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AD.- Cuando un antiguo jefe de gobierno occidental se convierte, de facto, en valedor internacional de una narcodictadura, la cuestión deja de ser política y pasa a ser legal y moral. José Luis Rodríguez Zapatero no actuó en Venezuela como un mediador neutral ni como un estadista retirado: actuó como pieza útil de un régimen autoritario y criminal, blanqueando su imagen y contribuyendo a su supervivencia internacional.

Su implicación reiterada con el régimen venezolano —uno de los más sancionados del mundo por violaciones sistemáticas de derechos humanos— no es un hecho aislado ni anecdótico. Se trata de una colaboración persistente, pública y notoria, que ha servido para desactivar presiones internacionales, dividir a la oposición democrática y ofrecer cobertura política a estructuras señaladas por corrupción, narcotráfico y represión.

Ante este panorama, Estados Unidos no puede seguir mirando hacia otro lado.

El sistema jurídico estadounidense contempla con claridad la persecución de quienes facilitan, intermedian o colaboran con regímenes sancionados cuando existen vínculos financieros, logísticos o políticos que afectan a sus intereses o a la eficacia de sus sanciones. No se trata de una excepcionalidad: es una herramienta central de su política anticorrupción y de seguridad nacional.

Si Zapatero ha utilizado canales financieros internacionales, ha participado en operaciones opacas o ha actuado como agente político no declarado en beneficio de un régimen sancionado, la respuesta no puede limitarse a comunicados diplomáticos. Debe ser investigado, detenido y puesto a disposición judicial si los indicios se confirman.

La indulgencia con antiguos líderes europeos envía un mensaje devastador: que existe una casta política internacional que puede negociar con dictaduras sin consecuencias. Ese doble rasero es el que erosiona la credibilidad de las democracias y fortalece a los autócratas.

Estados Unidos ha actuado con firmeza en casos similares cuando los implicados no tenían pasaporte europeo ni trayectoria institucional. La ley no puede aplicarse según el currículum del sospechoso. O el Estado de derecho es universal, o no es nada.

Detener a Zapatero —si la investigación lo justifica— no sería un acto hostil contra España ni contra Europa. Sería una señal inequívoca de que nadie está por encima de las sanciones internacionales, y de que colaborar con dictaduras tiene un precio.

La historia juzga con dureza a quienes, pudiendo elegir la democracia, optan por servir a un régimen criminal y en permanente consorcio con el narcotráfico. La justicia debe hacer lo mismo.