Llevamos tiempo comentando la evidente necesidad de un “rearme moral” occidental, mucho más necesario que de uno exclusivamente militar, como instrumento necesario para evitar la guerra. Pero lo que no esperábamos es que ese rearme moral lo solicitara el mismo sanchismo.

Así ha sido por boca del ministro Albares, titular de la cartera de Asuntos Exteriores, cuando argumentaba la voluntad del Gobierno de enviar efectivos militares a Ucrania -a lo que también añade ahora a “Palestina”, que se supone se refiere a Gaza- cuando se consiguiera un acuerdo de paz. Su argumento lo ha basado en la necesidad de respetar el derecho internacional que considera violado y amenazado por Trump.

Ciertamente un rearme moral sería beneficioso para la humanidad ahora y siempre y en cualquier otra situación, pero la cuestión es que plantearlo por parte del sanchismo como “garantía de cumplimiento del orden jurídico internacional” resulta llamativo y original. Ante todo porque el sanchismo más que un rearme moral necesita primero tener algún nivel de moralidad en su actuación política.

Si la conducta de Trump genera preocupación en la UE por su actuación en Venezuela y su posición sobre Groenlandia, no es menos cierto que el nivel moral europeo no está para dar lecciones a nadie. Y, por supuesto, dentro de la UE el nivel moral del gobierno sanchista, como es público y publicado, es “manifiestamente mejorable”. Y sería muy oportuno que, además de preocuparse de preservar el “orden jurídico internacional”, el sanchismo se ocupara de preservar el “orden jurídico nacional” que tiene en la Constitución su principal regulación. Y que en su artículo 2º declara que tiene su fundamento en “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”

Quizás, con ocasión de su encuentro de ayer con el líder de ERC Oriol Junqueras en la Moncloa para suplicarle que le permita seguir un tiempo residiendo ahí, podría haber recordado que el orden jurídico de España tiene en su “indisoluble unidad” su fundamento. Y que, por tanto, lo que hicieron sus estrechos aliados en 2017 y de lo que no se arrepienten -y que junto a su colega Puigdemont afirma Junqueras que “lo volverían a hacer”- es algo incompatible con haberles indultado y amnistiado y que encima tengan el gobierno de España en sus manos.

La respuesta de las demás CCAA a esa financiación “singular” prometida para Cataluña con 4.700 millones de euros como anticipo ha sido la normal a la espera de negociar todas ellas una reforma del sistema de financiación autonómica no singular, sino común para las 15 autonomías sin cupo. La solidaridad interterritorial y el orden jurídico nacional sanchista.