AD.- Ya no es creíble hablar de incidentes aislados. Ya no es honesto refugiarse en la complejidad técnica ni en el comodín del “error humano”. Cuando los accidentes ferroviarios se repiten, cuando las alertas se acumulan y cuando los fallos son sistemáticos, el problema no está en la cabina del tren: está en el despacho del ministro.

El Ministerio de Transportes, bajo la dirección de Óscar Puente, ha fallado en lo esencial: garantizar la seguridad. Todo lo demás —relato, propaganda, confrontación política— es secundario. Y precisamente ahí está el núcleo del problema: se ha gobernado como si lo secundario fuera lo principal.

La cadena de errores es conocida, documentada y, lo que es más grave, tolerada.

Se ha tolerado una red ferroviaria con mantenimiento insuficiente en puntos críticos. Se ha tolerado la convivencia de sistemas de señalización mal coordinados. Se ha tolerado la presión política sobre horarios, inauguraciones y anuncios. Se ha tolerado ignorar advertencias técnicas porque estorbaban al discurso oficial.

Nada de esto ocurre por accidente. Ocurre cuando quien dirige el sistema decide mirar hacia otro lado.

Cada vez que se produce un siniestro, el ministerio activa el mismo mecanismo defensivo: minimizar, diluir responsabilidades, señalar hacia abajo. El trabajador, el fallo puntual, la circunstancia excepcional. Nunca la decisión estratégica. Nunca el diseño del sistema. Nunca la cadena de mando. Es una estrategia tan repetida como indigna.

Porque el error humano no explica un sistema que no protege del error humano, ni tampoco el fallo técnico explica por qué no había redundancias suficientes, ni la fatalidad nos aclara por qué las advertencias previas fueron ignoradas.

Eso sí lo explica la política.

Óscar Puente ha optado por un estilo de gestión basado en la confrontación constante, en la ocupación del espacio mediático y en el desprecio al crítico. Pero el ferrocarril no se gobierna a golpe de tuit ni de bronca partidista. Se gobierna con rigor, con silencio, con inversión sostenida y con respeto absoluto por la seguridad.

Aquí no ha habido esa cultura. Ha habido arrogancia política: la creencia de que nada grave ocurriría, de que siempre habría una excusa, de que el relato bastaría para tapar la realidad. Hasta que la realidad descarrila.

En cualquier democracia exigente, una sucesión de accidentes ferroviarios provoca dimisiones, ceses y una revisión profunda del modelo de gestión. Aquí, en cambio, se responde con victimismo, ataques a la oposición y una huida hacia adelante que roza la irresponsabilidad.

No se trata de pedir culpables penales. Se trata de exigir responsables políticos. Y el responsable último del sistema ferroviario tiene nombre, cargo y despacho.

Mientras el ministerio no asuma que ha fallado —y actúe en consecuencia—, cada promesa de seguridad será un acto de fe, no una garantía. Y cada tren que circule lo hará bajo una pregunta que ningún ciudadano debería hacerse jamás:

¿De verdad aprendieron algo, o solo están esperando a que pase el siguiente accidente?