La okupación ilegal ya no es un problema puntual ni una anécdota urbana. Se ha convertido en un síntoma claro del deterioro institucional, en una muestra palpable de cómo el Estado ha decidido mirar hacia otro lado mientras miles de ciudadanos ven vulnerado su derecho más básico: la propiedad privada.

La pasividad —cuando no complicidad— del Gobierno frente a la okupación es tan evidente como alarmante. Bajo un discurso edulcorado que mezcla vulnerabilidad social con propaganda ideológica, se ha construido un relato que justifica al delincuente y abandona a la víctima. Porque no nos engañemos: okupar una vivienda ajena no es un acto de justicia social, es un delito.

Mientras familias trabajadoras tardan décadas en pagar una hipoteca, mientras pequeños propietarios dependen del alquiler como complemento a pensiones ridículas, el Ejecutivo ha optado por proteger al que usurpa, no al que cumple la ley. Procesos judiciales interminables, normativas ambiguas y mensajes políticos irresponsables han creado el caldo de cultivo perfecto para que la okupación florezca con impunidad.

El resultado es devastador: barrios degradados, inseguridad creciente, propietarios aterrorizados y un mercado del alquiler cada vez más reducido y caro. ¿La consecuencia directa? Menos viviendas disponibles y precios más altos para quienes sí respetan la ley. Todo ello en nombre de una supuesta sensibilidad social que no soluciona el problema de la vivienda, pero sí destruye la confianza en el Estado de derecho.

La vivienda es un derecho, sí. Pero no a costa de pisotear otros derechos. Un Gobierno serio combate la exclusión social con políticas públicas eficaces, no alentando indirectamente la ilegalidad ni convirtiendo al propietario en sospechoso y al okupa en víctima permanente.

La okupación no es progreso, es retroceso. Es el triunfo de la ley del más fuerte, del que entra primero, del que sabe que el sistema no actuará. Y cuando un Estado renuncia a hacer cumplir la ley, no solo pierde autoridad: pierde legitimidad.

Ha llegado el momento de decirlo sin complejos: la permisividad con la okupación es una traición al ciudadano honrado. Y cada día que el Gobierno siga sin actuar, será un día más en el que la injusticia se normaliza y la legalidad se degrada.