Vagón del tren Iryio siniestrado en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo. La Guardia Civil está centrada ahora en analizar el vagón seis del tren Iryo, el primero que se descarriló en Adamuz.

AD.- El devastador accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde un tren de alta velocidad descarriló y colisionó con otro dejando más de 40 muertos y centenares de heridos, no es un hecho aislado ni una mera “anomalía técnica”. Es, antes que nada, el resultado de años de corrupción, negligencia y despilfarro de recursos en el Ministerio de Transportes, cuyos efectos mortales ahora se traducen en tragedias que podrían haberse evitado.

Las investigaciones preliminares han encontrado indicios de un defecto serio en la vía, con marcas que podrían corresponder a una rotura estructural en el raíl —en un tramo que había sido renovado recientemente con millones de euros públicos— y que no fue detectado ni corregido a tiempo.

Mientras el ministro intenta desviar la atención señalando incendios, robos de cable o la antigüedad de la flota, la realidad es que las inversiones millonarias en infraestructura han fallado en lo más básico: garantizar que las vías no se rompan bajo un tren.

Se ha gastado dinero en “renovaciones” que no resolvieron problemas de seguridad esenciales —fallos que solo se ponen de manifiesto cuando ya es demasiado tarde— y se sigue confiando en organismos ligados al propio Ministerio para investigar estos accidentes, pese a las recomendaciones europeas de establecer autoridades de investigación independientes.

La corrupción, un cáncer estructural

No es casualidad que la desconfianza y las acusaciones se vuelvan ensordecedoras.

Representantes políticos han denunciado que la corrupción está en el centro de estos problemas, con antiguos dirigentes implicados en tramas dentro del propio sistema ferroviario. En palabras de dirigentes políticos, “la corrupción mata”, y no se trata solo de palabras vacías: se refiere a decisiones de política, adjudicaciones, falta de mantenimiento real y gestión ineficiente que, juntas, degradan la seguridad pública.

Los sindicatos de maquinistas han convocado huelgas generales denunciando el “deterioro constante” de la red, la falta de medidas preventivas y la ausencia de protocolos serios de mantenimiento. No es una protesta menor: es la declaración de quienes cada día ven cómo la seguridad se sacrifica por ahorros mal gestionados y prioridades equivocadas.

¿Cuentas claras o más excusas? 

Los datos no engañan. El número de accidentes ferroviarios en España fue el más alto desde que existen registros oficiales (81 accidentes hasta octubre de 2024) bajo la gestión política actual. Eso no es casualidad, es consecuencia de políticas públicas fallidas que priorizan el marketing sobre la seguridad real.

El Ministerio de Transportes no está simplemente “fallando”. Ha fallado en lo más básico: proteger vidas humanas. La corrupción institucionalizada, la falta de transparencia, la mala gestión de recursos públicos y la ausencia de supervisión independiente han creado un cóctel letal que hoy se cobra vidas en las vías. Y mientras se busca un chivo expiatorio técnico, la pregunta fundamental permanece: ¿Quién pagará por estas muertes, si no se exige responsabilidad real a los que manejan el sistema desde arriba?