El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera

La tragedia de Adamuz, con dos trenes implicados, se ha cobrado la vida de 45 personas y ha dejado decenas de heridos y familias rotas a su paso. Tras las primeras pesquisas, encargadas al Centro de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) la causa del siniestro apunta a que el tren Iryo descarriló debido a una fractura del material que conforma la vía. Una tesis que ya proponían algunos expertos en las primeras horas de análisis, en caliente, y que, según se ha ido confirmando, respondería al desgaste del material antiguo conservado en un tramo del trazado, en la zona de la soldadura con el que sí fue, recientemente, reformado.

Además, al ministro responsable, el socialista Oscar Puente, no le quedaba más remedio que confirmar que fueron los servicios de emergencia, el 112 andaluz, los que llamaron a Renfe, para pedir información sobre el siniestro, ya que el centro de control de Adif, dependiente de Transportes, tardó más de una hora en localizar al segundo tren implicado, el Alvia que chocó frontalmente con el AVE italiano.

Desde entonces, no han cesado las exigencias de dimisiones, y las víctimas de lo ocurrido han empezado a organizarse para exigir, judicialmente, a los responsables de la conservación del trazado y la renovación de unas infraestructuras que ha estado siendo gestionadas por cargos de designación política que, en algunos casos, presuntamente no contaban con el nivel técnico necesario.

Más allá de la conocida entrada en prisión provisional de dos de los cabecillas del ‘caso PSOE’, el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García Izaguirre, imputados por varios delitos relacionados con la adjudicación de obra pública, también ferroviaria, a cambio de ‘mordidas’; el director de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, por ejemplo, fue concejal de Mas Madrid y experto en «movilidad sostenible»; y, el jefe de área de operaciones comercial y de mantenimiento en Madrid, Rodrigo Vázquez, resultó designado por ser hijo de la directora general corporativa de Gestión de Personas, Estrategia y Seguridad, Concepción Casillas quien a su vez, como una de las ocho personas que integran la cúpula de Adif, fue responsable del acceso de Isabel Pardo de Vera, a la Presidencia de la entidad.

Pardo de Vera, máxima responsable de Adif entre 2018-2021 y ex secretaria de Estado de Transportes, de 2021 a 2023, es, precisamente una de las investigadas por malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Se la investiga por el contrato de Adif a Soluciones de Gestión (empresa de la trama Koldo), por ‘enchufar’ a Jéssica Rodríguez en Ineco (vinculada a Adif) y Tragsatec, y por la trama de amaños de contratos de obra pública. La UCO registró su domicilio en junio de 2025, encontrando indicios de manipulación en procesos de contratación.

Según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Pardo de Vera actuó como «puerta de entrada» para amaños en Adif, facilitando adjudicaciones a empresas afines a la trama a cambio de presuntas contraprestaciones.

En concreto, la UCO apunta a amaños a favor de constructoras como Acciona, Levantina Ingeniería y Construcciones (LIC), Obras Públicas y Regadíos (OPR) y LIP, con mordidas estimadas en más de 600.000 euros.

Fue cesada como presidenta de Adif el 29 de junio de 2021, apenas unos días antes del cese de José Luis Ábalos como ministro.Posteriormente, fue secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hasta julio de 2023, ya con las investigaciones abiertas.

Los contratos bajo sospecha

En el caso de Pardo de Vera, los contratos bajo sospecha en las pesquisas judiciales, arrancaron con la presunta propuesta de amaño por 50 millones (2019) de una licitación de obra en Lugo en la que, Pardo de Vera habría planteado a Koldo colar a Levantina, propiedad del empresario José Ruz, una de las empresas de la trama de las comisiones irregulares, en una licitación de más de 50 millones para Galicia. Esto se documentó en informes de la UCO, destacando su rol «determinante» en amaños.

En relación con las obras del AVE en Extremadura, en 2019, Koldo García pretendía que el contrato fuera para Acciona aunque finalmente fue para OPR. En mensajes interceptados por la UCO, Koldo reprochó a Pardo de Vera que las empresas «identificadas» por la trama no obtuvieran la adjudicación, afirmando que «nos ha jodido un poco». Mencionó haber subrayado propuestas con «fosforito» para disimular. La UCO ve indicios de que Pardo de Vera recibió indicaciones directas de Koldo para manipular el proceso.

Los agentes también señalaron el proyecto de integración ferroviaria en Sant Feliu de Llobregat, en el que Pardo de Vera informó directamente a Koldo, el 30 de mayo de 2019, sobre la apertura de ofertas por este proyecto, destacando que Acciona obtuvo la mejor puntuación técnica pese a ser la novena más económica. La UCO ve esto como prueba de manipulación en criterios subjetivos para favorecer a Acciona, con mordidas estimadas en torno a 90.000 euros (parte de los 620.000 euros totales gestionados por Santos Cerdán).

O, el contrato de emergencia a Levantina, por el cual el 17 de diciembre de 2020, Pardo de Vera adjudicó 592.053 euros a Levantina Ingeniería y Construcciones (LIC) por recomendación de Koldo. En una conversación grabada el 9 de abril de 2019, Koldo reclamó un contrato de emergencia para LIC, y ella mencionó una adjudicación previa de 700.000 euros. La UCO ve indicios de favoritismo.

Tampoco quedaron fuera de la lupa de las investigaciones la estación del AVE en Elche en la cual Koldo habría recurrido a su influencia para favorecer a LIC. Tras la inauguración en febrero de 2021 (con presencia de Pedro Sánchez, Ximo Puig y el propio Ábalos), LIC usó a Koldo para «reclamar algo». En febrero de 2021, Ruz preguntó a Koldo si había hablado con «la jefa» (Pardo de Vera), quien supuestamente «prometió» resolver «lo de Elche». La UCO investiga si hubo acuerdo irregular post-adjudicación.
Los ‘enchufes’ de familia y amantes

En febrero de 2019, Koldo presionó a Pardo de Vera para contratar a su hermano, Joseba García Izaguirre, en Ineco. Un mensaje interceptado por la UCO dice: «Llama a la chica para que empiece los trámites para que Joseba sea contratado como secretario, si no José [Luis Ábalos] me corta los huevos». Pardo de Vera, referida como «la chica» o «la jefa» en audios, facilitó el proceso. Joseba fue contratado con un sueldo inicial de unos 40.000 euros anuales, en Ineco entre febrero de 2019 y noviembre de 2021, con un contrato temporal vinculado a un encargo de Adif Alta Velocidad. En 2020, fue promocionado a un rol en proyectos de ingeniería, acumulando más de 120.000 euros en salarios hasta su salida en 2023.

La UCO documentó WhatsApps y audios entre Koldo y Pardo de Vera donde se da por hecho el enchufe. En un informe de junio de 2025, se destaca que Pardo de Vera «renegociaba» contratos para incluir favores personales, como este. El juez Ismael Moreno incorporó estos mensajes al sumario en julio de 2025, viéndolos como indicios de tráfico de influencias.

Por su parte, Patricia Uriz Iriarte, exmujer de Koldo García y madre de sus hijos, fue colocada en varias empresas públicas entre 2019 y 2022, con mediación de Pardo de Vera. En febrero de 2022, tras un audio donde Koldo y Santos Cerdán discuten mordidas pendientes, Koldo pidió a Pardo de Vera un puesto para Uriz en Ineco o Tragsatec. Un mensaje de marzo de 2022 dice: «La Patri necesita algo, nos ha jodido con el divorcio, pero hay que ayudarla». Pardo de Vera facilitó su contratación en Tragsatec (filial de Tragsa, dependiente del ministerio) como técnica administrativa, con un sueldo de 35.000 euros anuales.

La empresa que contrató a la amiga de Ábalos parece que no trata del todo bien a sus empleados.

El caso más escandaloso, fue el de Jéssica Rodríguez García, la que fuera amante del entonces ministro José Luis Ábalos, entre 2018 y 2021, colocada en varias empresas públicas con mediación directa de Pardo de Vera, quien actuó bajo órdenes de Koldo y Ábalos. En abril de 2019, Koldo presionó a Pardo de Vera para contratar a Rodríguez en Ineco como analista de proyectos, con un sueldo inicial de 45.000 euros. Un WhatsApp de Koldo dice: «La Jéssica necesita entrar, José [Luis] lo da por hecho». Pardo de Vera facilitó el proceso y en 2020 Rodríguez fue promocionada a Tragsatec como coordinadora de sostenibilidad. En 2021, pasó a un rol en Ineco vinculado a la presidencia de Adif.

Ocupó el cargo de director general de Gestión de Personas en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) desde 2018 hasta su cese en agosto de 2024, un mes después de ser imputado por el juez Ismael Moreno por los delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho.

Esta imputación fue confirmada por e. l magistrado de la Audiencia Nacional después de que la UCO documentase que Miranda descartó ofertas alternativas de mascarillas (como de Innjoo) para favorecer a Soluciones de Gestión, sin justificar el sobreprecio (hasta 2,5 veces superior al mercado).

En septiembre de 2024, dos meses después de su imputación y apenas unas semanas después de su cese, declaró como investigado ante el juez, afirmando que Pardo de Vera le facilitó el contacto de Soluciones de Gestión.

Explicó que eligió Soluciones de Gestión por «garantías de suministro» y logística, pese a existir ofertas más baratas. Sus subordinados lo señalaron como responsable directo de la elección, alegando que reportaba a Pardo de Vera.

Las pruebas contra él son evidentes. En abril de 2025, unas cadenas de correos interceptados por la UCO revelaron enchufes masivos en Adif (785 puestos sin cobertura presupuestaria), con Miranda como responsable.

Subsecretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (y posteriormente de Transportes y Movilidad Sostenible) desde junio de 2018 hasta su cese en agosto de 2024. Fue imputado en julio de 2024 junto a Michaux Miranda y por los mismos delitos: tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho.

Gómez no ocupó cargos ejecutivos en Adif, pero su rol ministerial le otorgaba autoridad tanto sobre adjudicaciones y presupuestos, como supervisión de altos cargos y políticas de emergencia.

No en vano, como subsecretario, aprobaba o influía en contratos de Adif, especialmente durante la pandemia (2020-2021), cuando se adjudicaron contratos en mascarillas a Soluciones de Gestión, empresa de la trama. Gómez firmó órdenes que afectaban a Adif, como la priorización de suministros sanitarios para trabajadores ferroviarios.

De hecho, también, participó en reuniones donde se discutían obras de AVE y fondos Next Generation, influyendo en adjudicaciones a constructoras como OPR, vinculada al caso Koldo.

Durante la COVID-19, el Ministerio centralizó compras, y Gómez actuó como enlace entre Ábalos y Adif, presionando para adjudicaciones rápidas. Correos revelados por la UCO muestran que Gómez daba por hecho contratos a Soluciones de Gestión, ignorando ofertas alternativas.

La UCO registró su domicilio en junio de 2025. Vinculado a adjudicaciones a OPR (siete contratos por 77,6 millones). Declaró en julio de 2025 con medidas cautelares. De ello resultó una imputación formal, en 2025, por tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Su vinculación con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), entidad pública dependiente del mismo ministerio, es significativa, ya que como director general de Carreteras participó en la supervisión y coordinación de proyectos que involucraban infraestructuras mixtas (viales y ferroviarias), como accesos a estaciones o cruces de nivel.

Además, su rol ministerial lo posicionaba en la cadena de mando que influía en adjudicaciones de contratos públicos, incluyendo aquellos gestionados por Adif que le permitieron asignar contratos a empresas como Obras Públicas y Regadíos (OPR), que también recibieron obras de Adif (77,6 millones entre 2018-2021). Y supervisó adjudicaciones de carreteras que intersectaban con líneas de Adif, como en el AVE Madrid-Extremadura o accesos portuarios (Sagunto, Cádiz), donde OPR ganó contratos manipulados. En informes de la UCO, se menciona su «papel determinante» en repartos de obras junto a Adif.

La UCO destaca que Herrero y Pardo de Vera colaboraron en amaños para favorecer a constructoras de la trama en obras públicas, incluyendo aquellas con fondos europeos Next Generation.

Contreras, por su parte, ocupó el cargo de presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) desde diciembre de 2023 hasta su cese en septiembre de 2024, un periodo marcado por incidencias en la red ferroviaria y su aparición en el sumario del ‘caso Koldo’.

Su vinculación con Adif se remonta a 2018, cuando asumió roles clave en mantenimiento y conservación, evolucionando a la presidencia bajo el mandato del ministro Óscar Puente.

Entre 2018 y 2023 fue Director general de Conservación y Mantenimiento de Adif, nombrado tras la llegada de José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes. En este rol, avaló múltiples adjudicaciones, incluyendo a empresas como Tecnivial (vinculada a Leticia Lauffer, amiga de Begoña Gómez).

De ahí pasó, hasta 2024 a presidir Adif y Adif Alta Velocidad, designado por Óscar Puente. Su sueldo anual rondaba los 150.000 euros, con responsabilidades en la expansión de la red AVE y gestión de fondos UE. Tras su cese, fue recolocado como asesor en la Comunidad Valenciana, su región natal, en un cargo técnico menor de Adif relacionado con infraestructuras de la Zona Este.

Los vínculos con la trama Koldo

Las investigaciones y seguimientos de la UCO, a los principales responsables políticos de Transportes, documentaron encuentros de Contreras con Koldo y Ábalos, en el restaurante La Chalana, los días 2 de noviembre de 2023 (16:45 h), 5 de diciembre de 2023 (día de su nombramiento como presidente) y el 10 de enero de 2023. En un informe posterior, se habla de una cita prevista para el 21 de febrero de 2024, que fue cancelada por las detenciones que provocaron el estallido del ‘caso PSOE’. En la comisión de investigación del Senado el imputado admitió esas reuniones, pero rechazó el conocimiento de irregularidades en las prácticas del Ministerio y de Adif.

Sin embargo, el principal elemento que vincula a Contreras con posibles amaños a favor de OPR es un mensaje de WhatsApp interceptado por la UCO, enviado por Daniel Fernández Menéndez (administrador de OPR) a Koldo García el 19 de febrero de 2024. El mensaje, incorporado en el informe UCO de mayo de 2024 (entregado a la Audiencia Nacional el 20 de mayo), dice textualmente: «Se va a declarar una emergencia de bastante importe, más de 1,5 mill€. Lo razonable es que la haga el adjudicatario pero al ser una UTE tiene que firmar el contrato una de las empresas y preferimos que sea OPR. Hay que tener cuidado pues podría colarse los del mantenimiento que son Copasa Cosvensa. Ángel sabe que nos ha quitado 600.000€ en esa obra y debe ayudarnos pero ya sabes. Ya hablaremos de los detalles»

Los agentes consideran que ese «Ángel» es Ángel Contreras (entonces director general de Conservación y Mantenimiento de Adif, y desde diciembre de 2023 presidente). La referencia a «nos ha quitado 600.000€» alude a una reclamación presentada por OPR en septiembre de 2022 por una obra de 2019 en el tramo Monforte de Lemos-Lugo (adjudicada en 2021 a una UTE en la que participaba OPR).

La empresa reclamaba 600.000 euros adicionales por unidades de obra, pero fue desestimada en noviembre de 2022 por el director de las obras (bajo la supervisión de Contreras). El empresario pedía a Koldo que influyera para que Contreras «ayudara» compensando con un nuevo contrato de emergencia por un deslizamiento en esa misma obra.
Ignacio Zaldívar, ex director de Adif

Ocupó el cargo de director general de Adif Alta Velocidad desde septiembre de 2021 hasta julio de 2025, periodo en el que supervisó adjudicaciones de obras ferroviarias clave, incluyendo proyectos con fondos europeos Next Generation.

Aunque no ha sido imputado formalmente hasta la fecha, su nombre aparece en informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y en comparecencias parlamentarias como figura vinculada a adjudicaciones irregulares en Adif, posiblemente facilitadas por presiones del entorno PSOE (como Santos Cerdán y José Luis Ábalos).

No en vano, la UCO lo señala por su rol en procesos de contratación que beneficiaron a diferentes empresas, como el informe 2025/0605, en el que se menciona a Zaldívar en conversaciones interceptadas donde se discuten «ajustes» en licitaciones de Adif Alta Velocidad. Se le atribuye facilitar adjudicaciones a OPR (siete contratos por 77,6 millones entre 2018-2021, extendidos a su etapa), con mordidas gestionadas por Cerdán (620.000 euros totales, incluyendo 90.000 de Acciona en Sant Feliu de Llobregat).

Además, en el auto de imputación de Isabel Pardo de Vera y de Javier Herrrero, en julio de 2025, Zaldívar es mencionado como testigo clave, con mensajes donde confirma adjudicaciones a empresas identificadas por la trama. La UCO ve indicios de tráfico de influencias, aunque no hay audios directos que le incriminen.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas confirmó en diciembre de 2025 que Adif alteró puntuaciones sin justificación para favorecer a OPR e ignoró denuncias internas desde 2020. Es decir: durante su etapa como director de Adif.
Juan Pablo Villanueva, ex n.º 2 de AVE

Resultó fulminantemente cesado, en julio de 2025, en plena investigación del caso Koldo y acusado, a través de una denuncia en el canal interno de la institución, en 2022, de manipular puntuaciones subjetivas para favorecer a OPR en tres contratos: Puerto de Sagunto, Bajo de la Cabezuela y Amusco-Osorno (65 millones de euros, financiado con fondos europeos).

OPR, propiedad de los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez (vinculados al PSOE), pagaba supuestas comisiones a la trama. Villanueva no fue imputado formalmente, pero su cese se atribuyó a reorganización interna bajo Pedro Marco de la Peña, actual presidente de Adif.

Un informe de la UCO de junio de 2025 (Oficio 2025/0605) menciona comunicaciones entre Villanueva y Koldo García en 2019-2020, donde se discuten «ajustes» en licitaciones. Koldo remitía «recomendaciones» para OPR, y Villanueva confirmaba adjudicaciones. No hay audios directos, pero mensajes interceptados muestran que Villanueva era «puerta de entrada» para amaños en Alta Velocidad.

En octubre de 2025, la UCO solicitó analizar sus cuentas bancarias (junto a las de Pardo de Vera), buscando contraprestaciones. No se hallaron pagos directos, pero se investiga si recibió beneficios indirectos (como ascensos o contratos para allegados).

Villanueva compareció como testigo en la Audiencia Nacional en septiembre de 2025, negando irregularidades y atribuyendo puntuaciones a «criterios técnicos». El juez Ismael Moreno lo considera «colaborador necesario» en la trama, aunque sin imputación formal por falta de pruebas concluyentes.

Un mes después, en octubre de 2025, Adif creó un puesto ad hoc para Villanueva en Galicia como «asesor técnico en infraestructuras hidráulicas», con un sueldo próximo a los 100.000 euros. Ante las críticas por «premiar» a un salpicado por la trama; el ministro Puente lo defendió como «reubicación por experiencia».

El Debate