AD.- No hay nada más miserable que utilizar una tragedia para protegerse políticamente, y no hay nada más peligroso que un ministro que, ante decenas de muertos, decide falsear la realidad antes que asumir responsabilidades. Eso es exactamente lo que ha hecho Óscar Puente.

Desde el primer minuto tras la tragedia ferroviaria, el ministro de Transportes optó por el manual más viejo del poder arrogante: negar los hechos, simplificar la realidad y acusar de bulo a quien osara contradecir el relato oficial. Un relato que no buscaba esclarecer lo ocurrido, sino blindar al Gobierno frente al desgaste político. La verdad quedó relegada a un segundo plano. Las víctimas, a un tercero.

Puente afirmó con rotundidad que la infraestructura estaba completamente renovada. No lo estaba. Lo dijo sin matices, sin cautela, sin esperar informes técnicos completos. Lo dijo porque necesitaba decirlo. Porque admitir lo contrario implicaba aceptar que el sistema ferroviario que depende de su ministerio falló, y que ese fallo pudo tener consecuencias mortales.

Cuando la realidad empezó a abrirse paso —como siempre acaba ocurriendo—, el ministro no rectificó. Atacó. Señaló a periodistas, a la oposición y a cualquiera que cuestionara su versión, acusándolos de desinformar. El problema es que no desinformaban. El problema es que decían la verdad.

Aquí no estamos hablando de un error técnico o de una declaración imprecisa. Estamos hablando de una mentira pronunciada desde un cargo público en uno de los momentos más sensibles que puede vivir un país. Una mentira que pretendía cerrar el debate antes de que empezara. Una mentira que buscaba convertir una tragedia humana en un problema de comunicación.

La política española ya arrastra demasiados episodios de cinismo como para normalizar esto. Pero lo de Puente va más allá: es la demostración de que para algunos dirigentes la prioridad no es la seguridad, ni la transparencia, ni el respeto, sino la supervivencia política. Caiga quien caiga.

Y cuando un ministro miente sobre infraestructuras críticas tras una catástrofe, la pregunta ya no es si debería dimitir por presión de la oposición. La pregunta es cómo puede seguir en el cargo sin que se resienta gravemente la credibilidad de todo el Gobierno.

No se puede gestionar el dolor con propaganda. No se puede responder a los muertos con argumentarios. Y no se puede exigir confianza pública cuando se ha demostrado que, llegado el momento, se prefirió mentir antes que decir “no lo sabemos todavía”.

Óscar Puente no ha fallado solo como ministro. Ha fallado como servidor público. Y en democracia, mentir tras una tragedia no es un error: es una descalificación moral.