La reacción de buena parte de la izquierda española ante la posibilidad de detener a Nicolás Maduro no solo resulta decepcionante: es moralmente obscena. Una vez más, sectores que se autoproclaman defensores de los derechos humanos, la justicia social y la dignidad de los pueblos optan por mirar hacia otro lado cuando el responsable de una de las peores tragedias humanitarias de América Latina enfrenta la rendición de cuentas.

No se trata de un error de información ni de un malentendido geopolítico. Se trata de una elección política. Defender a Maduro —oponiéndose a su detención, relativizando sus crímenes o escondiéndose tras el discurso gastado de la “soberanía”— implica justificar un régimen que ha destruido instituciones, perseguido opositores, encarcelado y torturado disidentes, y empujado a millones de venezolanos al exilio.

¿Dónde quedó la izquierda que denunciaba dictaduras? ¿Dónde están quienes marchaban contra la represión, la censura y la violencia estatal? Al parecer, esos principios son flexibles cuando el autoritarismo se disfraza de “revolución” y se envuelve en una retórica antiimperialista vacía.

La oposición a la detención de Maduro no es neutralidad: es complicidad. No es pacifismo: es cinismo. Porque no se puede defender la justicia social mientras se protege a un gobernante señalado por crímenes de lesa humanidad. No se puede hablar de democracia popular mientras se avala un sistema que elimina elecciones libres, controla los tribunales y usa las fuerzas de seguridad como brazo represivo.

La izquierda que hoy se moviliza para defender a Maduro ha renunciado a cualquier autoridad moral. Prefiere sostener un relato ideológico antes que escuchar a las víctimas venezolanas: a los presos políticos, a las familias rotas por la migración forzada, a los ciudadanos que sobreviven entre apagones, hambre y miedo. Para esa izquierda, el sufrimiento real es un daño colateral aceptable si sirve para mantener la coherencia del dogma.

Más grave aún es el doble rasero. Esos mismos sectores exigen detenciones, sanciones y juicios internacionales —con razón— cuando los abusos provienen de gobiernos de signo contrario. Pero cuando el acusado pertenece a su “bando”, la justicia se convierte mágicamente en persecución, y los derechos humanos pasan a ser una herramienta del “enemigo”.

Defender la no detención de Maduro no es defender la paz; es garantizar la impunidad. Es enviar el mensaje de que un gobernante puede arruinar un país entero sin consecuencias si utiliza el lenguaje ideológico correcto. Es traicionar la idea misma de una izquierda comprometida con los pueblos y no con los caudillos.

Venezuela no necesita más excusas, ni más discursos cómodos desde despachos europeos o latinoamericanos alejados de la realidad. Necesita verdad, justicia y responsabilidad. Y cualquier proyecto político que se oponga a eso, por acción u omisión, no está del lado del pueblo, sino del poder más brutal.

La historia, como siempre, tomará nota. Y esta vez, el silencio y la defensa de Maduro pesarán como una condena moral difícil de borrar.