Ignacio Sánchez Cámara.- Me sorprende la frecuencia con la que muchos políticos emplean la palabra «politización» con sentido peyorativo, como si lo relativo al bien de la comunidad política y la actividad que se ocupa de él fueran algo nefasto. Quizá se trate de una involuntaria confesión de culpa. Así, estos días se lamenta la presunta politización del dolor de las víctimas de los atroces siniestros ferroviarios. No creo que la investigación de las causas de los accidentes ni la exigencia de las correspondientes responsabilidades políticas o penales constituya ninguna falta de respeto a ellas. Más bien parece que es todo lo contrario. Otra cosa es acusar sin pruebas y utilizar el dolor ajeno en beneficio propio.

Antonio Machado afirmó que, de diez cabezas, nueve embisten y una piensa. Ignoro si el porcentaje es exacto o acaso algo exagerado, pero el buen sentido del lector discernirá en cuál de las dos categorías se encuentra la cabeza del ministro de Transportes. Ortega y Gasset afirmó, en las Cortes republicanas, que no había acudido allí, elegido por la circunscripción de León, para hacer el payaso, el tenor o el jabalí. También confío en la perspicacia del lector para proponer algunos ejemplos de las tres tipologías, incluido el ministro de Transportes. Podría ser nula su responsabilidad en la catástrofe ferroviaria de Adamuz y eso no excusaría la urgencia de su dimisión, pues no depende de este terrible suceso, sino que viene siendo exigida, con la de todo el Gobierno, por muchos ciudadanos en los últimos años.

No es prudente dar por buena una hipótesis sin que haya sido probada en la investigación. De momento, y con esta cautela, todo indica que la causa se debe al estado de las vías, cuyo mantenimiento compete en exclusiva al Ministerio de Transportes. Si el suceso hubiera tenido lugar bajo un Gobierno de coalición del PP y Vox, la actitud de la eventual oposición del Frente Popular habría sido, muy probablemente, pedir el encarcelamiento del ministro de Transportes, convenientemente calificado de criminal con las manos manchadas de sangre, y la dimisión del Gobierno en pleno por su responsabilidad política. El interés partidista no suele ir de la mano de la justicia ni de la verdad. ¿Quién va a dejar pasar una oportunidad semejante?

Parece que hay deficiencias en el mantenimiento de las infraestructuras y en la inversión en seguridad, a pesar de las advertencias de técnicos y maquinistas. Y esto unido a un fuerte incremento del tráfico. ¿Quién se resistiría a censurar a un Gobierno que se dedica a desmontar el Estado del bienestar y a poner en riesgo los derechos de los ciudadanos? ¿O a su opción por el capitalismo salvaje y la entrada de empresas ferroviarias privadas? Un Gobierno capitalista salvaje y además corrupto. ¿Dejarían de clamar que parte del dinero del Ministerio de Transportes se dedicaba a fines privados y a la prostitución? La verdad es que queda un argumento irresistible: el dinero desaparece y los trenes descarrilan. Lo que habría hecho el PSOE con un caso así. Por no hablar de muchos medios de comunicación, incluidos algunos de titularidad pública. La extrema derecha corrupta se queda con el dinero, favorece a las empresas privadas y desmantela los servicios públicos. El problema es que lo ha hecho un Gobierno del Frente Popular que además desprecia las protestas del sindicato mayoritario de maquinistas.

La izquierda es tan socialista que intenta compartir la responsabilidad del desastre con la derecha, ya que no puede atribuírsela a ella, y pretende que la responsabilidad, si es que llega a existir, corresponde tanto al Gobierno como a la Junta de Andalucía. Lo que es un disparate si no fuera además una infamia. La verdad es que la derecha no debería imitar las formas políticas de la extrema izquierda, pero tampoco eludir la exigencia del esclarecimiento de las causas del suceso y de las correspondientes responsabilidades penales, administrativas y políticas. Eso no es politización del dolor, si es que esta idea expresa algo claro, sino pura justicia. La única solución decente: disolución inmediata de las Cortes y convocatoria de elecciones generales.