Hay una hipocresía estructural, ya no coyuntural, en la manera en que Estaso Unidos decide quién es un dictador tolerable y quién debe ser extraído, juzgado o exhibido como trofeo moral.

Se justifica la captura o extradición de Nicolás Maduro porque “inunda Estados Unidos de toneladas de cocaína”, mientras al mismo tiempo se protege, se financia y se blinda diplomáticamente a Marruecos, un aliado estratégico que es una de las principales puertas de entrada del hachís y de la cocaína en Europa. No es una contradicción menor: es la prueba de que el discurso antidroga es selectivo, instrumental y profundamente cínico.

Bélgica y los Países Bajos llevan años alertando de que partes enteras de su territorio funcionan ya como narcoestados de facto. Puertos como Amberes o Róterdam han sido colonizados por redes criminales vinculadas a la llamada mocromafia, con asesinatos a plena luz del día, jueces y periodistas amenazados, y una capacidad de corrupción que socava el Estado de derecho. Nadie ignora que buena parte de esa droga procede de Marruecos.

Sin embargo, ese origen parece quedar convenientemente fuera del foco cuando afecta a un “socio fiable”, a un guardián de fronteras al que se le ha delegado el trabajo sucio de frenar migrantes y hacer de tapón geopolítico, aunque lo de frenar la inmigración sea simbólico, porque las costas del sur de España lo pueden corroborar.