Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez presume de compromiso social y de sensibilidad territorial, los hechos dibujan un mapa de prioridades difícil de explicar a quienes esperan un tren digno en Extremadura, en Castilla-La Mancha o en amplias zonas de Andalucía.

España paga impuestos europeos, sufre infraestructuras obsoletas y ve cómo sus servicios públicos se tensan, mientras el Ejecutivo decide destinar cientos de millones de euros a financiar proyectos de infraestructuras en terceros países.

El ejemplo más reciente es la concesión de 615 millones de euros para sufragar el metro de El Cairo. Una obra faraónica en un país gobernado por un régimen autoritario, sin estándares democráticos homologables a los europeos, que recibe financiación española mientras en casa los trenes se averían, los trayectos se eternizan y los ciudadanos normalizan retrasos que en otros países provocarían dimisiones.

Resulta difícil explicar a un extremeño por qué su conexión ferroviaria sigue anclada en el siglo pasado mientras España contribuye al transporte subterráneo de la capital egipcia. La pregunta es cuantos de esos millones no se pierden por el camino para engrosar cuentas de nuestros gobernantes en paraísos fiscales.