Francisco Marhuenda.- España es una anomalía entre las democracias. Lo es por muchas razones, pero sobre todo por estar gobernada por una coalición socialista comunista que no cuenta con una mayoría parlamentaria.

Muchos países iberoamericanos han sufrido la devastación de estar gobernados por formaciones de la izquierda radical y populista que tan grata resulta para el sanchismo y sus aliados. Esto llega al extremo de escuchar como el candidato del centro derecha a las elecciones chilenas, José Antonio Kast, es calificado de ultraderechista y su rival, la comunista Jeanette Jara, de izquierdista por TeleSánchez y el resto de los medios de comunicación afectos al régimen. Es considerar que la mitad de los chilenos apoyaría a un candidato de la ultraderecha, algo que es un insulto a la inteligencia y una muestra del fanatismo que se ha instalado en una izquierda mediática que ha perdido la objetividad.

Por supuesto, el término ultraderecha se utiliza para descalificar a los desafectos con el sanchismo. El PP defiende políticas integradoras en temas migratorios que respetan la legalidad y que siguen la línea de la socialdemocracia alemana, pero se afirma que sigue a la ultraderecha. Una parte importante de la izquierda española contempló con gran simpatía a un criminal y corrupto como Castro. Es algo que se extendió a otros indeseables que consiguieron el poder, ya fuera acabando con la democracia o gracias al sistema presidencial que ha conducido a la polarización.

No hay más que ver lo sucedido en Argentina con el régimen corrupto de la familia Kirchner. Cuba sigue siendo una cruel dictadura. Los gobiernos de la izquierda populista iberoamericana han cosechado fracaso tras fracaso. Al carácter depredador de los recursos públicos se ha unido la vinculación con los cárteles de la droga. Una estrategia habitual ha sido perseguir a la oposición, asaltar las instituciones y aplicar políticas clientelares destinadas a comprar al electorado.

En este caso, es una de las líneas de actuación del Gobierno socialista comunista a lo que ha unido las nacionalizaciones masivas desde que Sánchez llegó al poder. No hay más que constatar un crecimiento espectacular hasta alcanzar los 250.000 anuales. Ha sido otra de las líneas de actuación al amparo de las esperpénticas leyes de la Memoria que permitirán nacionalizar a casi un millón de personas.