Esto no va de “inmigración ilegal” o “legal”, porque ya han dejado claro que eso lo cambian mañana con una firma. Esto va de capacidad, de sostenibilidad y de límites. Y España hace tiempo que los ha superado y hoy ha quedado como un país sin ley. (X)

Ricardo Morado Fajardo.- Esto no va de “inmigración ilegal” o “legal”, porque ya han dejado claro que eso lo cambian mañana con una firma. Esto va de capacidad, de sostenibilidad y de límites. Y España hace tiempo que los ha superado y hoy ha quedado como un país sin ley. (X)

A lo que asistimos a lo largo de los últimos días no es a la puesta en práctica de una política migratoria determinada. Asistimos a un fraude, un atropello democrático y una tomadura de pelo a millones de españoles que cumplen la ley, trabajan, pagan impuestos y ven cómo su país se escapa entre sus dedos, mientras el Gobierno juega a la ingeniería social por decreto.

Cinco meses. Eso es lo que necesita ahora cualquiera para ser regularizado en España. Ni contrato, ni arraigo real, ni una mínima integración acreditada, ni una evaluación individual. Cinco meses y un papel cualquiera. Y con eso, barra libre: sanidad, ayudas, vivienda, educación, subsidios. Todo. Y todo pagado, por supuesto, por el de siempre. Por ti.

Y todavía hemos tenido que ver a una exministra comunista, con pinta de niñata repelente, reconvertida en europarlamentaria forradísima, vendiendo esto como una medida “humanitaria”. Pues no. Esto es una amnistía migratoria masiva encubierta, una de las mayores de la historia; hecha como se hacen, ahora, todas las cosas importantes en este país: sin pasar por el Congreso, sin debate, sin control y sin vergüenza alguna.

Porque, para este Gobierno, el Parlamento es un estorbo. Hoy se gobierna a golpe de decreto, como si la soberanía nacional fuera algo molesto y no el pilar básico de una democracia. Democracia que, por cierto, tampoco existe. Regularizan inmigrantes, gobiernan sin presupuestos, colonizan instituciones y desprecian cualquier límite. Y todo con la misma lógica: el poder por el poder.

Que no nos distraigan con debates semánticos. Esto no va de “inmigración ilegal” o “legal”, porque ya han dejado claro que eso lo cambian mañana con una firma. Esto va de capacidad, de sostenibilidad y de límites. Y España hace tiempo que los ha superado y hoy ha quedado como un país sin ley.

La vivienda está colapsada, los alquileres son inasumibles y la sanidad pública está saturada con unas listas de espera que son obscenas. El transporte se cae a pedazos, mueren españoles por culpa de la falta de mantenimiento de las infraestructuras. Los salarios no crecen, mientras los impuestos se multiplican, haciendo desaparecer la clase media. Y ante este panorama, ¿qué hace el Gobierno? Meter más presión, más demanda y más caos.

Pero que nadie se equivoque, porque esto no es incompetencia. Es ideología y cálculo político.

Porque regularizar masivamente no es solo un gesto ideológico, es una operación electoral a medio plazo, con el fin de modificar el censo, especialmente a nivel municipal, para crear nuevas bolsas de votantes dependientes del sistema; asegurando redes clientelares locales. Comprar futuro político con dinero público. Así de simple y así de sucio.

Y mientras tanto, el mensaje al ciudadano que cumple la ley es uno y sólo uno: eres un imbécil. Lo haces todo mal… esperas, cumples normas, pasas trámites, gastas dinero y paciencia… no compensa. Saltarte la ley sale mejor, mucho mejor.

Ese es el mensaje real, el que nadie se atreve a decir en voz alta, pero el que todo el mundo entiende.

La comparación con la regularización de 2005 es una manipulación descarada, porque aquello estaba vinculado al empleo. Exigía un contrato de trabajo, había un criterio objetivo porque alguien respondía por esa persona. Hoy no hay nada. Solo una presencia física acompañada de un recibo, un bono de transporte o un justificante cualquiera, algo que podría confeccionar e imprimir yo mismo en el ordenador en el que estoy escribiendo este artículo. Cinco meses y p’alante.

Desde el punto de vista jurídico, la diferencia es abismal, pero es que desde el punto de vista político es escandalosa. Nunca se había planteado una regularización masiva de esta magnitud sin respaldo parlamentario y, si hoy se hace con 500.000, mañana podrá hacerse con un millón, o con cinco. Sin debate, sin límite y sin freno, convirtiendo lo que podría parecer un “desliz democrático” en un precedente peligroso, muy peligroso.

Todo, además, en el peor momento posible. Con un país que acumula crisis tras crisis y con las responsabilidades todavía sin asumir sobre los muertos producidos por el colapso de las infraestructuras. ¿Y cuál es la respuesta del Gobierno? Cambiar el foco, lanzar una bomba de humo informativa para saturar el debate. Tapar una incompetencia con otra mayor para que en lugar de muertos, hablemos de inmigrantes.

Mientras tanto, al español se le exige paciencia infinita. Que espere meses para ver a un especialista, que asuma impuestos confiscatorios, que se conforme con la habitación que puede permitirse alquilar. Que no proteste y, por supuesto, que no se vaya a pagar impuestos a ningún otro sitio; porque si se va a Andorra, entonces es un egoísta y un traidor. Curiosa moral: el Estado puede fallarte, incluso matarte, como ya hemos visto, pero tú no puedes fallar al Estado.

El efecto llamada no es una opinión, es un hecho, porque regularizar a cientos de miles de inmigrantes sin ningún requisito es anunciar al mundo que entrar irregularmente en España funciona, que basta con aguantar un poco porque la ley no se aplica. Y luego nos sorprenderemos cuando, gracias al reagrupamiento familiar, el sistema colapse aún más.

Pero lo más grave no es el impacto económico. Es la renuncia deliberada a distinguir, a evaluar y a decidir. Se renuncia a saber quién entra, con qué antecedentes, con qué capacidad de integración, es decir, se mezcla todo. Personas perfectamente integrables con otras claramente “conflictivas”, por decirlo suavemente. Y se hace a sabiendas, porque distinguir exige esfuerzo y medios, algo de lo que España carece en este momento. Y porque el buenismo ideológico prefiere el caos a la responsabilidad.

A esto es a lo que la izquierda llama “gobernar”, a esquivar al Parlamento, a legislar por decreto cuestiones que afectan al futuro del país, a premiar la ilegalidad y castigar al que cumple, a no proteger a los españoles, a no poner límites, a no decir que no y a no asumir los costes.

Y lo hace con una sonrisa moralizante, acusando de insolidario a cualquiera que se atreva a decir lo evidente, que el rey va desnudo desfilando por la calle…

La pregunta es, ¿cuánto más puede aguantar España antes de que alguien decida, de una vez, gobernar para los españoles? Porque hemos pasado, en una semana, de ver cómo la corrupción de la izquierda mata, a ver cómo España sigue siendo un experimento social de esa misma izquierda.

Bienvenidos a la España sin ley.