La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia por presunta agresión sexual contra Julio Iglesias tras concluir que España no tiene jurisdicción para investigar los hechos. El Ministerio Público abrió diligencias el pasado 5 de enero para analizar la denuncia presentada por dos extrabajadoras del artista, que aseguraban haber sufrido agresiones sexuales y otros delitos en República Dominicana y Bahamas en 2021. Sin embargo, la Fiscalía determina que los tribunales españoles “carecen de competencia” porque los hechos ocurrieron en el extranjero, las denunciantes son extranjeras y el cantante no reside en España

En su decreto de archivo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional subraya que “no se cumplen los requisitos legales para que España pueda asumir la investigación”, lo que impide continuar con las diligencias preprocesales. Las actuaciones se habían iniciado para valorar la verosimilitud de los hechos y determinar si existían indicios suficientes para avanzar hacia un procedimiento penal, pero el Ministerio Público concluye que “no existe base jurídica para seguir adelante”. El escrito insiste en que la Audiencia Nacional solo puede intervenir en los supuestos previstos por la ley y que, en este caso, “la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español”, concretamente en República Dominicana y Bahamas. Añade que las personas denunciadas “ni residen en España ni mantienen en este país su centro de vida, intereses o actividad, con independencia de que Julio Iglesias tenga propiedades inmobiliarias” .

La denuncia se basaba en testimonios publicados en una investigación periodística que relataba presuntos episodios de acoso, agresiones sexuales, humillaciones y un ambiente laboral de control y presión. La Fiscalía tomó declaración el pasado martes y miércoles a las dos mujeres como testigos protegidos, pero concluyó que, aun existiendo denuncia, no puede continuar con la investigación al no tener jurisdicción para ello.

La defensa de Iglesias también pidió el archivo

El cantante negó las acusaciones en todo momento y contrató para su defensa a uno de los abogados penalistas más famosos de nuestro país, el exmagistrado José Antonio Choclán. El letrado también había solicitado el archivo por la misma razón: la ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles. Cuatro días después de esa petición, la Fiscalía ha adoptado la decisión de cerrar las diligencias, lo que deja la vía abierta únicamente a que las denunciantes continúen el procedimiento en los países donde supuestamente ocurrieron los hechos. El decreto del Ministerio Público añade que no consta “ningún vínculo personal o territorial” de las denunciantes con España ni que las autoridades de República Dominicana o Bahamas hayan renunciado a actuar o estén imposibilitadas para hacerlo. Por ello, concluye que España no puede aplicar ningún principio que justifique intervenir, pese a que Iglesias tenga nacionalidad española.

“El Tribunal Supremo señala expresamente los límites a la expansión extraterritorial de la jurisdicción, recordando que no corresponde a España investigar hechos cometidos fuera de sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello”, incide la Fiscalía en su escrito. La organización Women’s Link Worldwide presentó la denuncia a primeros de enero en nombre de las dos exempleadas del cantante —una de nacionalidad brasileña y otra colombiana—.

La ONG explicó que acudió a la justicia española por el marco legal existente en materia de trata y violencia contra las mujeres, y porque la nacionalidad española de Julio Iglesias podría, en su criterio, habilitar la intervención de los tribunales españoles. Sin embargo, la decisión de archivar el caso supone un revés para esta estrategia, aunque no impide que la asociación acuda ahora a los tribunales de los países donde supuestamente ocurrieron los hechos o abrir la vía penal, presentando una querella directamente ante los juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional, como recoge El País.