Sergio Meneses.- La organización juvenil de Vox, conocida como Revuelta, se encuentra inmersa en una grave crisis interna que amenaza con salpicar al partido. Varios miembros de su junta directiva han presentado su dimisión y han denunciado ante la Fiscalía posibles irregularidades en la gestión de fondos recaudados para ayudar a las víctimas de la DANA que devastó Valencia en octubre de 2024. Las acusaciones apuntan a un presunto desvío de donaciones que podrían ascender a cientos de miles de euros, en un caso que combina opacidad administrativa, intereses personales y disputas políticas.

Revuelta, fundada hace más de dos años como la «marca juvenil» de Vox, saltó a los titulares en noviembre de 2023 por su papel en las movilizaciones que cercaron la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz. La organización se presenta como un grupo de «jóvenes patriotas» independientes, aunque su vínculo con Vox es evidente en su ideario y financiación indirecta.

Tras la tragedia de la DANA, que dejó más de 200 muertos y miles de damnificados en la Comunitat Valenciana, Revuelta lanzó una campaña de recaudación de fondos para apoyar a las víctimas. La iniciativa generó expectación y atrajo donaciones de simpatizantes y voluntarios, con promesas de transparencia en el uso de los recursos. Sin embargo, la organización desapareció del radar público durante meses, reapareciendo recientemente con una manifestación fallida ante la sede del PSOE que apenas reunió a 400 personas.

Estafa, opacidad y pagos a empresas privadas

El detonante del escándalo estalló el pasado 5 de noviembre, cuando Arturo Villarroya González, vicepresidente de Revuelta y asesor del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento Europeo, junto a Javier Esteban Bejarano, miembro de la junta directiva, presentaron una denuncia ante la Fiscalía. En ella, acusan al presidente de la organización, Jaime Hernández Zúñiga –exempleado de Vox en su sede central de Madrid–, y a sus dos hombres de confianza, Santiago Aneiros y Pablo González Gasca, de graves irregularidades.

Entre las imputaciones destacan:

Posible estafa en el destino de los fondos: Se sospecha que las donaciones recaudadas para las víctimas de la DANA –estimadas en cientos de miles de euros, aunque el monto exacto no ha sido revelado públicamente– no llegaron íntegramente a los damnificados. Fuentes cercanas a Vox hablan de «decenas de miles de euros» en juego.

Cobro irregular de cuotas de afiliación: Los denunciantes alegan que se recaudaron cuotas de militantes sin otorgarles derechos asociados, como participación en asambleas o acceso a información.

Falta de transparencia: En más de dos años de existencia, Revuelta no ha convocado ni una sola junta directiva o asamblea general. No existen actas, documentos contables, contratos, facturas ni declaraciones fiscales accesibles. La organización se basa en una asociación previa llamada Asoma, sin actualizar estatutos ni denominación, lo que se presentó como un «trámite provisional» pero nunca se resolvió.

Pagos sospechosos: Se reclaman detalles sobre transferencias a la empresa de Hernández Zúñiga, Picaporte, posibles retiradas en efectivo y contrataciones realizadas en nombre de Revuelta. Villarroya exigió «acceso a movimientos de cuentas, impuestos pagados y cualquier operación financiera».

Además, Elsa Almada, exportavoz de Revuelta, también ha dimitido, justificando su salida por «dudas razonables sobre la gestión interna, el uso de recursos y las donaciones». Almada criticó el «cierre total en banda» de la dirección ante los requerimientos de transparencia, y solicitó una asamblea notarial para revisar la situación y decidir una posible liquidación ordenada, donando remanentes a los afectados por la DANA.

Frente a las acusaciones, Revuelta emitió un comunicado oficial en su perfil de la red social X negando categóricamente cualquier irregularidad y tildando las denuncias de una «campaña de desprestigio» orquestada por «antiguos colaboradores» con órdenes de «superiores políticos» y motivada por «ambición personal». La organización afirma que «la integridad de los recursos económicos se ha destinado a acciones asociativas: ayudar a afectados por catástrofes y movilización social patriótica».

En el texto, Revuelta lamenta la «instrumentalización de causas solidarias» como la ayuda a Valencia para «disputas políticas ajenas al bien común y las víctimas». Insiste en que rechaza «campañas de control político» y prioriza la «responsabilidad con España, voluntarios y donantes», cuya identidad debe protegerse. Promete «probar las acusaciones donde corresponda» y no entrar en «provocaciones», agradeciendo el apoyo de bases de Vox y criticando a los dimitidos por iniciar una «guerra absurda por miedo a perder sueldo, con acusaciones de pies de barro».

El comunicado concluye con un tono desafiante: «Revuelta sigue adelante más fuerte, libre y necesaria».

Repercusiones en redes y el impacto en Vox

El escándalo ha generado un torbellino en redes sociales, donde usuarios y medios críticos han amplificado las denuncias. En el seno de Vox, el caso agrava tensiones internas. Fuentes del partido hablan de un «distanciamiento» con Revuelta, evidenciado en el despido de Hernández y la falta de apoyo a su reciente manifestación, que coincidió con un evento del PP. Manuel Mariscal, exresponsable de comunicación de Revuelta y diputado de Vox –además cuñado de Hernández–, se ha mantenido al margen, aunque el escándalo podría erosionar la imagen de «patriotismo limpio» que promueve Santiago Abascal.

La Fiscalía ha recibido la denuncia y podría abrir una pesquisa formal en los próximos días, solicitando documentación bancaria y fiscal a Revuelta. Mientras tanto, los dimitidos exigen una auditoría independiente para esclarecer el destino de cada euro donado. Este escándalo no solo cuestiona la gestión de la organización juvenil, sino que pone en tela de juicio la ética de la ayuda humanitaria en el contexto político español, donde la solidaridad post-DANA se ha convertido en un campo de batalla ideológica.

Revuelta, que surgió como baluarte de la juventud nacionalista, podría enfrentar su disolución o una purga interna. Para Vox, el daño reputacional es innegable: ¿podrá Abascal contener el fuego en su propia casa? Solo el tiempo –y la justicia– lo dirán.