Ana María Vera.- Lo que Vox está intentando imponer en Extremadura no es una negociación política legítima, sino un ejercicio descarado de chantaje institucional. Con una representación limitada y sin haber ganado las elecciones, el partido de Santiago Abascal pretende ocupar una vicepresidencia autonómica como si los votos fueran fichas de casino y la gobernabilidad un botín de guerra.

No se trata de aportar estabilidad ni de asumir responsabilidades de gestión. Se trata, una vez más, de exhibir poder, de forzar una imagen de victoria que las urnas no les concedieron y de convertir las instituciones en un escaparate ideológico. Vox no quiere gobernar Extremadura; quiere marcarla, tensionarla y utilizarla como laboratorio político.

La exigencia de una vicepresidencia no responde a criterios de proporcionalidad ni de utilidad administrativa. Responde al manual habitual del partido: o se acepta su agenda y sus cargos, o se bloquea todo. Es la política del “o conmigo o contra mí”, profundamente irresponsable en una comunidad que necesita acuerdos serios, discreción y capacidad de gestión, no gestos teatrales para consumo mediático.

El resultado es evidente: cuanto más se enquistan las negociaciones, más oxígeno político recibe el socialismo. Vox podrá presentarse ante su electorado como un partido “firme” que no cede, pero en la práctica esa rigidez se traduce en un favor directo a Sánchez, que no necesita ganar cuando sus adversarios se empeñan en perder solos.

Resulta especialmente grave que Vox, un partido que desprecia abiertamente el Estado autonómico cuando le conviene, ahora reclame uno de sus puestos más relevantes. Para quienes consideran las autonomías un “despilfarro” o un “invento ideológico”, la vicepresidencia parece no molestar tanto cuando viene acompañada de despacho, sueldo y altavoz institucional.

Extremadura no merece ser moneda de cambio en la estrategia nacional de confrontación permanente de Vox. No merece convertirse en un titular más para alimentar la polarización, ni en un escenario donde se ensayen pulsos destinados a reforzar el liderazgo interno de un partido que vive de la crispación. Gobernar no es provocar; gobernar es gestionar, dialogar y asumir límites.

La paradoja es evidente: Vox exige poder ejecutivo mientras rehúye cualquier compromiso real con la gobernabilidad. Quiere mando sin responsabilidad, visibilidad sin trabajo, influencia sin consenso. Y lo hace, además, desde una posición de presión que ignora deliberadamente el mensaje de las urnas: no son la fuerza mayoritaria, ni mucho menos.

Aceptar este tipo de imposiciones no sería un gesto de pragmatismo, sino una claudicación peligrosa. Normalizar el chantaje político abre la puerta a que cualquier minoría parlamentaria se crea con derecho a secuestrar las instituciones. Hoy es una vicepresidencia; mañana será el bloqueo sistemático o la amenaza constante.

Extremadura necesita estabilidad, inversión, políticas públicas eficaces y respeto institucional. No necesita guerras culturales importadas, ni discursos inflamados desde el sillón de una vicepresidencia obtenida a base de presión. La política no puede convertirse en un pulso de testosterona ideológica mientras los problemas reales esperan soluciones.

Vox haría bien en decidir qué quiere ser: un partido que asume su peso real y colabora con responsabilidad, o un actor dedicado exclusivamente a dinamitar acuerdos para mantenerse en el foco. Lo que no puede pretender es gobernar como si hubiera ganado cuando no lo ha hecho.

Las instituciones no son trofeos. Y Extremadura no es un decorado para la propaganda.