Estanislao de Kostka Fernández.- El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas. Horas después, la Administración Trump selló las fronteras diplomáticas contra quien era considerado uno de los últimos aliados occidentales del régimen: José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España.

La orden fue tajante: cualquier negociación con Zapatero sobre el futuro político de Venezuela quedaba cancelada. Para entonces, el Distrito Sur de Nueva York ya llevaba meses investigando si el expresidente español había recibido pagos del régimen chavista en contraprestación por una “mediación” que Washington considera más bien una operación de legitimación internacional.

Lo que comenzó como sospechas vagas en 2021, cuando el exjefe de inteligencia venezolana Hugo Carvajal reveló ante tribunales españoles que Zapatero cobraba de Maduro, se ha convertido en una arquitectura de acusaciones que van desde Washington hasta Madrid. Y en el centro de esa red, además de Zapatero, aparece la figura de Pedro Sánchez.

Lo que sigue, respetando la presunción de inocencia, son realidades fundamentadas en declaraciones judiciales, testimonios bajo juramento, documentación interceptada por la Guardia Civil, noticias publicadas en los Estados Unidos de América y revelaciones de testigos clave. Todo ello configura un entramado de sospechas de financiación irregular que vincula al expresidente, al presidente actual y a un régimen que la comunidad internacional describe como narco dictadura.

La investigación en el Distrito Sur de Nueva York apunta a un nombre claro: Zapatero es un “colaborador necesario” del régimen Maduro. Esto no significa narcotraficante en sentido estricto. Significa algo potencialmente más grave en términos políticos: una figura occidental de legitimidad que prestó cobertura diplomática y política a un régimen acusado de crímenes contra la humanidad. Eso es una obviedad y ya veremos si es delito.

Según fuentes judiciales vinculadas a la corte neoyorquina, la investigación se sustenta en tres acusaciones específicas: en primer lugar pagos en dinero de PDVSA (Petróleos de Venezuela) y, en este sentido, Hugo Carvajal, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela, declaró ante la Audiencia Nacional española en 2023, que Zapatero cobraba a través del dinero que le generaban acciones en empresas venezolanas que tenía a nombre de testaferros, acciones que le habían sido regaladas por Maduro. No se trataba de transferencias bancarias directas. El sistema era más sofisticado: participaciones empresariales ocultas que generaban ingresos millonarios sin dejar rastro evidente de sobornos.

En segundo lugar la existencia de intermediarios y redes de testaferros. Según el informe confidencial presentado por Carvajal ante magistrados españoles, el dinero venezolano se canalizaba a través de sistemas financieros ocultos, contratos entre empresas vinculadas al régimen y comisiones percibidas por intermediarios, que actuaban como nexo informal entre La Moncloa y Caracas, como muy bien adelantaron medios españoles. Sobre ello, Víctor de Aldama, el empresario que se ha convertido en principal testigo en el caso Koldo, reveló que él mismo había transportado a Zapatero en su jet privado en un trayecto entre Caracas y República Dominicana y que guarda información y documentos que probarían los pagos millonarios a Zapatero a través de PDVSA.

Y, en tercer lugar, la clara función de legitimación internacional del delincuente Nicolás Maduro. Washington no ve la mediación de Zapatero como neutra. Según análisis de inteligencia estadounidenses citados en medios españoles y estadounidenses, Zapatero operaba como instrumento de legitimidad: cada uno de sus viajes a Venezuela, cada declaración a favor del diálogo, cada crítica velada a sanciones internacionales, funcionaba para dar oxígeno al régimen. La teoría investigativa es que esa función, legitimación a cambio de dinero, es en sí misma presuntamente un delito.

El presidente actual no está formalmente imputado en ninguna jurisdicción por vínculos directos con Venezuela. Sin embargo, la evidencia que emerge de las declaraciones judiciales lo coloca en una posición de compromiso político y legal delicado. Aldama aseguró ante el juez que Sánchez “estaba al tanto” de que Zapatero se beneficiaba económicamente del régimen venezolano. La base de esta acusación es más difusa pero crucial: si Sánchez sabía que su expresidente de partido recibía dinero de Maduro y no lo reportó, permitió operaciones de lavado de dinero, u ocultó información, podría ser investigado por encubrimiento. O mejor dicho, debería ser investigado, al menos para saber si es inocente y no delinquió.

Aldama reveló declaraciones de Koldo García sugiriendo que Zapatero habría utilizado su influencia para favorecer a la esposa de Sánchez en proyectos internacionales y que hubo discusiones sobre una supuesta compensación económica significativa para la esposa del presidente por su participación en operaciones de rescate como Air Europa. No en vano Begoña Gómez, esposa de Sánchez, está siendo investigada por la Audiencia Provincial de Madrid por corrupción y tráfico de influencias.

En su comparecencia ante el Senado en octubre de 2025, Sánchez reconoció haber recibido “liquidaciones” en efectivo del PSOE, aunque afirmó que “siempre en cantidades inferiores a mil euros” y “con factura”. El juez Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo, sospecha que existe una “caja b” del PSOE y que el sistema de pagos en efectivo “pudo favorecer blanqueo de capitales.” Entre 2017 y 2024, el PSOE retiró 940.388 euros de sus cuentas bancarias para pagar en efectivo.

De igual modo distintas fuentes de información e investigaciones sugieren que Venezuela canalizó dinero para financiar la candidatura de Sánchez a la presidencia de la Internacional Socialista. La fuente pública, se puede ver en YouTube, menciona cupos de petróleo por valor de 250 millones de dólares, como presunta contraprestación.

“El Pollo” Carvajal fue durante años el hombre fuerte de la inteligencia chavista. Estuvo vinculado a operaciones de narcotráfico y apoyo a organizaciones terroristas. Extraditado a Estados Unidos en 2023, se enfrenta a cargos de narcotráfico que conllevan cadena perpetua. Su incentivo para colaborar es obvio: reducir pena. Pero los magistrados españoles y estadounidenses han considerado que la solidez de la información que proporciona es suficientemente importante como para que se tome en serio. Sus revelaciones sobre Zapatero incluyen: identificación de estructuras específicas de testaferros, nombres de intermediarios, montos aproximados y el mecanismo técnico de cómo llegaba y se llevaba el dinero. El tribunal del Distrito Sur de Nueva York ha declarado que considera sólida la información de Carvajal.

Víctor de Aldama no es un testigo neutral, “el Pollo” tampoco, ni pueden enervar la presunción de inocencia, ni se convierte en delito lo que dicen. El empresario español investigado por presuntos fraudes, si es cierto que declaró bajo juramento haber transportado personalmente a Zapatero, tener documentación de pagos, tener conocimiento directo de reuniones entre intermediarios y que puede acreditar la participación de Koldo García en canalizaciones de fondos venezolanos. Y lo relevante es que sus acusaciones son parcialmente corroboradas por las interceptaciones de la Guardia Civil de mensajes de Koldo con Delcy Rodríguez, por los registros de sus viajes y por testimonios de otros investigados.

La Guardia Civil interceptó mensajes a Koldo García exasesor del exministro José Luis Ábalos, mostrando que visitó a Delcy Rodríguez en Caracas entre septiembre y octubre de 2021. Los mensajes hablan de “entregas de dinero” y cambio de “interlocutores” para pagos. Koldo era el nexo operativo entre Maduro y el círculo de Sánchez. Si es cierto que hay dinero fluyendo desde Venezuela hacia el PSOE, Koldo aparece como el hombre en el medio.

El que fue precedente, el exembajador Raúl Morodo que fue embajador de España en Venezuela durante el gobierno de Zapatero (2004-2008), ya ha sido condenado. En diciembre de 2024, la Audiencia Nacional lo condenó a 10 meses de cárcel. Su hijo Alejo fue condenado a dos años, por ocultamiento de ganancias de la petrolera PDVSA. Entre 2007 y 2014, Alejo Morodo recibió 6,6 millones de euros a través de sociedades pantalla que pretendían prestar “servicios de asesoría legal y consultoría internacional” a PDVSA, servicios que no constan que hayan sido efectivamente realizados y Raúl Morodo, el padre embajador, percibió ganancias patrimoniales no justificadas de estas mismas sociedades sin prestar servicio alguno. El juez consideró que ambos utilizaron “contratos simulados y facturas falsas” para blanquear dinero venezolano.

Ello demuestra que el círculo íntimo de Zapatero operaba un sistema de recepción de dinero de PDVSA a través de estructuras opacas. Si el embajador lo hacía, la pregunta obvia es: ¿también lo hacía el expresidente? Las investigaciones están en marcha y hay cuatro frentes abiertos. La primera vía penal la realiza el Distrito judicial Sur de Nueva York. La fiscalía estadounidense estudia abrir un proceso penal formal contra Zapatero como “colaborador necesario” del régimen Maduro. Si formaliza la acusación, las consecuencias serían graves: embargo de bienes en Estados Unidos; orden internacional de arresto; posible extradición de España, aunque políticamente muy compleja o imposible; y sanciones si es designado como “colaborador” de entidad terrorista. Lo cierto es que el Departamento de Estado debate ahora mismo si impone una sanción suave, un castigo económico ejemplarizante o abre diligencias penales.

La segunda la realiza la Audiencia Nacional de España en el mal llamado “Caso Koldo” y la instrucción en curso la dirige el juez Leopoldo Puente. Éste investiga el presunto fraude en IVA de hidrocarburos (231 millones de euros) y en esta causa ya han comparecido Víctor de Aldama (testigo principal), José Luis Ábalos (exministro, acusado) y Koldo García (asesor, investigado) y lo que se investiga no es otra cosa que presuntos pagos de PDVSA al PSOE. El juez sospecha un sistema de “caja b” del PSOE con origen en dinero venezolano.

La tercera la realiza el Tribunal Supremo y también se refiere a la finanzas del PSOE. La investigación es secreta y se ha abierto una “pieza separada”. La Junta Electoral del Supremo ha abierto diligencias previas para investigar si el PSOE incurrió en financiación ilegal. Se examina cómo fueron usados los 940.388 euros en efectivo retirados entre 2017-2024 y la UCO analiza si esos pagos en metálico ocultaban origen en dinero venezolano.

Y el cuarto frente, en instrucción bastante avanzada, lo realiza la Audiencia Nacional sobre el rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en 2021. En diciembre de 2025 fueron detenidos Julio Martínez Martínez (presidente, amigo personal de Zapatero) y Roberto Roselli (CEO de Plus Ultra). En este caso se investiga si los fondos públicos otorgados por el Gobierno Sánchez del rescate han sido utilizados para blanquear dinero de la petrolera PDVSA. Julio Martínez es descrito como empresario muy vinculado a Venezuela y cliente preferente de la agencia de comunicación de las hijas de Zapatero.

El expresidente Zapatero está mediáticamente desaparecido y ha evitado responder públicamente a las acusaciones. Su única acción documentada fue presentar en diciembre de 2025 una carta manuscrita de Hugo Carvajal, aparentemente para demostrar que el exjefe de inteligencia le consideraba favorablemente. Pero no aclaró cuándo fue escrita ni en qué contexto, ni qué pretende demostrar. Según su entorno cercano, su posición es que operó como mediador político legitimado y que la mediación política no es delito; que si recibió dinero de Venezuela, fue como honorarios de asesoría; que no hay prueba directa y que sus declaraciones sobre Venezuela siempre fueron públicas y políticas.

Sin embargo, Washington rechaza completamente esta línea de defensa y la Administración Trump considera que la supuesta mediación no es más que un eufemismo, para operaciones de blanqueo político y posible colaboración con criminales con dolo y a sabiendas de lo que se hacía.

El todavía presidente Sánchez ha adoptado una estrategia de negación matizada, ya que reconoce pagos en efectivo pero niega ilegalidad pues son siempre lo hacía con factura; afirma ignorancia sobre actividades de Ábalos, lo cesó; niega conocimiento de financiación venezolana del partido; y desacredita a Aldama como personaje sin validez. Pero los jueces cuestionan sus respuestas. El hecho de que reciba dinero en efectivo de su propio partido, el hecho de que Koldo García visitara a Delcy Rodríguez mientras era asesor, el hecho de que Begoña Gómez tenga vínculos con operaciones financieras de Air Europa financiadas por chavismo, todo esto establece al menos un patrón de relación no casual con Venezuela.

¿Qué sabía cada uno y cuándo lo sabía? Una pregunta crucial es el conocimiento compartido, ¿era ignorancia o permisividad? En octubre de 2021, Hugo Carvajal declaró ante la Audiencia Nacional que Zapatero recibía pagos del régimen. Casi simultáneamente (según documentos interceptados), Koldo García viajó a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez en una reunión sobre entregas de dinero” y cambio de interlocutores. Zapatero, que había sido mencionado en una investigación secreta, solicitó información sobre el alcance de la causa ante magistrados españoles. ¿Sabía Sánchez en ese momento que su expresidente de partido había sido acusado de recibir dinero de Maduro? Las respuestas que ha dado sugieren que evitaba la pregunta.

Un aspecto que preocupa a investigadores es la inacción de Sánchez. Incluso si argumenta ignorancia en 2021, ¿qué pasó cuando las informaciones comenzaron a filtrarse públicamente en 2025? Sánchez habría tenido obligación de informar a la autoridades judiciales españolas. Según Aldama, no lo hizo. Pero aún más grave, según Ábalos, Sánchez filtró a Koldo García información confidencial de investigaciones fiscales contra él. Esto sería un delito formal de revelación de secretos.

Supuestamente el dinero a Zapatero no llegó a través de servicios facturados, sino de participaciones en acciones mercantiles a través de testaferros, lo cual es más difícil de probar documentalmente. Sin embargo, es precisamente esa sofisticación lo que hace la investigación de Carvajal más creíble, quien describe un sistema específico y complicado que tiene la marca característica del blanqueo profesional.

El Mayor Revilla, militar venezolano que ha proporcionado información a investigadores españoles, acusa a Zapatero de ser un facilitador del Gobierno de Venezuela para suavizar cualquier acción jurídica contra el régimen. Según Revilla, Zapatero cada vez que ha surgido algún elemento que trataba de hacer justicia sobre los diferentes crímenes en Venezuela, ha servido para minimizar estas situaciones. Revilla va más allá y acusa a Zapatero de permitir operaciones que vinculaban a ETA, Venezuela y las FARC en entrenamientos terroristas entre 2001-2003. Casi nada.

El Subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, sugirió públicamente en redes sociales la revocación del visado de Zapatero. El Departamento de Estado lo ha identificado como obstáculo para los objetivos estadounidenses de transición democrática en Venezuela.

Ha llegado el momento de rendición de cuentas para agentes de influencia y blanqueamiento del régimen. Si fue mediación legítima, ¿por qué no declarar los pagos? ¿Por qué usar testaferros? Una mediación transparente no necesita estructuras opacas. Los magistrados españoles consideran sus datos sólidos. Además, Aldama corrobora partes de su relato y las interceptaciones de la Guardia Civil corroboran movimientos de intermediarios. El río suena …

A día de hoy son inocentes y las investigaciones están en curso y sólo han empezado, pero el río suena… La sofisticación del sistema descrito (testaferros, participaciones societarias mercantiles, comisiones ocultas) es precisamente lo que dificulta la prueba documental. La ausencia de prueba directa no equivale a ausencia de delito; equivale a sofisticación operativa y ocultamiento.

En enero de 2026, las investigaciones contra José Luis Rodríguez Zapatero no han resultado en acusación formal, aunque están muy avanzadas según fuentes estadounidenses. Las investigaciones sobre Pedro Sánchez tampoco han llegado a imputación por vínculos venezolanos directos, aunque están en curso. Pero lo que si es cierto y ya acreditado es que existe una arquitectura de sospechas coherentes, desde Hugo Carvajal hasta Víctor de Aldama, desde Koldo García hasta Julio Martínez, en una cadena de testigos describiendo un sistema específico de transferencias de dinero. Raúl Morodo fue condenado por mecanismo similar, lo que demuestra que los tribunales españoles encuentran creíble y penalizable este tipo de transacciones.

Tanto Zapatero como Sánchez tenían motivos para mantener en secreto cualquier relación financiera con Venezuela. Para Zapatero, dinero. Para Sánchez, legitimidad política y quizá acceso a financiación internacional. El Ejecutivo de Sánchez no ha abierto ninguna investigación formal y ha evitado la confrontación, pero está claro que ha permitido que un expresidente de su propio partido revolviera el lodo y actuara en la esfera internacional, muy cerca de los delincuentes, de las dictadura y del narcotráfico.

Lo que permanece todavía sin aclarar es si estos elementos alcanzan el umbral de prueba para acusación formal. Eso dependerá de lo que revele la documentación futura de Carvajal, de los registros de Aldama, de los análisis de la Guardia Civil sobre pagos en efectivo del PSOE y de lo que hagan las investigaciones estadounidenses, especialmente con Maduro detenido. Pero una cosa es segura, la caída de Maduro abrirá archivos que estaban cerrados. Y en esos archivos, según testimonios de quien era el jefe de espionaje del régimen, José Luis Rodríguez Zapatero tiene nombre y protagonismo.

Para algunos todo lo anterior es mentira y parte de la estrategia de la “fachoesfera” y los seudomedios que chapuzan en el fango y el lodo, pero hay quien no duerme tranquilo y ha puesto sus barbas a remojo. Lo mejor está por llegar.

*Abogado jefe de AD y politólogo