El trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba, no puede contarse solo como un desastre aislado de la naturaleza o una fatalidad técnica imposible de prever. Lo sucedido —el descarrilamiento de un tren de alta velocidad que invadió la vía contraria y chocó con otro convoy el 18 de enero, dejando al menos decenas de muertos y cientos de heridos— es el resultado de años de desidia, falta de mantenimiento real y prioridades políticas distorsionadas que tienen nombre y apellidos: el Gobierno de España, liderado por el PSOE con Pedro Sánchez a la cabeza, y su gestión del transporte ferroviario.

Y es que cuando pones de consejeros en Renfe a porteros de puticlub, colocas a trabajar en Adif a putas a dedo, desoyes las denuncias de sindicatos de maquinistas y de técnicos de mantenimiento, no te importa gobernar tres años sin presupuestos, y por tanto sin nuevas inversiones en mantenimiento de infraestructuras, te lo llevas calentito con mordidas en contratos, y por si fuera poco, dedicas tu tiempo a tuitear y a tus movidas ideológicas… ¿Qué puede salir mal? 

La versión oficial insiste en que fue un accidente “raro” en una recta con vías recién renovadas y un tren relativamente nuevo, casi como si ese discurso técnico quisiera esconder algo más profundo: la incapacidad sistemática del Ejecutivo para garantizar la seguridad del servicio y responder ante infraestructuras críticas. ¿Cómo es posible que, en un tramo reformado recientemente, con una inversión millonaria en teoría ejecutada sin fisuras, ocurra un choque de esta magnitud? ¿Quién responde por las decenas de familias destruidas?

Los gobiernos, en democracia, no pueden escudarse en eufemismos técnicos cada vez que falla lo que ellos mismos han prometido como infraestructura de primera clase. La red de alta velocidad española ha sido promocionada como símbolo de modernidad, pero al final la propaganda se estrella contra la realidad cruda: la seguridad ha quedado embrutecida por la política partidista y la falta de supervisión efectiva.

Peor aún, la respuesta inicial no ha sido de humildad ni de contrición profunda: la comparecencia pública del ministro de Transportes habla de extrañeza, de misterio, como si el accidente hubiera ocurrido en Marte y no en una línea que transporta a miles de ciudadanos cada día. Esta insistencia en la versión técnica retórica dificulta ver la responsabilidad política y técnica que se debería asumir inmediatamente.

Y mientras el Gobierno pide paciencia y declara investigaciones, surgen voces políticas —no todas afines— que señalan lo evidente: este desastre no surge sin contexto. La oposición ha recordado que los problemas de gestión ferroviaria llevan tiempo acumulándose, con críticas por falta de inversión real en mantenimiento y sistemas de seguridad, y con una sensación generalizada de abandono de infraestructuras esenciales que no se traduce en hechos. Esta tragedia demuestra que la arquitectura institucional que debería proteger a los usuarios ha fallado estrepitosamente.

No se trata solo de lamentarse por un accidente; se trata de exigir responsabilidades políticas claras, efectos reales en la gestión de transporte y una revisión total del modelo de seguridad ferroviaria, para que ninguna familia tenga que vivir este horror otra vez.

Cuando el Estado no garantiza la seguridad de sus ciudadanos, deja de ser garante de sus vidas. El Gobierno debe responder por ello.