El concepto que Sánchez tiene de nuestra democracia organizada como una Monarquía parlamentaria en un Estado social y democrático de Derecho según establece la Constitución, lo pone de manifiesto su voluntad de «gobernar» con total marginación de las Cortes Generales.

Del Senado baste decir que hace 21 meses que no acude a las sesiones de control, y en cuanto al Congreso, sede de la soberanía nacional, tras la pérdida de la mayoría en él, su respuesta ha sido pedir a sus ministros que promuevan iniciativas programáticas para relanzar la agenda social gubernamental que «no requieran de su aprobación por el Congreso».

En definitiva, cumplir lo que ya anunció tiempo atrás al Comité Federal de su partido: estar dispuesto a continuar en el Gobierno sin contar con el apoyo del poder legislativo. Es decir, una democracia «parlamentaria» con un Gobierno al margen del Parlamento y sin Presupuestos desde hace tres ejercicios sucesivos, lo que es algo inédito en 47 años de vigencia Constitucional. Este es el degradante balance del sanchismo en el poder, en este año 2025 que llega a su final.

Acostumbrarse a convivir con una situación de estas características sería propio de una sociedad a la que le fuera poco menos que intrascendente vivir o no en una democracia como la establecida en nuestra Constitución. Lo que no es la opinión compartida por una significativa cifra de españoles que lo consideran una inadmisible situación, inaceptable, y no solo por razones políticas, sino también por una exigencia ética y moral unida a la autoestima y respeto a la dignidad personal, como ciudadanos españoles de una democracia europea.

En cuanto al hecho de tener un ejecutivo que lleva tres ejercicios consecutivos incumpliendo flagrantemente lo establecido literalmente en el artículo 134 de la Carta Magna, el Senado ha planteado ante el TC un conflicto de competencias, por vulnerar la obligación constitucional de presupuestar, y solicita que declare la inconstitucionalidad y nulidad de las prórrogas de la ley de Presupuestos de 2023, aplicadas en 2024, 2025 y, en su caso, –y muy previsiblemente en 2026–, efectuadas todas ellas al margen del Parlamento.

Afortunadamente, pues, hay una significativa parte a la que no le es indiferente que una situación tan degradante como la que protagoniza el sanchismo instalado en el poder continúe sin la respuesta social que exige.

En Extremadura ya ha tenido un ejemplo, en una tierra que había gozado de una mayoría socialista durante décadas, y regiones como Andalucía, además de Aragón y Castilla y León, le van a expedir muy pronto el certificado oficial de defunción política. Para el bien de España y los españoles.