El Gobierno ha aprobado este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de inmigrantes por real decreto tras un acuerdo entre PSOE y Podemos, según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Europa Press.

Estas mismas fuentes han explicado que esta regularización extraordinaria, que ha avanzado la formación morada, es para extranjeros que ya se encuentran en España y han añadido que se realizará “con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”. Al ser por decreto, no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha desvelado este lunes el acuerdo con el PSOE durante un acto en Madrid centrado precisamente en la regularización de este colectivo. Allí, ha dicho que la medida implicará a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y ha agregado que estiman que favorezca a más de medio millón de personas.

Aparte, Montero ha comentado que los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España.

El acuerdo pauta una serie de requisitos para acogerse a la regularización, como es carecer de antecedentes penales relevantes.

Para acreditar la residencia en España durante cinco meses, los migrantes podrán aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte, entre otros.

En el momento de presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesarán sobre la persona, y cuando se admita a trámite se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Irene Montero ha dicho que Podemos va a velar para que el proceso sea “ágil y eficaz” y que es necesario garantizar los derechos de estas personas frente a la “violencia racista”.

Con este Real Decreto, el Ejecutivo retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada en 2024 por todos los grupos parlamentarios menos Vox (310 votos a favor y 33 en contra), aunque sigue varada en la Cámara Baja.

El texto entró en el Parlamento antes, en la pasada legislatura, pero no decayó porque las ILP no decaen cuando se disuelven las Cortes. Aunque en esta legislatura ha dado algunos pasos, la difícil aritmética parlamentaria no ha permitido que avance más allá de su toma en consideración.

Dada la situación, grupos parlamentarios como Sumar o Podemos se inclinaron por que el Ejecutivo aprobara un decreto que no requiriera de validación parlamentaria.

Paralelamente, el Ejecutivo aprobó el año pasado la modificación del nuevo Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el 20 de mayo, con el objetivo de dotar de flexibilidad al sistema y concretamente a la regularización por arraigo, pero con la advertencia de diferentes organizaciones de que dejaba en el limbo a los solicitantes de asilo rechazados, que no podrían optar a esa regularización, y la presentación por este motivo de un recurso ante el Tribunal Supremo para invalidar la norma.

Para intentar arreglar esta situación, el PSOE presentó a los grupos de la Cámara Baja también en mayo de 2025 una propuesta para regularizar a los migrantes que hubiesen llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024, a través de una “autorización de circunstancias excepcionales única”. El objetivo era desbloquear la tramitación de la ILP con unas negociaciones que lideró la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. La propia Cancela aún apostaba por la vía parlamentaria en diciembre de 2025 apostaba. “Si luego al final eso no es posible, pues habrá que explorar otras posibilidades, pero creo que primero es el legislativo quien tiene que responder”, afirmó en una entrevista con Europa Press.

CRECEN UN 700% LOS INMIGRANTES ILEGALES EN  EN ESPAÑA

Precisamente, este mismo lunes Funcas ha hecho una estimación del número de migrantes en situación ilegal en España -del que no hay estadísticas oficiales-. Según su investigación, la cifra habría aumentado un 685% en los últimos ocho años, pasando de 107.000 personas en 2017 a 840.000 en 2025. De este modo, indica que la irregularidad afectaría a un 17,2% de la población extranjera no comunitaria que vive en el país.

Del total de personas en situación ilegal, según el estudio, el 90,4% pertenecen al continente americano, es decir, 760.000 migrantes. Entre ellos, colombianos (290.000), peruanos (110.000) y hondureños (90.000). En cuanto a los migrantes procedentes de África, contabiliza a unas 50.000 personas; de Asia, unas 15.000; y de Europa, 14.000.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante el período comprendido entre el 20 de mayo -entrada en vigor de la flexibilización del arraigo- y el 31 de octubre del año pasado, 95.000 personas vieron regularizada su situación por alguna de las vías de arraigo.