La corrupción que descarrila la seguridad: Cuando las obras públicas se convierten en botín político y terminan en tragedias ferroviarias
España amaneció enlutada tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) —con 45 muertos y numerosos heridos— y el colapso en Gelida (Barcelona), donde un maquinista perdió la vida y decenas resultaron heridos. Estos siniestros no son meros hechos aislados ni “fatalidades inevitables”: abren una herida profundamente estructural en el corazón de nuestra administración pública.
Sindicato de maquinistas (SEMAF) y trabajadores han denunciado un “inadmisible deterioro” de la red ferroviaria española. No hablan de casualidades: hablan de la falta de mantenimiento, de protocolos de seguridad ignorados y de una infraestructura que se ha convertido en trampa mortal.
Cuando la obra pública se convierte en botín político
No se puede abordar este tema sin mirar al pasado reciente: investigaciones de la Guardia Civil y la UCO documentaron redes de influencia y adjudicaciones sospechosas en las obras públicas del entonces Ministerio de Fomento. Informes filtrados apuntaban a intermediarios como el llamado “Koldo”, un posible nexo entre empresas constructoras y altos funcionarios encargados de adjudicar contratos.
Además, la policía ha llegado a efectuar registros en sedes y dependencias vinculadas al Partido Socialista y al propio Ministerio de Transportes para recabar pruebas sobre presuntas adjudicaciones amañadas y comisiones ilegales.
El caso no es menor: altos cargos de Adif y del Ministerio llegaron a estar imputados en causas relacionadas con corrupción administrativa, sobornos y fraude en la adjudicación de obras ferroviarias durante años.
“La corrupción mata”
Representantes políticos como el líder de Vox, Santiago Abascal, han responsabilizado abiertamente al Gobierno de los accidentes, sosteniendo que “la corrupción mata” y que decisiones técnicas tardías o negligentes son en realidad síntoma de una red de corrupción enquistada en las instituciones que debieron garantizar la seguridad ferroviaria.
Aunque estas declaraciones proceden de líderes políticos, no deben descartarse como retórica vacía: una red ferroviaria segura depende de decisiones transparentes, evaluación independiente y supervisión rigurosa de fondos públicos —todo lo cual se ve comprometido cuando el foco se traslada a tapar escándalos y proteger cargos antes que prevenir tragedias.
El aumento de accidentes: ¿simple coincidencia?
Los datos señalan que, desde que gobierna el actual Ejecutivo, los accidentes ferroviarios registrados se han más que duplicado. Esto coincide con una expansión notable del tráfico ferroviario, sí, pero también plantea la pregunta: ¿se destina suficiente inversión y control a la seguridad real de la infraestructura?
Mientras tanto, el accidente de Adamuz se investiga bajo el paraguas del propio Ministerio de Transportes, aunque la Unión Europea lleva años reclamando una investigación totalmente independiente de los órganos ministeriales.
Que unas obras ferroviarias millonarias se ejecuten con sobrecostes sospechosos, que altos cargos sean investigados por corrupción y que simultáneamente se reduzcan inversiones en mantenimiento de vías, no es coincidencia: es una crisis sistémica, donde el interés político y económico ha sustituido a la seguridad ciudadana.
Cada euro desviado en comisiones, cada contrato amañado, cada vigilancia técnica ignorada, tienen consecuencias reales: personas que no llegan a sus destinos, familias que quedan rotas, vidas que se apagan en un tren que jamás debería haber descarrilado.
¿Qué futuro nos espera?
El lector debe saber que la corrupción no es sólo un titular escandaloso o una serie de nombres en un sumario judicial.
Cuando la estructura de un país —como su red ferroviaria— queda a merced de prácticas opacas y decisiones politizadas, los resultados se cuentan en muertos, heridos y en una pérdida de confianza social que tardará décadas en recuperarse.
La exigencia es clara: investigaciones independientes, rendición de cuentas real, reformas profundas en la adjudicación de obras públicas, y prioridad absoluta a la seguridad y bienestar de la ciudadanía.
Porque en un Estado democrático sano, la infraestructura pública protege vidas, no las pone en riesgo.
