María Jesús Montero y Yolanda Díaz, en una imagen de archivo en el Congreso

Penúltimo susto del año para la deuda pública española. Al cierre del tercer trimestre del año ha marcado un nuevo récord histórico al superar por primera vez los 1,7 billones de euros, 18.400 millones más que en el segundo trimestre -un 1,09% más- y 73.600 millones más que en el mismo periodo de 2024 -un 4,5% superior-, con el único consuelo de que únicamente el crecimiento económico ha permitido que la ratio de deuda sobre el PIB haya caído hasta el 103,2%, dos décimas menos que en el trimestre anterior, un punto menos que hace un año, pero 1,6 puntos porcentuales por encima del dato anotado a finales de 2024, cuando cerró el año en el 101,6%.

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Según los datos publicados por el Banco de España, la Administración Central -la que depende directamente del Gobierno de coalición- ha vuelto a batir la marca histórica lograda en el anterior trimestre y cerró septiembre con un agujero de 1,57 billones de euros, tras sumar más de 23.000 millones al pasivo en tres meses y más de 60.000 en el último año. En términos porcentuales, se ha situado en el 94,8% del PIB, una décima por encima del segundo trimestre aunque por debajo del 95,8% del mismo periodo de 2024. A estas cifras hay que sumar la deuda acumulada en otras unidades de la Administración Central, cuyo saldo negativo fue de 35.000 millones de euros, correspondiente con el 2,1% del PIB y un 6,4% inferior al registrado el año anterior.

En cuanto a la deuda de las Administraciones de Seguridad Social, esta superó los 126.000 millones, un 8,6% superior al observado un año antes y un 7,6% en términos del PIB. La principal razón de este incremento hay que buscarla en la incapacidad del sistema de pensiones para autofinanciarse, al tener el Estado que conceder desde el Tesoro Público préstamos para tapar el agujero de las cuentas del sistema de pensiones. Todo ello, pese a que la última reforma de las pensiones de José Luis Escrivá y el incremento de las cotizaciones ha disparado los ingresos de la Seguridad Social, pero la factura de las pensiones sigue lastrando la viabilidad y la financiación del sistema. La deuda ha crecido de forma exponencial los últimos tres ejercicios, a un ritmo de 10.000 millones al año.

El techo de gasto presentado por María Jesús Montero asume y computa ya cómo déficit en 2026 una transferencia de la Tesorería General de 22.881 millones de euros para equilibrar las cuentas del sistema de pensiones, que no es capaz de sostenerse por sí solo con las cotizaciones sociales. La ministra de Hacienda justificó esta medida porque el Estado está “obligado a asumir íntegramente esas transferencias”, lo que provoca “una redistribución de los objetivos de déficit entre la Administración Central y la Seguridad Social, cuyo objetivo de déficit será del 0,2% para 2025, 2026 y 2027 y se reducirá al 0,1% en 2028.

Según el documento presentado a Bruselas -que será el que prevalezca ante la incapacidad de aprobar Presupuestos por la debilidad parlamentaria-, el Gobierno prevé reducir la ratio de deuda sobre PIB al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles “prudentes” del 60% exigidos por Bruselas.

Respecto a las Administraciones Territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 338.804 millones de euros, el 20,4% del PIB -inferior al 21% del segundo trimestre y al 21,2% del tercer trimestre de 2024-, con un crecimiento interanual en términos absolutos del 1,7%, aunque se han apretado el cinturón en los últimos tres meses, tras rebajarse un 1,2%. Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Navarra (9,9%), Canarias (10,8%), Madrid (11,5%), País Vasco (11,8%) y Asturias (12,6%). Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40,5%, seguida de la Región de Murcia (30,2%), Castilla-La Mancha (28,5%) y Cataluña (28,4%).

En cuanto a las corporaciones locales, su deuda se situó en 22.477 millones de euros (1,4% del PIB), un 2,8% inferior a la del mismo período del año anterior. Los ayuntamientos capitales de provincia concentraron 8.000 millones de euros, mientras los que no capitales de provincia acumularon 10.000 millones, y las Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares sumaron los 4.000 millones restantes. Los municipios con más de 300.000 habitantes redujeron su deuda conjunta un 1,2% respecto al año anterior, hasta situarse en 5.000 de millones euros, repitiendo el Ayuntamiento de Madrid como el que mayor volumen de deuda acumula, con 2.100 millones de euros, seguido por Barcelona (1.400 millones) y Zaragoza (500 millones).

En términos de deuda por habitante, Barcelona presentó la cifra más elevada con 788 euros, seguida de Zaragoza (755 euros) y Madrid (601 euros). Por el contrario, las menores ratios de deuda por habitante correspondieron a Las Palmas de Gran Canaria, que no tiene deuda, a València con 89 euros y a Bilbao con 128 euros.

En cuanto a la evolución de la deuda por instrumentos y plazos, el Banco de España apunta que la deuda materializada en valores a largo plazo experimentó un crecimiento interanual del 4,2%, mientras que los préstamos a más de un año aumentaron en un 11,8% con respecto a septiembre de 2024. Por su parte, la tasa de variación interanual en el tercer trimestre de 2025 de los instrumentos a corto plazo presentó una reducción del 4,7%. Atendiendo a la distribución del saldo de la deuda según este desglose de instrumentos, en septiembre de 2025 la deuda se encontraba materializada principalmente en pasivos a largo plazo, al representar un 95,3% del total, siendo especialmente significativo el peso de los valores a largo plazo con un 84,8%, mientras que el porcentaje de la deuda a corto plazo era de un 4,7%.