Sánchez gobierna como quien camina sobre hielo fino: cada paso es una concesión, cada semana un nuevo pago, cada votación un recordatorio de que el poder ya no se sostiene en un proyecto compartido, sino en una aritmética de supervivencia. Y ese método, que en Moncloa se vende como “política útil”, fuera se percibe como una claudicación constante ante quienes no quieren mejorar España, sino trocearla o vaciarla de sentido común.

Durante años se nos dijo que era inevitable: que había que “dialogar”, “desinflamar”, “normalizar”. Pero dialogar no es someterse, y normalizar no es premiar a quien tensó la cuerda.

Cuando el Gobierno acepta que la unidad nacional es una moneda de cambio —y que la igualdad entre españoles puede negociarse como si fuera una tarifa— lo que se erosiona no es una abstracción patriótica: se erosiona la confianza diaria del ciudadano en el Estado.

La gente no lee boletines; compara. Y cuando compara, concluye que hay territorios y partidos con privilegios, y otros con obligaciones. Esa sensación de agravio es gasolina política.