Bruselas prepara un reglamento vinculante para obligar a España y al resto de la UE a romper contratos 5G con Huawei y ZTE por riesgos graves de ciberseguridad
Rafa Gómez-Santos Martín.- La Comisión Europea presentó este martes una propuesta de reforma profunda de la Ley de Ciberseguridad de la Unión Europea destinada a blindar las infraestructuras críticas tecnológicas frente a proveedores considerados de “alto riesgo”, en especial las empresas chinas Huawei y ZTE, señaladas por Bruselas por sus posibles vínculos con riesgos de ciberseguridad y dependencia estratégica.
La iniciativa eleva a rango legal las medidas que hasta ahora eran recomendaciones voluntarias bajo la llamada “caja de herramientas de seguridad 5G”, y busca imponer obligaciones claras a los Estados miembros para eliminar progresivamente dichos proveedores de sus redes y contratos públicos.
El borrador del reglamento plantea la creación de una lista oficial de proveedores de alto riesgo con criterios técnicos y de seguridad. Una vez dicha lista se publique, los países miembros tendrán un plazo máximo de tres años para retirar de sus redes móviles y fijas los equipos suministrados por estas compañías y renegociar o cancelar contratos con ellas.
La propuesta afecta no solo al sector de las telecomunicaciones, sino también a 18 sectores críticos de infraestructura, incluidos energía, sanidad, transporte, servicios esenciales y administración pública.
La Comisión Europea ha justificado esta iniciativa en la necesidad de reducir la vulnerabilidad de Europa frente a ciberataques crecientes, interferencias extranjeras y dependencia tecnológica de terceros países que no comparten los estándares democráticos occidentales.
Altos funcionarios comunitarios han defendido que, aunque el texto no menciona nombres concretos de empresas, los criterios están claramente dirigidos a proveedores con legislaciones que obligan a cooperar con sus gobiernos, sin mecanismos de control independientes, lo que describe como un riesgo potencial para la seguridad de datos sensibles y comunicaciones estratégicas en los Estados miembros.
En España, la propuesta ha encendido las alertas políticas, dado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido y adjudicado contratos públicos a Huawei en años recientes. Por ejemplo, autoridades comunitarias han señalado que un contrato del Ministerio del Interior con Huawei para almacenamiento de equipos en servicios sensibles podría “crear dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico” y aumentar el riesgo de interferencia extranjera.
La respuesta de los lobbies tecnológicos no se ha hecho esperar. Portavoces de Huawei han calificado la propuesta como discriminatoria y contraria a principios legales básicos de la UE como la equidad, la no discriminación y la proporcionalidad, argumentando que “limitar o excluir a proveedores no europeos en función de su país de origen, en lugar de basarse en criterios técnicos, podría violar obligaciones internacionales”.
Sin embargo, Bruselas ha insistido en que la prioridad es proteger la soberanía digital y garantizar que las cadenas de suministro de tecnologías de información y comunicación estén libres de riesgos externos significativos.
El impacto económico de esta reorientación normativa también es objeto de debate. El borrador indica que la retirada gradual de equipos de alto riesgo en sectores como las telecomunicaciones podría costar miles de millones de euros al año a los operadores afectados, y propone sanciones para quienes no cumplan con las obligaciones, incluyendo multas de hasta el 7 % del volumen de negocio de las empresas que se resistan a adaptarse.
Además, la medida podría favorecer a proveedores europeos y aliados como Nokia, Ericsson o Samsung, que ya han incrementado su presencia en redes europeas.
La iniciativa llega en un contexto de tensión geopolítica creciente entre la UE y China, con el gobierno chino instando a Bruselas a evitar “caminos proteccionistas” que puedan perjudicar la confianza inversionista y las relaciones económicas bilaterales.
A pesar de ello, Bruselas ha defendido que la medida es un componente esencial de su estrategia de “des‑riesgo”, orientada a reducir la dependencia de tecnologías que puedan poner en riesgo la seguridad nacional y la integridad de datos ciudadanos en toda Europa.
Aunque la propuesta no es todavía una ley en vigor, sí marca un antes y un después en la política tecnológica europea al transformar recomendaciones de seguridad en obligaciones vinculantes para los Estados miembros. Si se aprueba, España y otros países deberán renegociar o rescindir contratos con proveedores de alto riesgo y acelerar la transición hacia tecnologías confiables.
En contraste con la visión cortoplacista y relativista de la izquierda, que minimiza estos riesgos en nombre del “progreso” y la globalización sin fronteras, la defensa de la soberanía tecnológica y la protección de las familias, las instituciones y la seguridad es un imperativo innegociable.
La izquierda promete inclusión y crecimiento, pero delega nuestra seguridad en actores ajenos a nuestros valores y bajo jurisdicciones ajenas a nuestras leyes. La UE, al obligar a retirar de sus redes a proveedores de alto riesgo, apuesta por el orden, la responsabilidad, la ley y la defensa de la libertad ante amenazas globales reales.
