Viviendas sociales construidas durante el franquismo.

Juan María de Andrés.- El acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la juventud actual. Lo que durante décadas fue un paso natural hacia la vida adulta —emanciparse, alquilar o comprar una casa— hoy se presenta como un objetivo cada vez más lejano, casi utópico. La falta de viviendas asequibles para jóvenes no es un problema individual, sino un fracaso estructural de políticas públicas, del mercado inmobiliario y de un modelo económico que prioriza la rentabilidad sobre el derecho a vivir con dignidad.

Los jóvenes se enfrentan a una combinación especialmente cruel de factores: salarios bajos, contratos temporales, precariedad laboral y un aumento desproporcionado de los precios del alquiler y la compra de vivienda. En muchas ciudades, el coste de alquilar una habitación supera con facilidad el 40 o 50 % del salario mensual de un joven trabajador, cuando los organismos internacionales recomiendan no destinar más del 30 % de los ingresos a la vivienda. Esta realidad obliga a miles de jóvenes a retrasar su emancipación, compartir pisos en condiciones precarias o incluso regresar al hogar familiar tras haber intentado independizarse.

A esta situación se suma la especulación inmobiliaria. Las viviendas han dejado de ser concebidas como hogares para convertirse en activos financieros. Fondos de inversión, grandes propietarios y plataformas de alquiler turístico acaparan viviendas, reduciendo la oferta de alquiler residencial y encareciendo los precios. Mientras tanto, los jóvenes compiten en un mercado desigual, sin ahorros previos ni estabilidad suficiente para cumplir con los requisitos que imponen propietarios y bancos.

Las políticas públicas, lejos de solucionar el problema, a menudo resultan insuficientes o mal enfocadas. La escasez de vivienda pública, los sistemas de ayudas limitados y las medidas temporales no atacan la raíz del problema. Se habla de “ayudas al alquiler” sin controlar los precios, lo que en muchos casos termina beneficiando más a los propietarios que a los inquilinos. La falta de una planificación a largo plazo demuestra una desconexión preocupante entre las instituciones y la realidad que vive la juventud.

Las consecuencias de esta crisis van más allá del ámbito económico. La imposibilidad de acceder a una vivienda afecta a la salud mental, a la toma de decisiones vitales y al proyecto de vida de toda una generación. Retrasa la formación de familias, reduce la natalidad y genera una sensación generalizada de frustración e injusticia. ¿Cómo se puede hablar de esfuerzo y mérito cuando, incluso trabajando a tiempo completo, no es posible pagar un techo?

MÁS DE CUATRO MILLONES DE CASAS CONSTRUIDAS DURANTE EL FRANQUISMO

Tras la Guerra Civil, España afrontaba una grave crisis habitacional. En ese contexto, el régimen franquista impulsó una política de vivienda con una intervención estatal intensa que produjo algunos resultados relevantes.

Uno de los rasgos más destacados fue la implicación directa del Estado en la construcción de viviendas, algo poco común hoy. La creación del Instituto Nacional de la Vivienda (1939) permitió coordinar planes de vivienda protegida y social, especialmente a partir de los años cincuenta, cuando la autarquía dio paso a un mayor desarrollismo.

Con el II Plan Nacional de la Vivienda (1961-1975) se llevó a cabo la construcción de cuatro millones de casa, cantidad mínima para eliminar el déficit de pisos del que se partía. Fueron en total 1,5 millones de pisos pensados para cubrir la demanda del enorme crecimiento vegetativo de la población española; 250.000 para asumir la emigración interna y 900.000 para la reposición de vivienda antigua. Franco realizó 4.080.619 viviendas sociales en 14 años (1961-1975). Entre 1960 y 1980 el número de viviendas familiares se duplicó, pasando de 7,7 millones en 1960 a 10,6 en 1970 y 14,7 al comienzo de los 80. En estos tiempos la mayor parte de los españoles consiguió una casa que pagaron en 8 o 10 años, a pesar de que los intereses bancarios superaban en muchos casos el 10% anual.

El franquismo fomentó de manera decidida la propiedad de la vivienda como elemento de estabilidad social. Se ofrecieron créditos a largo plazo, precios protegidos y suelo público o semipúblico.

Esto permitió que muchas familias obreras accedieran por primera vez a una vivienda en propiedad, algo que marcó estructuralmente el modelo residencial español.

Congelación de los alquileres

La congelación de los alquileres, vigente durante décadas, garantizó precios muy bajos para los inquilinos existentes, proporcionando seguridad residencial a amplios sectores de la población urbana. A corto plazo, esta medida protegió a familias vulnerables frente a subidas de precios.

Las políticas de vivienda no se limitaron a edificios aislados: se levantaron barrios enteros, con una cierta planificación urbana, que aún hoy forman parte central de ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Bilbao.