Karina Mariani.- El escándalo de corrupción que hunde a Minnesota no es sorpresivo ni un conjunto desafortunado de casos aislados. Es la culminación lógica y predecible de un experimento social que ha llegado a su punto de quiebre. Durante décadas, este experimento se presentó como la prueba viviente de que el Estado de Bienestar soportaba cualquier nivel de expansión con la promesa de que podía gestionar con eficiencia la redistribución masiva de recursos. Hoy, esa utopía estalla por el aire.

Ofuscado por los datos que no paran de revelarse, el presidente ha calificado a Minnesota como un centro de actividades fraudulentas, y aunque la frase suena a hipérbole, los números respaldan sus acusaciones. Nos encontramos ante el saqueo sideral y sistemático, facilitado por una clase política que, de lo menos que puede ser acusada es de incompetente, aunque es muy difícil pensar que no fuera mayoritariamente cómplice. Con la vileza de usar la compasión como mascarada, optó por la parálisis y la complacencia antes que por la rendición de cuentas.

Los republicanos de la Cámara de Representantes han iniciado investigaciones sobre la gestión del gobernador demócrata Tim Walz, y el Departamento del Tesoro examina si fondos públicos terminaron financiando a Al Shabaab, la filial de Al Qaeda. Mientras tanto, los fiscales federales continúan presentando nuevos cargos contra decenas de presuntos estafadores. La magnitud del desastre es tal que ya ni los medios más comprometidos con la defensa del Partido Demócrata pueden ignorarla, y las implicaciones trascienden Minnesota para convertirse en una advertencia sobre el futuro institucional, económico y político de cualquier estado que siga este camino.

Hace tres años, los fiscales federales presentaron los primeros cargos en lo que describieron como el mayor fraude pandémico en Estados Unidos. El esquema de cientos de millones de dólares, que ahora incluye a más de 75 acusados, giraba en torno a una organización sin fines de lucro llamada Feeding Our Future que se asoció con el Departamento de Educación de Minnesota y el Departamento de Agricultura federal para distribuir comidas a niños necesitados.

La mecánica del fraude era pueril. Durante la pandemia, según la acusación, Feeding Our Future y sus centros de distribución afiliados presentaron hojas de recuento falsas y facturas inventadas para hacer creer a las autoridades que habían distribuido alimentos a miles de niños, cosa que no ocurría. Se estima que, presumiblemente, esta mafia recaudó millones en comisiones administrativas por distribuciones fantasmas y recibió sobornos de quienes dirigían los centros.

Los números deberían haber encendido todas las alarmas: Feeding Our Future pasó de recibir 3.4 millones de dólares en fondos federales en 2019 a casi 200 millones en 2021. Un crecimiento exponencial en dos años. En cualquier institución seria o mercado competitivo, semejante explosión habría desencadenado auditorías exhaustivas. Pero en el paraíso del gasto público de Minnesota, estas cifras se procesaron sin mayor escrutinio. ¿Por qué no se destapó este escándalo antes? ¿Por qué el descalabro no fue protagonista de la última campaña presidencial, en la cual, por cierto, el mayor responsable “políticamente hablando” pretendía convertirse en vicepresidente? Es más: ¿cómo Kamala Harris no hizo una pequeña investigación antes de elegir a un candidato a vicepresidente tan profundamente incapaz?

¿Por qué no se destapó este escándalo antes? ¿Por qué el descalabro no fue protagonista de la última campaña presidencial, en la cual, por cierto, el mayor responsable “políticamente hablando” pretendía convertirse en vicepresidente? Es más: ¿cómo Kamala Harris no hizo una pequeña investigación antes de elegir a un candidato a vicepresidente tan profundamente incapaz?

Una investigación de la Oficina del Auditor Legislativo concluyó que el Departamento de Educación de Minnesota generó oportunidades de fraude al no actuar ante señales de alerta evidentes ni investigar quejas. Pero la razón de esta parálisis es reveladora: los funcionarios le tenían miedo a Feeding Our Future porque ante intentos previos de supervisión respondía acusando a los denunciantes de discriminación racial y de privar de alimentos a niños necesitados.

Aquí yace un tema clave respecto del Estado de Bienestar, su sobredimensionado tiende al infinito y la narrativa buenista que lo sostiene y justifica genera incentivos perversos que lo vuelven incapaz de defenderse. La acusación de racismo se convirtió en un escudo impenetrable contra cualquier fiscalización y los funcionarios públicos eligieron el camino de menor resistencia política mientras decenas de millones se evaporaban.

Feeding Our Future expuso una cascada de vulnerabilidades sistémicas en Minnesota. Recientemente, se cerró un programa diseñado para ayudar a personas mayores y con discapacidades a encontrar vivienda después de “descubrir” un fraude a gran escala y los fiscales federales acusaron a ocho personas de defraudar al programa al inscribirse como proveedores y presentar millones en facturas falsas e infladas. El gasto en el programa se disparó a más de 100 millones de dólares el año pasado, a pesar de estimaciones iniciales de que costaría alrededor de 2.6 millones anuales. Un incremento descomunal que aparentemente no generó ninguna revisión seria hasta que el colapso fue inevitable.

Pero el caso más perverso es el de los servicios para niños con autismo. Las reclamaciones a Medicaid relacionadas con autismo en Minnesota experimentaron un crecimiento que desafía toda lógica médica.

Simultáneamente, el número de proveedores de atención para niños con autismo en el estado creció de 41 a 328 en un corto período. Presuntamente se pagaban sobornos a padres que aceptaban inscribir a sus hijos como autistas, inventando empresas que operaban en locales deteriorados, si es que operaban en un lugar físico real. Muchos en la comunidad somalí establecieron sus propios centros de tratamiento, citando la necesidad de «programación culturalmente apropiada». Para cuando se descubrió el esquema de fraude, se reportaba que uno de cada 16 niños somalíes de cuatro años había sido diagnosticado con autismo, una tasa que sólo puede explicarse por diagnósticos fraudulentos y una carencia de escrúpulos repugnante.

El YouTuber Nick Shirley documentó esta desvergüenza visitando centros que recibían millones para atender niños pero que no mostraban ningún signo de actividad. El Quality Learning Center en el sur de Minneapolis ni siquiera había escrito correctamente su nombre en el cartel. Cuando Shirley se acercó, una mujer gritó «No abran», afirmando que se trataba de agentes de ICE. Decenas de escándalos de fraude han surgido desde que Walz es gobernador. La estimación más reciente sugiere que miles de millones de dólares pueden haber sido robados. Un saqueo sistemático.

La cuestión de que la mayoría de las personas acusadas por estos casos son de la comunidad somalí se ha convertido en una verdad incómoda. Algunos medios han explicado que esto se debe a que los estafadores a menudo se aprovechan de la ignorancia y falta de integración de la comunidad para reclutar a amigos y familiares en sus programas fraudulentos. Aparentemente, las redes de fraude aprovechan las estructuras de lealtad de clan para su beneficio.

Las redes de estafa han cultivado vínculos estrechos con funcionarios. Varias personas involucradas habrían sido donantes o activistas de la representante Ilhan Omar, la congresista somalí de Minneapolis cuyo patrimonio también experimentó un crecimiento geométrico. El subdirector de distrito de Omar, Ali Isse, abogó por los cuestionados programas. Omar Fateh, exsenador estatal que recientemente se postuló a la alcaldía de Minneapolis, presionó al gobernador Walz para que los apoyara. Uno de los acusados, Abdi Nur Salah, fue asesor principal del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. ¿Ya estamos prestando atención?

Al-Shabaab: ¿el Estado de Bienestar financia el terror?

Pero lo que eleva estos fraudes de un escándalo fiscal a una crisis de seguridad nacional es el destino del dinero robado. Scott Bessent, anunció que su departamento investigará si fondos de programas de asistencia pública de Minnesota llegaron a Al Shabaab, la filial de Al Qaeda en Somalia. Estas acusaciones han circulado durante años. Las redes de fraude somalíes han enviado enormes sumas de remesas desde Minnesota. Sólo en 2023, la diáspora somalí envió 1,700 millones de dólares a Somalia, una cifra altísima si se la compara con el presupuesto del gobierno somalí para ese año. Parte de este dinero se habría dirigido a Al-Shabaab a través de una red de «hawalas», intermediarios informales de dinero basados en clanes.

Las fuerzas del orden federales consideran desde hace tiempo el barrio de Little Mogadishu en Minneapolis un foco de reclutamiento terrorista. En 2015, un informe del grupo de trabajo de Seguridad Nacional reveló que Minnesota lideraba el país en cuanto a número de estadounidenses que se habían unido o intentado unirse a ISIS. De los estadounidenses que lo hicieron, casi la mitad provenían de Minnesota. En este contexto, Trump anunció el fin de las protecciones temporales contra la deportación para somalíes, afirmando que las pandillas están aterrorizando a la gente y Somalia es hoy uno de los 19 países enfrentando prohibiciones de viaje casi totales y suspensión de solicitudes de inmigración.

Pero hay una dimensión que agrava la conexión de todos estos elementos: la manipulación del sistema electoral para perpetuar el fraude. Bajo la normativa vigente, Minnesota ha elevado drásticamente el límite del mecanismo de «vouching», permitiendo ahora que un solo votante registrado responda bajo juramento por la elegibilidad de otros ocho individuos, quienes quedan automáticamente exentos de presentar identificación o prueba de domicilio para votar. La gravedad del mecanismo escala exponencialmente en la cláusula para instalaciones residenciales como asilos o refugios, donde la ley elimina cualquier tope numérico para el personal acreditado, otorgando a un solo empleado la potestad legal de validar la identidad y residencia de una cantidad ilimitada de ocupantes sin que estos muestren un solo documento.

El diseño institucionaliza un desenfreno que permite a activistas o personal politizado habilitar legalmente cientos de votos sin fiscalización documental real. En un estado donde el fraude del sistema de protección ha sido documentado en escala masiva, donde empresas fantasma operan desde direcciones ficticias, y donde las redes comunitarias-tribales han demostrado capacidad para coordinar esquemas de estafa multimillonarios, este sistema electoral es una invitación abierta al fraude electoral. Si el Estado no puede proteger sus programas sociales tampoco podría proteger la integridad de sus elecciones.

El Patrón Global: Suecia, Irlanda y el fracaso replicado

Minnesota no es un caso aislado sino un patrón que se replica dondequiera que Estados de Bienestar choca con inmigración de culturas con valores y normas radicalmente distintas. El fraude a la asistencia social no es un problema de inmigración per se. Es su sobredimensión e ideología lo que lleva necesariamente a su corrupción y uso político.

En Suecia, 375 millones de dólares en fondos de bienestar social fueron desviados por bandas criminales extranjeras. Una investigación gubernamental ha revelado cómo el Estado de Bienestar sueco ha sido secuestrado por bandas criminales que han estado recibiendo ayudas estatales durante años, desde falsos subsidios por enfermedad hasta prestaciones por desempleo, financiando sus imperios de tráfico de drogas, extorsión y violencia brutal. Más de 100 millones de dólares fueron robados por imanes vinculados a la Hermandad Musulmana que dirigían escuelas privadas y jardines de infancia antes de huir del país. Y, oh casualidad, parte del dinero fue a parar a clubes sexuales en Somalia según una investigación del diario Expressen.

En Irlanda, una investigación sobre centros de cuidado infantil reveló que 7 de las 10 empresas mejor pagadas responsables de cuidar a niños vulnerables son operadas por inmigrantes africanos o musulmanes, con documentos falsificados utilizados para obtener sumas de hasta un millón de euros por año por niño. El denominador común es la estructura: Estados de Bienestar diseñados bajo premisas de alta confianza social, aplicados a poblaciones con lealtades primarias externas al Estado, administrados por burocracias inútiles, polarizadas y buenistas.

Esto es lo que sucede cuando una mentalidad tribal se encuentra con una burocracia arrogante, culposa y llena de prejuicios y creencias de lujo por las que obliga a pagar al sacrificado contribuyente. Cada dólar que el Estado extrae en impuestos puede ser capturado, desviado, robado. Cada programa nuevo es una oportunidad adicional para el fraude. Cada capa burocrática es otra instancia donde la corrupción puede florecer sin consecuencias.

El progresismo no produce justicia social sino corrupción sistémica y la erosión de las normas cívicas que hacen posible el sistema democrático. Un Estado pequeño, con impuestos bajos, que no pretenda administrar la vida de los ciudadanos no genera las condiciones para el fraude masivo. La lección es que mientras existan el dinero de los contribuyentes y los incentivos para usurparlo, siempre habrá alguien dispuesto a tomarlo. Es el Estado de Bienestar, estúpido.