Ayer recordamos el 27 de noviembre pasado, cuando Óscar Puente compareció ante los medios de comunicación para anunciar que España se colocaba a la cabeza mundial en transporte ferroviario de alta velocidad. Superando incluso a China, al incrementar la velocidad de los trenes desde los 300 km/h actuales hasta 350.

Ahora, desde el domingo 19 de enero a las 19:45 h, España es referencia de una tragedia que de momento ha ocasionado 45 fallecidos, además de numerosos heridos, sin saber cuál ha sido la causa precisa de la colisión entre dos trenes de alta velocidad en el tramo de Adamuz en Córdoba. Un siniestro que desde luego ha proporcionado a la población un interés preocupante hacia cuestiones técnicas vinculadas a ese transporte que actualmente ya utilizan más de 40 millones de pasajeros al año en nuestro país.

De momento, lo que sí sabemos es que los maquinistas venían denunciando reiteradamente problemas de vibraciones excesivas en tramos de diversas líneas de la gran infraestructura ferroviaria española, sin que al parecer la respuesta a las mismas por parte de Adif, el administrador estatal de Infraestructuras Ferroviarias, fuera ni la debida ni la necesaria. Ahora, tras el accidente de Adamuz, todo parece distinto, y los cambios de velocidad –y no precisamente para llegar a esos «350» anunciados– están a la orden del día.

Los maquinistas han convocado una huelga, como es sabido, exigiendo garantías de seguridad en las líneas, mientras en Cataluña, donde se ha producido un accidente con otro maquinista fallecido en el servicio de «rodalies» (cercanías), ayer fue el segundo día de un caos de movilidad sin precedentes en la comunidad. Y que, como era previsible, ya ha puesto a Junqueras y Puigdemont, ERC y Junts, en pie de guerra contra el Gobierno, al parecer, que, si existe, es gracias a su apoyo político y parlamentario.

Denunciando que «la gestión ferroviaria en manos españolas es la responsable de esta situación», exigiendo el traspaso total de la misma a Cataluña. Tampoco se olvide que la Generalitat está gobernada por Salvador Illa, hombre de total confianza de Sánchez, con un Gobierno apoyado por ERC con la oposición de Puigdemont, para tener una visión completa de esta situación.

El ministro responsable político de esa gestión es Óscar Puente, que va a tener que olvidarse de momento de su afición a crispar la política con su afición tuitera. Junto a Sánchez y el presidente de Adif tendrá que comparecer en el Congreso.

Entre tanto dolor e incertidumbre, la mascota «Boro» se ha convertido en una referencia, por la alegría dada a Ana y la prevista a su hermana embarazada y en la UCI.