El Gobierno de Pedro Sánchez ha cruzado una línea peligrosa para la igualdad entre españoles. Lo que comenzó como una supuesta estrategia de “diálogo” con el independentismo catalán se ha convertido en una cesión sistemática de privilegios políticos, económicos y jurídicos que quiebran el principio básico de cualquier democracia: la igualdad ante la ley y la solidaridad entre territorios.

Cataluña no es tratada como una comunidad autónoma más, sino como un socio extorsionador al que hay que pagar permanentemente para que el presidente del Gobierno pueda seguir en La Moncloa. Amnistías a medida, condonaciones de deuda, promesas de financiación singular y transferencias de competencias que el resto de comunidades ni siquiera pueden soñar no responden al interés general, sino a la aritmética parlamentaria más cínica.

La amnistía es el ejemplo más obsceno de esta deriva. Se borran delitos no por justicia, ni por reconciliación real, sino porque unos votos en el Congreso valen más que el Estado de derecho. El mensaje es devastador: quien desafía la ley, si tiene poder político suficiente, acaba siendo premiado. Quien la cumple, paga.

En el terreno económico, el agravio es igual de sangrante. Mientras comunidades infrafinanciadas sostienen servicios públicos con enormes dificultades, Cataluña ve cómo se le promete un trato fiscal diferenciado que rompe la caja común. Se socializan las pérdidas y se privatizan los privilegios. El esfuerzo de millones de ciudadanos se utiliza para comprar la lealtad de unas élites políticas que jamás han ocultado su desprecio por España.

Todo esto se hace, además, en nombre de una supuesta “convivencia” que no existe. El independentismo no ha renunciado a nada: ni a la ruptura, ni al relato de agravio, ni al señalamiento constante del resto del país. Sánchez no ha pacificado Cataluña; ha institucionalizado el chantaje.

La pregunta ya no es qué más va a conceder el Gobierno, sino qué queda en pie del proyecto común. Un Estado que negocia su legalidad a cambio de mantenerse en el poder deja de ser un Estado fuerte para convertirse en un rehén. Y una democracia que acepta privilegios territoriales por conveniencia política está condenada a la desafección y al conflicto.

Gobernar no es resistir a cualquier precio. Y menos aún hacerlo sacrificando la igualdad, la ley y la dignidad institucional. Cataluña merece respeto, como todas las comunidades. Privilegios, ninguno. Y mucho menos a costa del resto de España.