Mientras media España estaba comprando langostinos, envolviendo regalos y pensando en la cena de Nochebuena, el Boletín Oficial del Estado del 24 de diciembre publicaba, con nocturnidad y calculada discreción, un decreto ómnibus de enorme calado. No era un texto menor ni técnico, sino un compendio de medidas de muy distinto alcance, mezcladas deliberadamente, aprovechando el momento exacto en el que la atención pública estaba en otra parte.

El decreto reúne en un solo paquete asuntos económicos, administrativos y regulatorios que, en condiciones normales, habrían merecido debates separados, control parlamentario específico y explicaciones claras. Pero el Gobierno optó por la vía del aluvión: muchas normas, muchos artículos, muchas disposiciones adicionales, todo junto y a la carrera. Una técnica legislativa que no es nueva, pero que cada vez se utiliza con mayor descaro para reducir el escrutinio público y mediático.