificar lo injustificable. Se nos dice que “faltan personas”, que hay que traerlas de fuera como si la población fuera una mercancía intercambiable. Esta visión tecnocrática y deshumanizada reduce a los inmigrantes a piezas estadísticas y a los ciudadanos a una variable prescindible.

No, el envejecimiento no obliga a importar población de forma masiva. Obliga a gobernar mejor. A facilitar que los jóvenes formen familias, a dejar de expulsarlos con salarios de miseria y alquileres imposibles, a invertir en productividad en lugar de en parches. Apostar por la inmigración masiva es eludir esas responsabilidades.

La regularización de medio millón de ilegales no ocurre en el vacío. Ocurre en un país con servicios públicos saturados, un mercado de vivienda colapsado y una clase trabajadora cada vez más precarizada. Negar el impacto es propaganda. La realidad es que esta medida intensifica la competencia por recursos escasos y empuja aún más a la baja los salarios de quienes menos tienen.

Quienes pagan el precio no son las élites que aplauden la medida desde tribunas cómodas, sino los barrios populares, los jóvenes sin vivienda y los trabajadores sin poder de negociación.

Integración ficticia, conflicto real

Legalizar no es integrar. Pretender lo contrario es autoengaño peligroso. La integración exige límites claros, normas comunes y capacidad de exigencia. Cuando el Estado renuncia a todo eso, lo que surge no es diversidad, sino sociedades paralelas, desconfianza y conflicto latente.

Europa no está llena de ejemplos exitosos de inmigración masiva mal gestionada; está llena de advertencias. Ignorarlas no es progreso, es negligencia política.

El debate se ha secuestrado con acusaciones morales. Cualquier crítica es tachada de insolidaria o xenófoba. Es una estrategia vieja: silenciar el análisis para evitar rendir cuentas. Pero gobernar no es repartir certificados de virtud; es prever consecuencias.

Esta regularización no es solidaridad. Es improvisación, es cortoplacismo, es propaganda. Un Estado serio controla sus fronteras, define cuántas personas puede integrar y actúa en consecuencia. Todo lo demás es ruido ideológico.

Un país que normaliza la ilegalidad, trivializa su cohesión social y sustituye políticas estructurales por gestos masivos no avanza: se degrada y cava su propia tumba.