Musulmanes orando en una calle de París.

Álvaro Galán.- Europa vuelve a pontificar sobre el derecho internacional como si fuera su patrimonio moral exclusivo. Desde Bruselas, Estrasburgo o las capitales del viejo continente se dictan lecciones al resto del mundo sobre legalidad, fronteras, soberanía y derechos humanos. Sin embargo, esa retórica solemne choca frontalmente con una realidad incómoda: la Unión Europea ha demostrado una incapacidad estructural para hacer cumplir sus propias normas dentro de casa, empezando por el control de sus fronteras y la gestión de su futuro demográfico.

Resulta difícil tomarse en serio los discursos europeos sobre el respeto al orden internacional cuando la propia Europa ha renunciado, de facto, a decidir quién entra, quién se queda y en qué condiciones. No por fatalidad histórica, sino por decisiones políticas concretas, sostenidas durante décadas por élites que han confundido principios con ingenuidad y derechos con ausencia total de límites.

El derecho internacional no es solo un conjunto de declaraciones bienintencionadas; es también la defensa efectiva de la soberanía, del marco legal y del contrato social que sostiene a las democracias. Cuando los Estados europeos son incapaces de aplicar sus propias leyes migratorias, de ejecutar órdenes de expulsión o de exigir integración real dentro de su marco constitucional, el problema no es humanitario: es político.

Europa exige respeto a las fronteras ajenas mientras ha vaciado de contenido las suyas. Denuncia anexiones, invasiones y violaciones del derecho internacional, pero tolera una erosión interna de la legalidad que mina la confianza de sus propios ciudadanos. ¿Con qué autoridad moral se puede hablar de legalidad internacional cuando se ha normalizado la excepción permanente dentro del propio territorio?

El reemplazo demográfico acelerado que viven muchos países europeos no ha sido fruto de un debate democrático honesto, sino de una suma de omisiones, tabúes y miedo a confrontar la realidad. Se ha sustituido la política por la moralina, el gobierno por la gestión improvisada y el interés general por una narrativa que estigmatiza cualquier crítica como sospechosa.

No se trata de negar la dignidad humana ni los derechos fundamentales. Se trata de recordar que sin Estado de derecho no hay derechos que perduren, y que sin cohesión social no hay democracia que resista. Europa parece haber olvidado que el derecho internacional empieza por el respeto a la ley en casa.

Mientras no afronte esa contradicción, cada sermón europeo sobre legalidad global sonará vacío. No por cinismo externo, sino porque sus propias sociedades empiezan a percibir que quienes hablan en su nombre exigen al mundo lo que ya no se atreven a exigirse a sí mismos.