Abascal durante la campaña en Extremadura.

Ana María Vera.- Las recientes elecciones autonómicas en Extremadura dejaron claro un mensaje de los ciudadanos: daban una oportunidad de cambio real tras la hecatombe del PSOE. Aunque sin mayoría absoluta, el Partido Popular (PP) ganó con una enorme ventaja sobre el partido de Sánchez. Por vez primera en Extremadura, un partido conservador sumaba más escaños que el resto de formaciones de izquierda. Por este motivo, al PP solo le bastaría la abstención de Vox —con un crecimiento significativo de escaños— para que María Guardiola sea investida presidenta de la región. Pero lejos de actuar con sentido de Estado o responsabilidad pública, el partido verde está optando una vez más por bloquear acuerdos y poner condiciones imposibles o extravagantes, transformando la negociación política en un acto de chantaje ideológico. Y es que no nos engañemos: Vox sabe que nunca obtendrá una mayoría suficiente para erigirse en alternativa de gobierno. Su plan consiste en evitar que lo haga el principal partido de la derecha, aún cuando ello favorezca la expectativas de Sánchez de continuar al frente del gobierno.

En vez de jugar un papel constructivo y apoyar, guste o no, al único partido que hoy por hoy000 puede derrocar a Sánchez, Vox ha convertido Extremadura en peón de una estrategia nacional basada en el maximalismo: exigir posiciones, programas y control de instituciones sin asumir ninguna responsabilidad ejecutiva real. Esta postura no solo dilata la formación de un gobierno estable, sino que también hiere de muerte la confianza de muchos ciudadanos en la política como herramienta de soluciones.

La insistencia de Vox en bloquear acuerdos esenciales en algunas comunidades y ayuntamientos presididos por el PP—incluidos los presupuestos fundamentales para servicios públicos, inversiones y políticas sociales— ha empujado a los presidentes de Aragón y Castilla y León a convocar elecciones este año. Un recurso político el de Vox que, si bien legal, es sintomático de un fracaso profundo de la clase política: cuando quienes pueden facilitar la gobernabilidad prefieren priorizar su narrativa ideológica antes que el interés general.

Más preocupante aún es que Vox parece cómodo en la “gresca” y en poner palos en la rueda, como la propia Guardiola ha señalado, recordando las múltiples veces que su grupo parlamentario ha votado en contra o bloqueado iniciativas sociales y presupuestarias importantes.

El comportamiento de Vox en Extremadura no es un acto aislado, sino parte de una estrategia más amplia: tratar de ampliar su influencia política incluso a costa del derrocamiento de la mafia sanchista. Cuando un partido se siente fortalecido por campañas de confrontación y se niega a colaborar en la gestión efectiva de una comunidad, está renunciando a la esencia de la política: el compromiso y la responsabilidad.

Si la formación de Abascal realmente creyera en la democracia parlamentaria, no estaría exigiendo concesiones programáticas sin ofrecer algo equivalente a cambio. La consecuencia de esta táctica es evidente: parálisis institucional y desgaste de la legitimidad política, que solo beneficia a quienes capitalizan el descontento, pero deja a la sociedad extremeña sin respuestas a problemas reales.

Vox ha optado por ser el partido del obstáculo, no el del progreso. En lugar de facilitar soluciones para una comunidad que sufre desde hace décadas, ha privilegiado un bloqueo táctico que pone en riesgo el bienestar de miles de extremeños. Esta conducta debería ser objeto de reflexión profunda por parte de sus votantes: ¿quieren un Vox que recibe poder solo para paralizar decisiones importantes? Porque si algo ha quedado claro es que el bloqueo de Vox al PP no es una estrategia de gobierno, es una estrategia de desgaste político que favorece la narrativa del sanchismo.