Lo ocurrido en Adamuz (Córdoba) —donde el choque de dos trenes de alta velocidad ha dejado 43 muertos— y los accidentes encadenados en Barcelona y Rodalies son más que una catástrofe ferroviaria: son el símbolo de un país que ha llegado a un momento límite en materia de seguridad, infraestructuras y responsabilidad política.

El paisaje del desastre

En cuestión de días, España ha vivido una “semana negra” de fallos ferroviarios: desde el choque mortal de trenes en Córdoba hasta la colisión de un convoy de cercanías con una pared de contención en Gelida (Barcelona), que también ha costado vidas y heridas graves.

Los maquinistas no se quedan callados. El sindicato mayoritario ha proclamado una huelga general en el sector acusando al Gobierno de permitir un “deterioro inadmisible” de las vías y de poner en riesgo deliberado la vida de pasajeros y trabajadores. Exigen, incluso, responsabilidad penal para quienes gestionan la infraestructura ferroviaria.

Una red ferroviaria que se descompone

Las cifras no mienten: desde que Sánchez ocupa La Moncloa, los accidentes ferroviarios investigados se han más que duplicado, pasando de 41 en 2018 a 97 en 2024 según registros oficiales.

La liberalización del sector, promovida por el Ejecutivo en los últimos años, ha aumentado el tráfico y la competencia, pero no la seguridad: los trenes circulan con más frecuencia y sobre unas infraestructuras que crujen bajo el peso del uso intensivo y el deficiente mantenimiento.

Peor aún: tras el último accidente, la empresa pública ADIF ha tenido que imponer restricciones de velocidad en varios tramos de la red, una señal de alarma que reconoce implícitamente que la infraestructura está en condiciones preocupantes.

Decisiones cuestionables y recortes de seguridad

La crítica no proviene solo de la oposición. Artículos de análisis y sectores especializados señalan decisiones políticas que han disuelto unidades de emergencia y prevención, reduciendo capacidades técnicas clave para evitar tragedias. Por ejemplo, en 2025 el ministro de Transporte suprimió la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis encargada de prever riesgos en infraestructuras ferroviarias.
Mientras tanto, en redes y círculos críticos se recuerda cómo el propio Gobierno ha tenido que retroceder en algunas de sus versiones oficiales, lo que agrava la percepción de incompetencia.

Crisis de liderazgo y fractura política

La tragedia ha roto la frágil “truce política” que mantenía el consenso mínimo tras los accidentes. Sectores de la oposición denuncian una gestión deficiente y precipitada, con acusaciones directas al Gobierno de haber subestimado los riesgos y respondido con retórica antes que con medidas efectivas.

En Cataluña, el colapso de Rodalies ha dejado 400.000 usuarios sin transporte ni alternativas reales, intensificando las quejas ciudadanas contra la falta de soluciones estructurales por parte del Estado.

Un país que ya no puede esperar

España, antaño modelo europeo en transporte ferroviario, hoy exhibe fallos graves en seguridad, mantenimiento e inversión. Los accidentes no son hechos aislados, sino el producto de años de desatención, decisiones políticas discutibles y una incapacidad para actualizar y proteger una red que transporta decenas de millones de pasajeros al año.

Esto no es solo una crisis del ferrocarril: es una crisis de confianza en las instituciones, en la gestión pública y en la capacidad de este Gobierno para proteger a quienes confían en el Estado para trasladarse seguros por su propio país.