El reciente accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, donde dos trenes chocaron dejando más de 40 muertos y casi 300 heridos, debería marcar un antes y un después en la política de infraestructuras en España. Esta no es una tragedia menor: es uno de los peores desastres ferroviarios en décadas y un desafío directo a la credibilidad del Estado en su obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Ante semejante catástrofe, la reacción política de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha sido profundamente decepcionante: más que exigir responsabilidades al Gobierno, se ha limitado a expresiones de “solidaridad” y elogiar a los servicios de emergencia, sin plantar cara ni pedir explicaciones contundentes al Ejecutivo del PSOE por la gestión de la red ferroviaria que ha fallado de forma tan dramática.

No es un acto de prudencia: es comodidad política. Mientras otros dirigentes han señalado la gravedad del accidente y la necesidad de respuestas claras, Feijóo ha optado por la moderación calculada, exactamente el tipo de tibieza que potencia la impunidad política. En lugar de exigir comparecencias urgentes en el Congreso y el Senado, auditorías externas, o incluso responsabilidades al ministro de Transportes por la gestión previa y posterior del incidente, el Partido Popular envió una carta solicitando “explicaciones” y pidiendo más “transparencia”. Eso es todo.

Es profundamente chocante ver a un líder de la oposición evitar poner en jaque al Gobierno cuando se está frente a un desastre que muestra posibles fallos estructurales en la seguridad ferroviaria. El papel de una oposición responsable no es limitarse a pedir calma, sino exigir rendición de cuentas, identificar fallas y proponer soluciones inmediatas. Feijóo no solo no lo ha hecho, sino que ha perpetuado el statu quo político: evitación, retórica blanda y silencio calculado.

Mientras los sindicatos ferroviarios preparan huelgas exigiendo responsabilidades penales por el deterioro de la red y por la falta de atención a las advertencias previas de los trabajadores —y mientras las familias de las víctimas piden una investigación de raíz— el líder del PP parece más preocupado por no perturbar la “unidad institucional” que por defender a quienes exigen justicia y seguridad real en las infraestructuras del país.

Esta posición no solo es políticamente cobarde, sino también moralmente difícil de justificar. Una tragedia de estas proporciones requiere respuestas fuertes, exigencia de responsabilidades y reforma inmediata de los mecanismos de supervisión. Feijóo, con su actitud prudente y su retórica débil, ha perdido una oportunidad histórica para demostrar liderazgo y abrazar la exigencia de rendición de cuentas que la sociedad demanda.

La hora de la política tibia ha terminado. La ciudadanía necesita dirigentes que, ante tragedias como la de Adamuz, se pongan del lado de las víctimas y de la transparencia, no del lado de los equilibrios partidistas y la pasividad calculada. Feijóo debe dejar de lado los discursos templados y asumir con fuerza una exigencia que va más allá de las palabras: responsabilidades políticas claras y mecanismos de control reales para que tragedias como esta no se repitan.

Exigía señalar errores, pedir comparecencias urgentes, reclamar responsabilidades políticas claras y advertir de que esto no puede volver a pasar sin consecuencias. Feijóo eligió otra cosa: el silencio cómodo, la crítica blanda, el perfil bajo.

Y cuando los líderes políticos fallan en estar a la altura, no fallan solo ellos. Falla la democracia.