El papa Pío XI aborda la cuestión de si los gobiernos civiles pueden ejercer un monopolio total de la autoridad política dentro de sus fronteras. (X)

Ryan McMaken.- Diciembre de 2025 marca el centenario de la encíclica Quas Primas del papa Pío XI, de 1925, que estableció la fiesta de Cristo Rey. Hoy en día, esta fiesta suele ser conmemorada por clérigos mediocres y cobardes mediante llamamientos a abrazar metafóricamente a Jesucristo como rey y a que «reine en nuestros corazones».

Ese tipo de cosas tienen su lugar, pero cuando leemos el documento de Pío XI, queda claro que Pío pretendía algo mucho más político que la interpretación estrictamente espiritual que muchos le dan hoy en día.

En la encíclica, Pío destaca que el gobierno ideal es algo totalmente distinto de los gobiernos civiles temporales, provisionales y corruptos que gobiernan la tierra por el momento. Del mismo modo, la tradición cristiana occidental ha contrastado durante mucho tiempo a los gobernantes civiles imperfectos y fácilmente corruptibles con el gobierno perfecto de Dios. Desde este punto de vista, Dios tolera los gobiernos civiles como una realidad provisional y efímera, pero estos gobiernos humanos siguen siendo formas degradadas del ideal y deben estar necesariamente sujetos a un poder externo (y metafísico).

Basándose en esta tradición política occidental, Pío reitera y recapitula las formas en que el cristianismo en Occidente había impuesto durante mucho tiempo limitaciones a los gobiernos civiles y al Estado.

En el centro de esto se encuentra el hecho de que, en el ámbito del gobierno civil, el gobierno divino y el gobierno humano no se cruzan. Pero, escribe Pío:

“Por otra parte, sería un grave error decir que Cristo no tiene ninguna autoridad en los asuntos civiles, ya que, en virtud del imperio absoluto sobre todas las criaturas que le ha confiado el Padre, todas las cosas están en su poder. Sin embargo, durante su vida en la tierra se abstuvo de ejercer dicha autoridad y, aunque él mismo desdeñaba poseer o cuidar los bienes terrenales, no interfirió, ni lo hace hoy, con quienes los poseen. Non eripit mortalia qui regna dat caelestia. [‘No arrebata las cosas mortales quien da los reinos celestiales’*].

Desde este punto de vista, el poder de Dios no se ejerce como poder político directo, sino a través de la «realeza social» que gobierna las instituciones centrales de la sociedad civil, especialmente la familia. Según esta visión, el poder político legítimo y justo solo puede ejercerse correctamente cuando quienes ocupan puestos de liderazgo en la sociedad civil viven y gobiernan de acuerdo con la ley natural y divina. Como señala San Agustín, gobernar de otra manera es gobernar a los demás como piratas y ladrones.

En otras palabras, el reino perfecto de Dios, que no puede ser aproximado ni recreado por los hombres, tiene en su centro una ley divina y natural inmutable, a la que todos los gobiernos civiles deben ajustarse para ser legítimos.

Es importante destacar que este modelo garantiza que ningún gobierno civil pueda declararse legítimamente como poseedor del «mandato del cielo» o digno de veneración religiosa —como han hecho muchos despotismos antiguos y orientales.

En su historia del pensamiento político occidental, el historiador Ralph Raico identifica este contraste entre el gobierno humano y el gobierno divino como fundamental para la idea occidental de libertad y poder gubernamental limitado. Se trata, según Raico, del contraste entre la «ciudad de Dios» y la «ciudad del hombre». Raico señala además que esta idea fue popularizada y resumida por Agustín en la Antigüedad tardía:

Con San Agustín tenemos un interesante desarrollo en su obra sobre la ciudad de Dios. Esto se ha denominado la desacralización del Estado. En el Imperio Romano, Roma era un dios con los sacrificios y obligaciones religiosas particulares debidos a este dios, que representaba al Estado romano.

En contraste con la ciudad del hombre, lo importante es la ciudad de Dios. Como nuestra morada definitiva y permanente, la ciudad de Dios es infinitamente más importante que la ciudad del hombre, desacralizando así el Estado, que había sido considerado divino por los romanos.

Los romanos posteriores, por supuesto, divinizaron a sus propios emperadores y a menudo consideraban al Estado romano como un Estado arquetípico e ideal. E incluso antes de esto, muchos Estados y reinos antiguos establecieron mitos de creación para sus Estados, como el mito de que Roma fue fundada por Rómulo, el hijo de un dios.

En el Occidente cristiano no existe ningún equivalente a esto, ya que el propio Cristo declara que «mi reino no es de este mundo» y, además, identifica a Satanás como «el príncipe de este mundo», que será derrocado por Dios mismo y no por ningún poder humano.

Por lo tanto, ningún gobierno civil puede afirmar que ha sido fundado por ningún dios, ni ninguna autoridad civil puede afirmar que está estableciendo la justicia perfecta. O, para utilizar una frase de Eric Voegelin, ningún Estado puede reclamar la prerrogativa de «inmanecer el eschaton».

Sin embargo, cuando el gobierno civil ya no se ajusta a la ley natural y divina, y por lo tanto rechaza la realeza social de Cristo, no puede haber bien común y la autoridad del gobierno civil cesa. Es decir, no puede haber un gobierno político legítimo porque se abandona la base de esa autoridad: la adhesión a la ley natural. O, como dice Pío, cuando los caprichos de los gobernantes políticos sustituyen a la ley divina y natural,

se ha eliminado la base misma de esa autoridad [civil], porque se ha eliminado la razón principal de la distinción entre gobernante y súbdito. El resultado es que la sociedad humana se tambalea hacia su caída, porque ya no tiene una base segura y sólida.

¿Hasta dónde llegan los poderes de los gobiernos civiles?

Hacia el final de la encíclica, el papa Pío aborda la cuestión de si los gobiernos civiles —que en la época de Pío habían evolucionado hasta convertirse en Estados modernos— pueden ejercer un monopolio total de la autoridad política dentro de sus fronteras. O, dicho de forma más específica: ¿pueden los gobiernos civiles gobernar sobre la Iglesia?

En la época de Pío, esta era una cuestión de importancia práctica y oportuna, ya que la llamada «cuestión romana» aún no se había resuelto. Es decir, tras el colapso de los Estados Pontificios, el Estado italiano reclamó la jurisdicción sobre el Papa. Sin embargo, el Papa no reconoció esta autoridad, basándose en opiniones centenarias sobre el gobierno civil anteriores al surgimiento del Estado moderno.

En este contexto, Pío afirma:

“La Iglesia, fundada por Cristo como una sociedad perfecta, tiene un derecho natural e inalienable a la libertad y la inmunidad perfectas frente al poder del Estado; y que, al cumplir la tarea que Dios le ha encomendado de enseñar, gobernar y guiar hacia la felicidad eterna a quienes pertenecen al reino de Cristo, no puede estar sujeta a ningún poder externo”.

Como señala Raico, esta visión del poder estatal se remonta al menos a San Ambrosio en el siglo IV, cuando Ambrosio se negó a permitir que el emperador Teodosio entrara en la catedral de Milán. Ambrosio describió el intercambio en su carta a Marcelina:

No es lícito que nosotros la entreguemos ni que Su Majestad la reciba. Ninguna ley le permite violar la casa de un hombre privado, ¿y cree que se puede quitar la casa de Dios? Se afirma que todas las cosas son lícitas para el emperador, que todas las cosas son suyas, pero no cargue su conciencia con la idea de que tiene algún derecho como emperador sobre las cosas sagradas. Está escrito: lo que es de Dios, a Dios; lo que es del César, al César. El palacio es del emperador. Las iglesias son del obispo.

Esto marcó la pauta de las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante los siguientes mil años. Gracias en parte a la negativa de la Iglesia a reconocer la autoridad del Estado sobre todas las instituciones y propiedades dentro de sus fronteras, los gobiernos civiles se enfrentaron a una inmensa oposición institucional a los intentos de los gobiernos de establecer un verdadero poder estatal monopolístico.

De hecho, como muestra Raico, este conflicto entre la Iglesia y el Estado sobre los poderes del gobierno civil constituyó en gran medida la base del respeto occidental por la propiedad privada y la descentralización política como medio para limitar el poder del Estado. Al fin y al cabo, si las autoridades civiles tenían poderes limitados sobre las iglesias, ¿no podrían otras organizaciones buscar protecciones similares? El resultado fue lo que constituyó la base de las libertades políticas occidentales: un sistema de contratos y soberanía localizada que negaba a las autoridades civiles el «derecho» a confiscar la propiedad ajena. Cuando Ambrosio declaró al emperador que «ninguna ley» le daba derecho a «violar la casa de un hombre privado», anticipó el concepto de propiedad privada tal y como se desarrolló en el pensamiento político occidental.

Al seguir a Ambrosio y afirmar que la Iglesia estaba protegida del control estatal, Pío, sin embargo, suena irremediablemente anticuado. En 1925, por supuesto, el Estado moderno había alcanzado casi su apogeo, y la mayoría de los Estados europeos habían consolidado plenamente su poder sobre todas las instituciones dentro de las fronteras de cada Estado. Muchos Estados incluso habían creado sus propias iglesias estatales, que estaban bajo el dominio directo del monarca del Estado.

Sin embargo, al aferrarse a un modelo más antiguo de poder limitado para los gobiernos civiles, Pío evocaba una Europa muy diferente. En 1925, Europa aún se estaba recuperando de las cenizas sociales y políticas de la Primera Guerra Mundial —una guerra que contribuyó a consolidar el poder estatal y a acabar con todos los vestigios institucionales de la antigua Europa, donde el poder estatal era más limitado. La Europa de antaño parecía bastante mejor en comparación, sobre todo porque, en 1925, el socialismo y el fascismo parecían ser el futuro de Europa. Tras más de un siglo de «Ilustración» en Europa, la ley natural había quedado eclipsada y el «Estado total» era el futuro.

Muchos de estos nuevos y modernos regímenes afirmarían, de hecho, ser capaces de gobernar con total independencia de conceptos «anticuados» como la ley natural o el poder estatal limitado. La nueva Europa se creía plenamente capaz de crear una nueva ciudad de Dios a su imagen y semejanza. El resultado fue la Segunda Guerra Mundial y décadas de totalitarismo.